Santo Domingo.- La explotación sexual, flagelo que afecta a muchos países del mundo, recibió en este agosto un duro golpe en República Dominicana con la Operación Cattleya, del Ministerio Público (MP), en la cual fueron rescatadas 80 mujeres.
El operativo, que desarticuló redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, dejó al descubierto cómo ese delito tiene presencia en esta nación, con no pocos sectores moviéndose detrás de este.
Las acciones dirigidas por la Fiscalía, develaron luego de varios allanamientos efectuados en esta capital y Bávaro, provincia La Altagracia, la fortaleza de este fenómeno y los tentáculos fuertes que tenía.
Según la titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Johanna Bejarán, en la operación estuvieron presentes 25 fiscales, más de 200 agentes de la Policía Nacional y 50 técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas.
Asimismo, explicó que durante los apresamientos los equipos ocuparon sustancias controladas como marihuana y drogas sintéticas.
Producto de las detenciones, son investigadas hasta el momento 14 personas, acusadas por la comisión del delito de trata, incluyendo a dos procedentes de Colombia y seis de Venezuela, agregó Bejarán.
Y apuntó que los acusados crearon una organización criminal trasnacional dedicada a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en este caso en Colombia y Venezuela, para la comisión del ilícito.
MODUS OPERANDI
Las jóvenes eran retenidas en el hotel Caribe, de esta capital, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, con la promesa de un trabajo bien remunerado en esta nación, sin embargo, al final todo era un engaño, las explotaban sexualmente.
Una vez traídas al país, las víctimas resultaban obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre tres mil y cuatro mil dólares con las redes; las movilizaban y sometían a tratos vejatorios e infrahumanos y no les permitían ninguna libertad propia de cualquier ser humano.
Las víctimas del entramado eran ofrecidas a clientes a un precio por hora de cinco mil a siete mil pesos (90-126 dólares) en la zona de Santo Domingo, y entre 100 a 150 dólares en Punta Cana.
Los clientes fueron captados por personal de la organización, el cual les mostraba catálogos generados con imágenes de las mujeres que eran exhibidas y estaban listas para recibirlos. No obstante, también existía la modalidad a domicilio, y en ese caso trasladaban a las víctimas a sus destinos según lo contratado.
Otro detalle ofrecido en el expediente, es que las mujeres no tenían libertad de acción, ni «tiempo libre». Debían quedarse en sus lugares de hospedaje y estar disponibles para cuando un cliente las solicitara.
Los involucrados desempeñaban roles que iban desde quienes se dedicaban a la captación de sudamericanas, hasta aquellos dedicados a la promoción por catálogo.
De acuerdo al expediente del MP, la red estaba dirigida por cuatro personas, cuyos nombres son José Miguel Michel Guridi, Daniel Enrique Inirio, José Alberto Soriano y Cristina Virginia González. Otra imputada de nombre María Paula Murillo y un hombre identificado como Richard Renne Rivera eran los encargados de captar a las extranjeras.
Y la acusación de la PETT precisó que el traslado a domicilio de las mujeres constituía una tarea del sargento de la Policía, Dionicio Mieses de la Cruz, junto a otros siete implicados.
¿POR QUÉ CATTLEYA?
La operación asumió el nombre de Cattleya por una especie conocida como la Reina de las Orquídeas, que se da principalmente en Colombia, pero también está presente desde Costa Rica y Panamá hasta Ecuador y Argentina, igualmente identificada como Flor de Mayo o Lirio de Mayo.
Por esa analogía con las mujeres víctimas, es que la Procuraduría General de la República decidió llamar a este proceso de esa forma.
Finalmente, las autoridades dominicanas informaron que muchas de esas mujeres traídas a esta nación huyeron de las manos de sus victimarios y seguramente saldrán a relucir sus testimonios en el proceso, el cual será llevado a cabo ante los tribunales.
Además, fue conocido sobre las pruebas testimoniales que serán presentadas; seis corresponden a agentes encubiertos participantes en la investigación de esta red. Uno de ellos pagó al acusado Inirio 11 mil pesos (200 dólares) por estar una hora con una de las víctimas.
La PETT solicitó la clausura temporal de los hoteles Caribe, Oscar Inn y Residencial Coco Real por razones sociales, debido a la participación en delitos sancionados por el Código Penal Dominicano -Asociación de Malhechores, y la ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. (Edilberto F. Méndez | Prensa Latina en República Dominicana / Desde Abajo MX)
