En un pequeño municipio del estado de Hidalgo, México, acaba de ocurrir algo histórico: por primera vez en la historia de esa entidad, un hombre es juzgado y condenado por cometer violencia política de género hacia una mujer. Sí, es algo histórico por el fallo, pero también por lo que significa pues marca un serio precedente en favor de todas aquellas mujeres que han sido descalificadas y agredidas en razón de su género cuando buscan romper el techo de cristal y quieren participar en política. Porque hay que decir que, a pesar de que esta nación se autodenomine democrática, perviven vicios de dictadura cultural en demérito de las mujeres, la diversidad sexual o las personas racializadas.
Pero hablemos del caso. El condenado es el excandidato independiente a la presidencia municipal de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, Iram Magdiel Tavera del Castillo. Él fue inculpado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por cometer el delito de violencia política de género en agravio de Simey Olvera Bautista, quien competía a diputada federal en las elecciones generales del año 2021.
La autoridad resolvió con su fallo que Tavera del Castillo permanecerá inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (con lo cual no podrá volver a participar como candidato en ninguna elección pues ha quedado marcado como un agresor político) y lo obliga a pedir una disculpa pública a través de sus redes sociales en un plazo de treinta días; pero no cualquier disculpa, sino una con la cual esté conforme la víctima.
Como decía, ésta es una resolución histórica pues se trata de la primera condena y sanción pública ocurrida en este estado de la República mexicana, el quinto más pobre del país, con la cual se aplica la configuración de delito por violencia política en razón de género, de acuerdo a la Ley que se aprobó en México en abril de 2020.
Además, la sanción privilegia los derechos de las mujeres a participar sin violencia en política y constituye un llamado a que más mujeres mexicanas sepan que la denuncia es una forma efectiva de visibilizar tanto la violencia política en razón de género y otras violencias.
El fallo, un ejemplo para todo el país
De acuerdo con el proyecto de resolución de la sentencia a cargo de la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, con número de expediente SER-PSC-154/2021, el agresor cometió actos de violencia sexual, psicológica y simbólica a través de internet, en particular a través de Facebook, en contra de Simey Olvera Bautista.
La Sala Superior del TEPJF verificó los elementos de prueba del expediente, con lo que se acreditó la existencia de los hechos, así como las circunstancias en las que ocurrieron.
Se analizaron las publicaciones a la luz de los derechos de la libertad de expresión, pero de frente a los derechos que tiene la denunciante a una vida libre de violencia y, en particular, a no ser objeto de agresiones políticas motivadas por su condición de mujer, y en su entonces calidad de candidata a una diputación federal durante proceso electoral de ese año.
Del estudio se desprendió que sí existieron al menos quince publicaciones realizadas por Iram Magdiel Tavera del Castillo en Facebook en las cuales se aprecian distintas frases e imágenes violentas en contra de la entonces candidata referentes a su capacidad intelectual, vida privada, actividad sexual, imagen pública, apariencia física y supuestas modificaciones corporales, lo cual generó un impacto diferenciado con base en estereotipos sexuales, psicológicos y simbólicos.
Hasta ahí los hechos que motivaron la condena. Pero hay algo que lo vuelve todavía más importante y es el ejemplo que se da a todo el país con esta sanción.
En el proyecto se manifiesta que los órganos jurisdiccionales tienen la responsabilidad de actuar con mayor diligencia y dar enfoques “interseccionales”. ¿Qué significa esto? Que deben dejar de lado los llamados “enfoques neutrales” sobre hechos que, en realidad, constituyen un acto de discriminación; esto, con base en el criterio de que las violencias se encuentran normalizadas, veladas y son tan comunes que se aceptan sin cuestionar. O sea que, nada es un chiste o una broma si afecta la integridad de otra persona.
Puesto en palabras todavía más simples: a veces pasa que se hacen comentarios discriminatorios en redes sociales (o en cualquier otro foro público, ya sea virtual o físico) que se escudan en el pretexto de ser “una broma”. Pues para el Tribunal Electoral mexicano, ya no importa si el agresor hace un comentario de “broma” o “chiste” hacia una mujer que está participando en política. Si lo hace, se toma como violencia y, por tanto, puede ser castigado por la ley.
¿Así o más claro? Bien ahí por México. Sin duda que esto puede ser un gran ejemplo para el resto de los países del mundo, en cuya variedad de elecciones se atestiguan múltiples agresiones contra mujeres que son candidatas a algo, quienes son víctimas de guerra sucia y “fake news” con el propósito de ridiculizarlas, atacarlas o amenazarlas pues aún persiste la falsa y misógina idea de que las mujeres no pueden o no deben participar en política.
Violencia de género contra Simey Olvera
Quiero aprovechar estas líneas para hablar del caso particular de la víctima, Simey Olvera Bautista.
¿Qué tiene que ocurrir para que un hombre se atreva a violentar a una mujer en política? Quienes tienen familiaridad con casos de violencia contra las mujeres deben saber que ninguna agresión es espontánea, sino que es producto de un largo y continuado proceso de violencia. Y este es el caso.
Simey Olvera Bautista es una política mexicana afilada a Morena (el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador) que participa en su natal estado de Hidalgo. Ha sido tres veces diputada. En el año 2016 fue electa representante en el Congreso estatal y en las elecciones de 2018 y 2021, ganó sus elecciones convirtiéndose en diputada federal en la Cámara nacional por dos ocasiones consecutivas, la última, siendo la aspirante más votada en todo su Estado. En el año 2022, fue llamada por el gobernador de esa entidad, Julio Menchaca Salazar, para ocupar la secretaria de Desarrollo Social estatal, en el primer gobierno de alternancia luego de 91 años de dominio del partido PRI en Hidalgo.
A lo largo de muchos años (prácticamente desde que comenzó su actividad política como diputada local en el año 2016), Olvera ha sido objeto de varios ataques mediáticos y políticos misóginos. Se ha cuestionado su derecho a participar en política a pesar de haber sido ya tres veces legisladora electa y, como en el fallo del Tribunal Electoral, sus agresores la descalifican con base en su vida privada.
A pesar de sus resultados políticos evidentes, los cuales, inclusive, la llevaron a ser la mejor posicionada entre las mujeres de Morena que aspiraban a la candidatura al gobierno de Hidalgo, personajes pequeños de la escena mediática y nombres políticos prescindibles, ambos, sin méritos propios, continúan minimizando la trayectoria de Simey Olvera, no con base en sus capacidades políticas, sino en función de supuestos aspectos personales y con la injuria como herramienta. Se le ha llamado de todo, quizá, lo menos grotesco “política parrandera”, además de múltiples casos de violencia simbólica, sexual y psicológica en redes sociales y columnas de periódicos estatales.
Por eso, la resolución del Tribunal Electoral Federal da un golpe en la mesa y advierte a quienes se han mofado de Simey Olvera (y contra cualquier otra mujer que participa en política) por estas razones que están violando la ley.
Violencia política contra las mujeres
La autoridad electoral puso de ejemplo a Iram Magdiel Tavera del Castillo para establecer que la violencia política contra las mujeres sí existe y que es la hora determinante para socavar todas las descalificaciones, ofensas y amenazas contra las mujeres que han decidido participar en política.
Piénsese en varios ejemplos de esto. Durante esas elecciones referidas por el TEPJF, un grupo desconocido arrojó una cabeza de cerdo a las puertas de la casa de la entonces candidata a la alcaldía de San Felipe Orizatlán, en el mismo estado de Hidalgo, Érika Saab Lara, quien además fue víctima de hostigamiento en redes sociales por parte de personas que apoyaban a uno de sus contrincantes. La violencia fue acreditada, sin embargo, no existió sanción para las personas agresoras o el agresor. La víctima finalmente ganó su elección y se convirtió en presidenta municipal de su localidad.
En México, uno de los pocos precedentes al caso de Simey Olvera en el cual se ha sancionado violencia política de género es el ocurrido en el municipio de Iliatenco, estado de Guerrero, en el año 2021, cuyas elecciones al Ayuntamiento fueron declaradas nulas, según la sentencia SUP-REC-1861/2021 de la Sala Superior del TEPJF, ya que se acreditaron mensajes públicos en pintas y espectaculares con ofensas misóginas en contra de una de las candidatas a presidenta municipal. La autoridad electoral determinó que, en ese caso, se afectaron los principios de libertad, igualdad y equidad en la contienda.
De acuerdo con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humprey, de los 285 casos documentados de violencia política contra las mujeres en el Padrón Nacional de Agresores, setenta por ciento ocurren a nivel municipal, de tal modo, el veinte por ciento de quienes cometen este delito son presidentes municipales. Según sus estimaciones, los mayores grados de violencia se encuentran en los pueblos y comunidades de México.
En una conferencia ente el Instituto Electoral del Estado de México, Humprey criticó que las Fiscalías estén haciendo poco o casi nada para prevenir y sancionar este tipo de violencia. Dijo, por ejemplo, que dentro de la Fiscalía General de la República no existe ni un solo caso sancionado en materia de violencia política de género. ¿Cómo puede ser esto posible si, según las palabras de la consejera del INE, hay 285 casos documentados en el Registro Nacional de Personas Sancionadas?
La política en México sigue siendo una cosa de machos. A pesar de las reformas que imponen la paridad de género en los cargos de elección popular y en los gabinetes de los Gobiernos, se mantiene una idea generalizada de que la violencia de género no existe o es un asunto menor; pero las cifras, los fallos y los argumentos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación demuestran lo contrario.
Hay políticos y jueces (de ambos géneros, hay que decirlo) que sostienen que a una mujer no se le agrede por el simple hecho de ser mujer (así en la vida pública como en la privada) y siguen pensando que la política debe ser un asunto de capacidades y no de género. Ignoran o deciden ignorar la discriminación histórica hacia las mujeres, desde su confinamiento forzado a tareas domésticas hasta el desequilibrio en las percepciones salariales y acceso al trabajo, lo cual ha obstaculizado su participación en las decisiones públicas y, ni se diga, la toma del poder. Son los mismos machos que creen que la paridad es un invento del feminismo, que las mujeres ya tienen “suficiente espacio ganado” por lo que no hay que concederles más. Y con base en esa idea, agreden, violentan, amenazan y matan.
Menos mal existen casos como el de Simey Olvera. Donde, a pesar de las resistencias y el largo camino por andar, se pone de manifiesto lo que está mal, lo que debe ser erradicado y la justicia que debe prevalecer, hasta que un día la balanza se incline en favor de quienes más han sufrido discriminación.
