Una propuesta de cambio total del Instituto Nacional Electoral (INE) nacido el 10 de febrero de 2014 en pleno auge del neoliberalismo imperante en México, presentada hace casi un año por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue abortada por sus opositores.
Esto fue a causa de que las fuerzas legislativas del gobierno carecen de una mayoría calificada cuya importancia se apreció en este y otros duelos de envergadura en el Congreso, como la derrotada reforma energética.
Las razones del gobierno para presentar la iniciativa fueron muchas: un aparato burocrático exagerado y sumamente costoso, con réplica innecesaria en cada uno de las 32 entendidas federales.
Esta institución conlleva a salarios y prestaciones sociales estratosféricos, control de los partidos políticos de los 11 consejeros nacionales designados por ellos a través de la Cámara de Diputados, e igual con su Tribunal Electoral y los magistrados que lo integran.
Para el gobierno, el INE actual es el mecanismo perfecto para el fraude comicial y de la eternización de la corrupción, pero los partidos tradicionales como Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolucionario Democrático y Movimiento Ciudadano, lo aprecian de forma diferente y lo estiman como el summum de la democracia representativa, de allí su consigna «El INE no se toca».
La propuesta original implicaba reformar la Constitución para dejar en el esqueleto el instituto eliminando la mitad de los consejeros y salarios por debajo de los del presidente, no el doble y hasta el triple como ahora.
Rebajaba de 500 a 300 los diputados y eliminaba así los 200 que designan a dedo los partidos llamados plurinominales, y los senadores de 128 a 98, para ahorrar 750 millones de dólares anuales; aprobarla requería el voto de dos tercios del total, es decir, 334 curules.
Pero la coalición oficialista que encabeza Morena cuenta con poco más de 260, que es la mayoría simple, no pudo arrebatarle a la oposición los que les faltaba para llenar el déficit y la iniciativa fue derrotada.
Desde su presentación casi inmediata a la derrota de la primera, la propuesta fue un parteaguas no tanto para la oposición política, sino para Morena en cuyo interior empezaron a salir burbujas por criterios afines a los partidos que amenazaban a la unidad del movimiento, aunque esta nunca ha sido monolítica por la propia masividad y heterogénea militancia.
Los morenistas discrepantes se adhirieron a tecnicismos de inconstitucionalidad, muchos de los cuales fueron aceptados por el gobierno como errores de apreciación que podían ser corregidos, y dejaron a un lado los asuntos de principio que eran los fundamentales y la base de la iniciativa presidencial.
Aunque se esperaba por su distanciamiento evidente de Morena, el coordinador de esa bancada en el Congreso, senador Ricardo Monreal, anunció que votaría en contra de la reforma por apego a la democracia cuyos principios, dijo sin muchos argumentos, los colocaba por encima del partido que representaba, y fue muy felicitado por la oposición.
El gobierno, por su parte, aceptó cambios en su propuesta, encargados al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
De las mil 400 modificaciones presentadas y discutidas en una azarosa y maratónica jornada de varios días, primero en la Cámara Baja, posteriormente en el Senado, y finalmente de nuevo con los diputados, Morena admitió decenas de ellas contenidas en seis de los 27 bloques en que se dividieron las correcciones.
Pero la mayoría de las modificaciones las rechazó porque expresaban tendencias, posiciones políticas, juzgamientos sin soporte legal o jurídico, y defendió mantenerlas como un asunto de principios, según argumentó en varias oportunidades López Obrador.
En los prolegómenos de la votación, parecía que Monreal había logrado que ocho senadores, aparentemente sus más cercanos colegas, se sumaran a su disidencia, pero finalmente quedó solo mientras que el resto de militantes del partido y de los de la coalición oficialista -Partido del Trabajo y Verde de México-, se mantuvieron en bloque.
Dentro de ellos aprecian finalmente a Monreal como un político que ambiciona ser candidato a la presidencia en 2024.
No figura en los precandidatos oficialistas: el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, y la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por tanto no hay certeza si lo hará como independiente o se aliará a partidos no oficialistas.
A una pregunta sobre si Monreal sería expulsado de Morena o eliminado de su cargo como coordinador en el Congreso, López Obrador dijo que no habría purga ni sanciones, y respetó la forma de pensar de su antiguo amigo y estrecho colaborador.
Pero la batalla por la propuesta de López Obrador no termina con la aprobación de la reforma a las seis leyes generales, aunque acotada por las enmiendas aceptadas, aun así de bastante alcance pues le elimina de su presupuesto al INE, al Tribunal y a los partidos, 250 millones de dólares, y le resta algunas facultades legales a los consejeros.
Ya los partidos opositores más fuertes, como Acción Nacional y Revolucionario Institucional, presentan demandas de inconstitucionalidad en la Suprema Corte Nacional de Justicia.
Ello significa que, si bien tirios y troyanos llegaron a la orilla, solo fue para salir del agua y emprender un nuevo camino de impugnaciones por tierras de los togados, aunque al parecer con muy pocas posibilidades de que los jueces los beneficien. (Luis Manuel Arce Isaac / Prensa Latina / DESDE ABAJO MX)
