Mientras la corrupta Suprema Corte de Justicia de la Nación y su presidenta, Norma Piña, continúan su campaña de intento de desestabilización de la reforma judicial en el país, el movimiento de trasformación profundiza esta histórica iniciativa, juntando esfuerzos en todas las latitudes de la 4T, desde el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Senado y los liderazgos estatales.
Hidalgo no se quedo atrás. El gobernador Julio Menchaca Salazar se adelantó al proceso y envió al Congreso local su iniciativa para armonizar las leyes estatales a la Reforma Judicial, la cual, no solamente adecúa el marco normativo de Hidalgo con relación a lo que el pleno de la 4T aprobó y respalda, sino que incluye algunos añadidos importantes; quizá, el mayor de todos, es el empate de las elecciones judiciales con las del Legislativo y Municipales del año 2027.
Otro aspecto clave de la iniciativa es el examen de oposición como requisito previo para ser considerado candidato a un cargo judicial. Este mecanismo garantiza que solo quienes demuestren conocimientos y capacidad jurídica puedan aspirar a estos puestos. A diferencia de la reforma federal, que integra el examen dentro de un concurso de méritos más amplio, la propuesta de Hidalgo le da un peso central a esta evaluación, lo que podría elevar el nivel técnico de las futuras personas juzgadoras.
Además, la iniciativa introduce cambios estructurales importantes, como la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, que reemplazarán al Consejo de la Judicatura. Estas nuevas instituciones buscan fortalecer la rendición de cuentas y sancionar las malas prácticas dentro del Poder Judicial. La prohibición de fideicomisos y fondos no regulados es otra medida que apunta a eliminar opacidades y garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente.
En conjunto, la reforma propuesta por Menchaca no solo alinea a Hidalgo con los principios de la 4T, sino que los enriquece con medidas concretas para mejorar la administración de justicia. El gobernador pone de manifiesto su experiencia como extitular del Tribunal de Justicia del Estado y expresidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Esto se refleja en detalles como que, al establecer plazos claros para resolver casos en su iniciativa, como los seis meses máximos para asuntos tributarios, se asegura que la justicia no sea solo un discurso, sino una realidad tangible para los ciudadanos.
En un país donde la confianza en las instituciones judiciales ha sido históricamente baja, iniciativas como esta representan un avance significativo hacia un sistema más justo y al servicio de todos. Hidalgo está demostrando que la transformación no es solo una promesa, sino un proceso en marcha.