Concluyó el Parlamento Abierto para la construcción de una Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico en el Estado de Hidalgo y todo indica que podremos contar con una legislación que, además de proteger a las personas que hacemos periodismo en este estado, se podrán garantizar algunos derechos que no se contemplan en otras normas similares como, por ejemplo, la protección laboral.
La iniciativa adelantada por la diputada local Tania Meza Escorza, recorrió las principales regiones donde más de concentra el periodismo hidalguense; a saber, Pachuca, Tulancingo, el Valle del Mezquital, Tula y la región Huasteca. Ahí, la legisladora presentó lo que llamó un «primer saque» de la iniciativa para enriquecerla con los comentarios y aportaciones del gremio periodístico.
“Fue una sorpresa muy grata ver que las y los periodistas de Hidalgo tienen muy claro qué se necesita, no solamente porque son personas que han invertido en su formación y en su capacitación, sino porque acompañan otras causas sociales”, comentó Meza, al término de sus recorridos que tuvo como sede la ciudad de Tulancingo.
Algunas de las aportaciones del gremio periodístico a esta ley son: la creación de un padrón de agresores; es decir, que exista una lista pública de las personas sancionadas por agredir a periodistas; acceso a la seguridad social que otros grupos de atención prioritaria sí tienen; o la protección del trabajo y derechos autorales frente a la inteligencia artificial.
Al respecto, Tania Meza comentó: “Esperamos estar a la altura, queremos hacer una ley donde el gremio periodístico vea reflejadas todas sus peticiones y críticas del documento que les presentamos porque queremos una ley que realmente le sirva al gremio periodístico y la única manera de lograrlo era escuchándolos”.
La legisladora de Morena subrayó que tiene previsto que la Ley quede aprobada este mismo año para que, de inmediato, comiencen los trabajos del reglamento de la misma. De tal manera, que esta legislación no sea letra muerta, sino que cuente con herramientas que la hagan aplicable. En ese sentido, detalló que luego del Parlamento Abierto, el siguiente paso es “aterrizar” las sugerencias en el anteproyecto para presentarle al gremio una última versión y posteriormente subir la iniciativa.
Dos problemas enfrentamos quienes hacemos periodismo
El gremio periodístico es un sector «muy lastimado, olvidado por las leyes», reconoció Meza. Y sí, quienes hacemos periodismo enfrentamos dos problemas: el primero es la violencia por parte de los enemigos de la libertad de información.
El problema de la violencia contra periodistas en México no es por tocar temas del narcotráfico (y sí, también pasa), pero, por increíble que parezca, las mayores agresiones provienen del funcionarios públicos a nivel local. Es decir, políticos, caciques, gobernantes municipales o estatales son quienes, en mayor medida, cometen delitos en contra de periodistas, desde el bloqueo informativo, amenazas y, finalmente, el asesinato.
El segundo problema tiene que ver con la precariedad laboral. Muy pocas personas dentro de las empresas periodísticas y mediáticas contamos con seguridad social. En la inmensa mayoría del país, quienes hacemos periodismo vivimos al día o con un salario condicionado a la producción; es decir, tanto hacemos, tanto nos pagan, lo que vulnera de forma notable la calidad de información como, en última instancia, la vida misma.
Por ejemplo, pueden contarse con la mitad de los dedos de una mano a los corporativos mediáticos que pagan y cubren los servicios médicos de un accidente laboral dentro de la cobertura periodística. Esto porque, al final, los riesgos de este trabajo no están considerados dentro de la ley laboral. ¿Y cuales son los mayores riesgos? Por supuesto, las amenazas y la violencia contra nuestra tarea.
De tal modo, una ley integral que, más allá de proteger a periodistas, proteja el trabajo periodístico –lo cual incluye a personal que labora dentro de las redacciones–, es crucial para comenzar a resolver estos problemas. Hidalgo puede ser pionero en este sentido y confiamos en la buena voluntad política de quienes han de encargarse de aprobar esta legislación. Se trata de respeto, sí, pero de salvar vidas de un sector social y laboral que está rezagado en materia de derechos.
