«¿Cómo vamos a espiar?», respondió con indignación la presidenta Claudia Sheinbaum ante los cuestionamientos sobre si su propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones le serviría a su gobierno para espiar a las personas. Y recalcó que en su gobierno, o sea, en la Cuarta Transformación, no se espía, no interviene comunicaciones telefónicas, ni se geolocaliza a nadie.
Porque, en efecto: un gobierno democrático y progresista como el que supone ser el de Morena violaría todos sus principios humanistas si utilizara el espionaje como herramienta de control. Y por espionaje se entiende la vulneración de datos personales.
De hecho, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (es decir, información personal o confidencial en manos de autoridades) impone sanciones a aquellas personas funcionarias públicas que hagan uso indebido y no autorizado de información personal.
En su artículo 132, dicha ley establece que es un delito «usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera indebida, datos personales que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tenga acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión». Y su sanción será impuesta por las autoridades de contraloría. Y cuando se trata de particulares, la Ley en la materia podría imponer hasta cinco años de prisión.
En Hidalgo, la Ley para la Administración Pública habilita a la Secretaría de la Contraloría a conocer y sancionar a una persona funcionaria pública que haga uso indebido de datos personales o no autorizados. En principio, no podría ser parte del servicio público un elemento que obtenga de manera ilegal o reproduzca sin permiso y para beneficio político o personal, datos que no le fueron conferidos. Y si la víctima decide denunciar, la autoridad responsable podría ser objeto de una sanción administrativa o penal, dependiendo el caso.
Se entiende, pues, que ningún gobierno emanado de la 4T ha de espiar. Se asume también que todas las autoridades que se adhieren a sus postulados, tampoco. Porque, además de ser Ley, incumpliría con los valores proferidos por el movimiento («no mentir, no robar, no traicionar») y contradeciría lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum: el gobierno no espía, no interviene teléfonos, ni geolocaliza. Y si alguien lo hace, sería un delito y una traición.
