Al momento de escribir estas líneas, la Coordinación Nacional de Protección Civil reporta al menos 22 personas muertas en Hidalgo a causa de los desastres dejados por el paso del huracán Priscila. Son 26 municipios mayormente afectados y más de 280 comunidades sin electricidad. El Gobierno de Hidalgo reportó que ha destinado unos 500 millones de pesos para atender la emergencia. Es posible que se trate de la llamada «vanguardia monzónica» más letal de los últimos tiempos en el Estado.
Uno de los signos de la gravedad de esta tragedia ocurrió en Pachuca, ciudad donde, oficialmente, no se ha reportado más que anegaciones y suspensión de actividades escolares. Pero la capital hidalguense es sitio histórico de migraciones y aquí viven miles de familias con lazos directos con los municipios afectados. De tal modo, un pequeño grupo de vecinos y vecinas oriundas de Huehuetla, cerraron la céntrica avenida Felipe Angeles para exigir recursos para atender la emergencia en ese lugar, donde, por ejemplo, se arruinaron todas las siembras de café, comunidades quedaron aisladas, caminos comunitarios destruidos, casi todo el municipio sin electricidad, viviendas arruinadas y sin acceso externo a alimentos.
En respuesta, la Secretaria de Seguridad Pública estatal envío a un amplio contingente de policías armados con escudos anti-motines para replegar la manifestación, en la cual había menores de edad. Los efectivos golpearon a las personas, patearon vehículos, encapsularon y amenazaron a algunos hombres. O sea que, mientras el gobernador Julio Menchaca atendía a viva voz a las personas afectadas en la región Huasteca, coordinando la entrega de más de 40 mil víveres, en contradicción, la SSP hidalguense eligió la violencia para atender a quienes también son damnificados.
No había justificación para tal represión. La emergencia por el huracán Priscila ha demandado, y continuará haciéndolo, un esfuerzo coordinando de Gobierno a la altura de las lamentables circunstancias. La gente está desesperada. Y quienes tenemos el privilegio de poder dormir tranquilos durante estos días, no hemos dejado de llevar ayuda a los centros de acopio y apoyando las tareas de auxilio en la medida de nuestras posibilidades. Por eso, y porque es su obligación, la policia estatal comandada en Pachuca debería demostrar que también entienden el grado de zozobra que está afectando a miles de familias hidalguenses, con un mínimo del compromiso demostrado por el gobernador Julio Menchaca. ¿No podían haber informado con precisión a las personas manifestantes sobre los múltiples esfuerzos del gobernador para atender la tragedia, en vez de desplegar las armas de policarbonato?
