Afortunadamente muchas mexicanas y mexicanos no estamos dispuestos a aceptar la imposición. Desde el 2 de julio ha habido diversas acciones, incluidas las marchas anti imposición de Peña Nieto en la ciudad de México, reproducidas en las capitales de los estados y otras ciudades del país e incluso del extranjero, como la realizada el día domingo 22 de julio, en la que participaron miles de personas que llenaron el zócalo de la ciudad de México.
por Otilia G. Sánchez Castillo
Con la actual elección presidencial estamos viviendo un 2006 “recargado”, es decir, con más de lo mismo, pero mejorado. Si no, cómo es posible que a pesar de que se ha documentado que el PRI repartió tarjetas de prepago por más de 66 millones, situación que el propio PRI admitió, y de que se han presentado un sin número de denuncias de delitos electorales, todavía las autoridades electorales “dudan” en declarar anulada la elección.
Mientras tanto la guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador continúa en pleno apogeo, tratando de presentar a AMLO como una persona que incumple con su palabra, al declarar que impugnaría la elección. Pero ¿quién en su sano juicio aceptaría sin replicar los resultados de la elección cuando ésta estuvo plagada de irregularidades?, irregularidades que violentaron el principio constitucional establecido en al artículo 41: “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas”
No se puede hablar de elecciones libres y auténticas cuando existió evidente sesgo informativo en el duopolio televisivo y otros medios de información, sobre todo de Televisa, quien inicio la construcción de la imagen de Peña Nieto desde que estaba Fox en la Presidencia de la República, a cambio de un jugoso contrato. No se puede hablar de elecciones libres y auténticas cuando se manipuló y distorsionó la información de diversas encuestadoras mucho antes de que dieran inicio las campañas que coadyuvaron a crear el escenario para validar la imposición de Peña Nieto. No se puede hablar de elecciones libres y auténticas cuando se compró y coaccionó el voto. No se puede hablar de elecciones libres y auténticas cuando el PRI gastó cientos de millones de pesos en la campaña de Enrique Peña Nieto, independientemente de los gastos autorizados de campaña, y que además de rebasar el tope de gastos autorizados, las autoridades tendrán que investigar su procedencia y actuar en consecuencia.
Afortunadamente muchas mexicanas y mexicanos no estamos dispuestos a aceptar la imposición. Desde el 2 de julio ha habido diversas acciones, incluidas las marchas anti imposición de Peña Nieto en la ciudad de México, reproducidas en las capitales de los estados y otras ciudades del país e incluso del extranjero, como la realizada el día domingo 22 de julio, en la que participaron miles de personas que llenaron el zócalo de la ciudad de México.
Además de las acciones que las organizaciones de la sociedad han venido realizando, y del juicio de inconformidad presentado por la Coalición Movimiento Progresista ante el IFE, mediante el cual se impugna la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado viernes 20 de julio el Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México, bajo dos premisas: 1. La Presidencia de México no se compra, y 2. El destino de México no tiene precio.
El objetivo general de este Plan es: 1. Informar al pueblo de México sobre la manera en que operó el PRI para obtener los votos y justificar el supuesto triunfo de Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia de la República; 2. Lograr, con la participación de las y los ciudadanos, el acopio de más información sobre la compra de votos y otras violaciones a la Constitución, en particular, al Artículo 41 que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas; 3. Entregar al TRIFE, durante los términos legales, pruebas supervinientes para fortalecer el juicio de inconformidad, demandando la invalidez de la elección presidencial; y 4. Hacer conciencia entre las y los ciudadanos que si se permite la imposición de Peña Nieto, mediante la compra de la Presidencia, el destino de México será de corrupción, dolor y frustración.
El plan tiene como duración el tiempo que falta para concluir el proceso electoral. Este proceso concluye con el fallo o calificación de la elección presidencial. A la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF le toca resolver en forma definitiva, inatacable y en única instancia, a más tardar el 31 de agosto, sobre las impugnaciones que se presenten relacionadas con la elección de Presidente. Una vez hecho lo anterior, la Sala Superior del TEPJF debe realizar el cómputo nacional de la elección presidencial, con base en los cómputos distritales que realizan los consejos distritales del IFE. A más tardar el 6 de septiembre debe formular la declaración de validez o no de la elección.
Con la participación de todas y todos lograremos que se declare la invalidez de la elección presidencial.
