Las cifras de violencia contra las mujeres continúan a la alza. En los primeros días del año he contabilizado en las noticias al menos nueve mujeres asesinadas en distintos escenarios, en distintas partes del país: la muerte por cáncer de mama o cérvico uterino en los últimos años ha crecido y todavía el sistema de salud no puede atenderlas.
por Sara Lovera
El gobierno federal y todos los gobiernos de los estados están obligados a desarrollar acciones efectivas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. La Constitución está vigente. Se puede documentar la discriminación contra las mujeres de mil formas y a pesar de todos los discursos y las promesas, se hace poco.
Por ejemplo apenas hace dos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que el 20.8 por ciento de las mujeres que son trabajadoras han recibido algún tipo de discriminación y la política pública de género parece una simulación.
Las cifras de violencia contra las mujeres continúan a la alza. En los primeros días del año he contabilizado en las noticias al menos nueve mujeres asesinadas en distintos escenarios, en distintas partes del país: la muerte por cáncer de mama o cérvico uterino en los últimos años ha crecido y todavía el sistema de salud no puede atenderlas como debiera, ni previene como es su obligación.
Los partidos políticos que tienen la responsabilidad por ley de promover los liderazgos femeninos, siguen negándose a utilizar, honrada y realmente, el dos por ciento de sus recursos para esta causa. Pronto sabremos que en 2012, un año electoral tan importante, hubo partidos que han trampeado alegremente el uso de estos recursos. El IFE, bien gracias, para aprobar los programas, inventó un requisito tan complicado, que desanimó a algunos partidos.
En todas las entidades, excepto en el Distrito Federal, las mujeres tienen que recurrir a abortos clandestinos, a pesar de que hace 36 años que el gobierno de Luis Echeverría reconoció que el aborto es un asunto de salud pública y que al menos mil 500 mujeres mueren cada año por tener una negativa rotunda a ejercer su derecho a interrumpir un embarazo.
Si nos fuéramos a las cifras de analfabetismo, veríamos las diferencias entre hombres y mujeres. Y la brecha de la desigualdad se agudiza cuando vemos las imágenes de las mujeres en los medios de comunicación.
Desde el año 2000 existe un Instituto Nacional de las Mujeres, cuya ley le da el lugar de una institución fundamental para promover el avance de quienes componen más de la mitad de la población. En esos 12 años en que gobernó el Partido Acción Nacional la política fue contradictoria, pero se construyeron decenas de institutos en los estados y municipios, y a pesar de atorones y dificultades se invirtió mucho dinero y esfuerzo para ir cambiando esta situación.
Se diría que estamos apenas dibujando políticas públicas que pueden contribuir a la igualdad, no obstante vacíos tremendos de comprensión y voluntad política. El colmo es que el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de leyes y compromisos a favor de los derechos de las mujeres, como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se resiste y dice cosas en público, pero ha sido cómplice de un hecho de hostigamiento sexual en su estructura y ha protegido al presunto responsable.
Por todo esto y todo lo que está en el discurso sobre la igualdad y no en los hechos, un abultado grupo de asociaciones, mujeres y otras instancias pensaban que el “nuevo PRI” podría ofrecer una buena señal y plantearía profundizar el trabajo por la igualdad, lo que el grupo conservador del PAN no pudo, no quiso ni se interesó en hacer.
La nueva administración pretendió hace pocos días quitar la autonomía y los recursos al Instituto Nacional de las Mujeres incorporándolo a la Secretaría de Desarrollo Social mediante un cambio en la Ley de la Administración Pública. El intento se evitó. No obstante, ahora, según los grupos de mujeres, se impondrá una directora en ese Instituto al desarrollar un amañado y torcido proceso de selección de la persona que se hará cargo de ese órgano cuya ley está vigente y es bien clara de cómo hacerlo.
La demagógica CNDH en medio de ese proceso ha dicho que “es necesario fortalecer las acciones orientadas a erradicar la discriminación de las mujeres”, al afirmar que es primordial erradicar la discriminación por motivos de género que experimentan las mujeres en su trabajo, donde más de 48 por ciento de las casadas o en unión libre han sufrido algún tipo de exclusión.
Y dijo más: que ellos en la CNDH evalúan y monitorean la política nacional en materia de igualdad. Como diciendo aquí estamos.
Lo cierto es que el nuevo gobierno, el de Enrique Peña Nieto, tal como lo hizo en el Estado de México, niega cuestiones básicas, como el de la violencia y asesinato de las mujeres y entonces se negó a poner una alarma de género, cuando en el Estado de México la situación de violencia y el feminicidio son gravísimos.
Pues no. Ahora resulta que tratará de colocar en el Instituto a la ex titular de ese órgano en Edomex, donde en lugar de promover la igualdad, se vio a las mujeres como subordinadas y alienadas. Sólo como amas de casa y con frecuencia sólo como madres, sin considerar que más del 40 por ciento de la fuerza de trabajo de este país son mujeres y tienen derechos a la promoción, respeto, empleo productivo, educación y oportunidades reales.
Dice un grupo de feministas que : “Ante un hecho consumado lo único que podemos expresar es la reflexión que hemos hecho y estar a la observancia y la exigencia de la rendición de cuentas y que se den cuenta que no nos doblegamos ni legitimamos el supuesto proceso democrático”, refiriéndose al proceso de selección para dirigir el Inmujeres, donde 17 aspirantes presentaron currícula, para definir una terna.
Pero en ese proceso, dicen las feministas, “…el Gobierno de Enrique Peña Nieto, consumó el pasado viernes, con la ayuda de su operadora Rosario Robles, una imposición con cara de decisión democrática.
“El Instituto Nacional de las Mujeres pronto tendrá titular y por lo que se ve será la peñista Lorena Cruz Sánchez, la que se erija con el cargo. Acción que se consumaría sin escuchar llamados a la evaluación seria del perfil y las capacidades de cada aspirante. Este grupo de integrantes del movimiento amplio de mujeres, circularon el pasado viernes 11 de enero, un comunicado en el que llamaban al Ejecutivo a construir acuerdos y a evaluar con seriedad la trayectoria y aptitudes de las postuladas.
“Entre las 17 mujeres que se enlistaron para competir por el cargo se encontraban priístas como Dulce María Sauri, Martha Laura Carranza y Alicia Téllez, quienes calificaban en trayectoria y experiencia varios puntos arriba de Lorena Cruz Sánchez.
“Sin embargo, nada importó, ni la terna previamente construida por quienes integran los Consejos Ciudadanos, ni la calificación de perfiles que colocaba en el lugar 14 a la candidata de Peña Nieto que, finalmente con un salto cuántico, evadió los 11 lugares que la separaban de las mejor evaluadas para aparecer en la terna, después de una reunión matutina de las Consejeras con Rosario Robles.”
Concluyen que de esa forma el Instituto Nacional de las Mujeres estará encabezado por alguien de la entera confianza del Presidente, que se encargó con mucho éxito del reparto de despensas y pavos en la dependencia del Estado de México, misma que no era ni Instituto ni Secretaría de la Mujer sino una Comisión Estatal de la Mujer y el Bienestar Social.
Y agregan: “En resumen, aparentemente Robles y Peña Nieto lograrán de facto el cambio que pensaban hacer por ley al Instituto, mismo que en el Congreso no generó los consensos necesarios y quedó fuera de la reforma a la administración pública”, refiriéndose al intento de cambio en la Ley de la Administración Pública que seguramente quería volver al pasado, creando una comisión, con menos atributos y capacidad en la toma de decisiones respecto de la política de igualdad.
Aunque hay que señalar que muchos de los institutos mal funcionan o tienen titulares sin convicción, lo que se habría querido en este tiempo de“nuevo PRI”, era desaparecerlo o modificar sus funciones.
A pesar de que en teoría el Instituto tiene muchas más cosas que hacer. No parece que nada vaya a cambiar, por el contrario, y digo esto a pesar de que el Inmujeres, en tiempos del PAN, operó como el órgano rector para los institutos estatales, imponiendo programas, manejando los recursos y tratando de orientar los trabajos de estos institutos aprovechando el vacío que muchos gobiernos de los estados, hacen a la política de género.
A pesar de todo, lo sucedido en la decisión de quién dirigirá el Inmujeres, es un mal augurio. Y las feministas reconocen que ese movimiento amplio de mujeres se ha distinguido por su capacidad de diálogo y construcción de consensos, poniendo por encima de sus diferencias los acuerdos a favor de los derechos de las mujeres. Es decir, que durante 12 años, dialogaron, apoyaron y trabajaron con la visión panista de los derechos de las mujeres, para que al menos se cubrieran aspectos básicos que son obligación gubernamental. Esta vez, según sus comunicados oficiales, ni siquiera fueron oídas.
Es importante señalar que el Inmujeres es una instancia que ha sido construida por el movimiento de mujeres, el cual tiene la responsabilidad de reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres ante los grandes retos y rezagos que enfrenta el país en ese sentido.
Buscando una buena candidata trabajaron los últimos días los Consejos de Inmujeres, tanto el consultivo como el social, donde las mujeres de organismos, partidos o instituciones privadas integran 16 lugares de la Junta de Gobierno, que finalmente decidió la terna, donde una mujer cuyo perfil colocaba en el lugar 14, fue catapultada a uno de los tres sobre lo que se decidirá en los próximos días.
Entre quienes protestan están: Agrupación por los Derechos de la Juventud BCS, Asociación Nacional Cívica Femenina ANCIFEM A.C. (panista), Asociación Sinaloense de Universitarias A.C., Balance A.C., Católicas por el Derecho a Decidir A.C., Centro Mujeres A.C., Centro Mujeres Graciela Hierro, A.C., Coalición por la Salud de las Mujeres, y otras 50.
Así como mujeres independientes como Alejandra Rojas, Carmen Valenzuela, Clara Jusidman, Elizabeth Maier, etc.
Una reunión extraordinaria de la junta de gobierno del Inmujeres y los consejos determinaron que la terna se integró por Lorena Cruz Sánchez, Milagros del Pilar Herrero Buchanan y Teresa Incháustegui Romero, pero será Peña Nieto quien finalmente tome la decisión. Y su mujer de confianza es Lorena Cruz Sánchez. El proceso de esta selección, anuncia lo que sigue, lo que vendrá, de lo que se trata la nueva administración, que por lo pronto enfrenta ya otras importantes inconformidades, como la del magisterio y la de los sindicatos. Veremos.
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