Sara Lovera
Inaudito, inexplicable, inaceptable que los gobiernos de los estados, como el de Tabasco en tiempos de Andrés Granier, se roben dinero de los fondos para la salud. Es criminal que hayan desaparecido mil 900 millones de pesos para ese rubro. Tan tremendo como hace dos años que se supo que un helicóptero que serviría de ambulancia para emergencias obstétricas se usó para los viajes de un ex alcalde de Acapulco, o que se haya quemado sin explicación el archivo contable del dinero que se transfirió desde la federación a Guerrero y nadie dé cuenta de 100 millones para disminuir la mortalidad materna. Y qué decir de otras entidades como Chiapas donde aumenta diariamente la dolorosa muerte de mujeres por enfermedades prevenibles.
Me parece criminal que los gobiernos estatales desvíen los recursos de la salud. Me parece inaceptable que se silencien los problemas reales de la salud de las mujeres para ocuparse sólo de los discursos de la política femenina según convenga. Hace más de 20 años, por razones de militancia, estuve muy cerca de una campaña para mitigar las muertes por cáncer cérvico uterino (cacu), asunto casi olvidado entre los grupos político-feministas, tan importante como el cáncer de mama (cma) o tan doloroso como las muertes maternas, casi todo esto relacionado con la salud sexual y reproductiva de las mujeres y con la necia negativa a reconocer como problemas de salud pública éstos y el tema de la interrupción legal del embarazo.
Y digo bien. Hablo de la muerte de mujeres, vivas, actuantes, productivas, bellas,13 cada día a causa del cáncer cérvico uterino, mal que por no estar de “moda”, se nos olvida. Lo grave es que el cacu con atención preventiva y detención a tiempo podría evitar el deceso de hasta el 97 por ciento de los casos. Lo tremendo es que a pesar de todos sus programas, métodos y el dinero que se ha dado a los gobiernos estatales, a 30 años de un programa de prevención del cacu y avances científicos, en lugar de disminuir el número de casos aumenta del 29 al 33 por ciento, se trata de cinco mil 200 mujeres que mueren cada año o sea una cada dos horas, según las estadísticas.
Sí hablo totalmente en serio. No es posible que la memoria se llene de tantas cortinas de humo. Acabo de consultar disque una fuente de noticias femenina y la última nota sobre este problema data de 2009. De organizaciones civiles feministas, nada. Se habla, eso sí, de la rutina hospitalaria y los esfuerzos por dar pláticas a las mujeres para que ellas se prevengan. Y no hallé ninguna campaña de organizaciones civiles, como la que hicimos en 1997, hace 13 años. Como si este problema se hubiera solucionado.
Según los resultados del Monitoreo de la Atención a la Salud de las Mujeres de 2012, hecho público el 27 de mayo pasado, los exámenes citológicos pueden tardar hasta cuatro meses y los de tamizaje con uso de coloscopía puede que nunca se sepa, porque hay muy pocos y el personal de salud, hasta en más de 25 por ciento, dice que no se atreve a leerlos por ignorancia.
Volviendo al monitoreo tiene que ver con la salud integral de las mujeres. Lamentablemente la noticia de su presentación, se redujo a una frase: México incumplirá la meta de reducir las muertes maternas. Y el tema de fondo no se trató en los medios ni tuvo eco entre los grupos de mujeres, aún cuando es terrible:
a) No hay estado de derecho. Se incumplen las normas oficiales para atender el cacu, pero también para atender a las mujeres violentadas; no hay anticonceptivos suficientes en el 64 por ciento de los puestos médicos, de cualquier nivel.
b) No hay coordinación entre los tres sistemas de salud fundamentales: IMSS e IMSS Oportunidades; ISSSTE y los Servicios Estatales de Salud de la Secretaría de Salud conocidos como SESA.
c) Hay por todas partes escasez de organización, control de calidad de los servicios, medicamentos y aparatos obsoletos, profesionales de la salud incapacitados y lo más grave los servidores de la salud no tienen idea cómo orientar a las mujeres o desconocen las normas, los manuales y, por supuesto, no tienen idea de que es eso de la perspectiva de género.
Lo que revela el monitoreo que presentaron conjuntamente la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, y la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, en un esfuerzo de contar la verdad. El monitoreo, dice por ejemplo, que tal como hace 20 años son de mala calidad los reactivos que ayudan a detectar el cacu; que no es homogénea la vacunación a menores para prevenir este tipo cáncer, reconociento la fatalidad del contagio del papiloma humano y que es gravísimo, que el personal de salud ni idea global de la importancia de esta trasmisión. O sea palabras van y vienen sin tomar cuerpo entre los servidores de la salud, frecuentemente mal pagados, sin capacitación y por supuesto sin conciencia.
El monitoreo de la calidad de los servicios, que la presidenta del INMUJERES calificó como mapa de ruta o una herramienta de diálogo, realmente es un documento fundamental, porque evidencia cómo en lugar de avanzar, tras la verborrea institucional y no institucional, las mujeres son hasta 50 por ciento más sometidas a césareas innecesarias; aún es tremendo que se sepa tan poco del cáncer de mama y que el 90 por ciento de las que llegan a atenderse es gracias a que se autodetectaron el problema, o sea nada de Estado, ni nada de derechos.
Es probable que ante este panorama global, no sujeto sólo a una de las cuestiones de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, haya hecho decir a la presidenta de INMUJERES que es inaceptable que existan las cesáreas innecesarias, que se hayan reducido las mastografías para las mujeres, y que se niegue el derecho a la salud que dijo, “no puede condicionarse ni arrebatarse”.
Es posible que estemos ahora haciéndonos un examen de conciencia. Que tuvimos 12 años de parálisis institucional para la salud y no solamente que nos han puesto un cerco para acceder al aborto legal, con los cambios constitucionales, sino que los desvergonzados gobernadores se robaron el dinero de la salud para las mujeres; que es una simulación eso del seguro popular y que hubo un gobernador, el de Oaxaca, Ulises Ruiz, que puso un hospital privado valorado en mil 500 millones de pesos, con el dinero federal para atender a las mujeres indígenas y campesinas de aquella entidad.
Es tremendo que se negocie así con el dinero para la vida y que hipócritamente se niegue el derecho a interrumpirse un embarazo, o se tenga ese miedo tremendo de los gobernadores miserables y mezquinos que no quieren ser el primero o los primeros en reconocer que hay violencia feminicida contra las mujeres, de consecuencias tremendas, porque será tanto como reconocer que no han cumplido con la ley, igualito que el caso del cáncer cérvico uterino, olvidado por las y los que hacen política de salud, porque no rinde ni en presencia física ni en recursos alternos. Ahora hay que estar con la educación sexual para las y los adolescentes.
Quizá lo que hay que poner en la mesa es que urge atender la salud integral de las mujeres realmente. Y es como dijo Lorena Cruz, este monitoreo es una herramienta. Salir con cada cosa a pelear el derecho y pedir rendición de cuentas, sería un comienzo. No sé porque soy tan mal pensada, pero seguimos al ritmo que nos tocan. Y diría junto a Ana Güezmes, representante en México de ONU Mujeres, la salud de las mujeres depende de variados factores biopsicosociales, depende del lugar que las mujeres ocupen en la sociedad, o sea, necesitamos buena educación, empleo decente, acceso a la tierra, a la salud, a las políticas sociales y al desarrollo. Necesitamos estado de derecho. Que se cumpla la Constitución, sencillo, una demanda, en lugar de tantas puertas y tantos precipicios.
Veremos.
