PACHUCA – En esta historia no hay culpable en prisión por el homicidio de Ana Itzel, una menor de 14 años de edad violada, estrangulada y sepultada clandestinamente, pero sí un largo historial de acusaciones por tortura, amenazas, corrupción y uso indebido de la función pública
Juan Carlos Escamilla Rodríguez pasó 720 días en prisión acusado de la desaparición y asesinato de su hija Ana Itzel Escamilla Téllez, ocurrido en mayo de 2014, hasta ser liberado por falta de pruebas. Tras este fallo, no hay culpable en reclusión por el homicidio de la menor de 14 años de edad, debido a que no hubo otra línea de investigación. El crimen, por lo tanto, está impune.
Un juzgado federal había advertido que Porfirio Austria Espinoza, el juez responsable del caso, “incurrió en una ilegal motivación al realizar el análisis” de las pruebas (y fincar cargos), entre ellas el hecho de que, bajo los efectos de la cocaína, el señor haya trasladado a la menor –sin atarla– en una motocicleta de tamaño reducido (marca Itálika, modelo EX 125-2), por un camino escabroso, junto con una bolsa de ropa, una pala y un pico para cavar una fosa y enterrarla, como aseguraron en su informe los agentes de la Coordinación de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), contra quienes se iniciaron quejas en la Comisión de Derechos Humanos (CDHEH) por probable tortura, amenazas, así como tratos inhumanos y crueles.
A consideración del juez federal, este hecho carecía de verosimilitud para que Austria Espinoza determinara que Escamilla cometió un feminicidio. Tras el primer amparo (883-2014-1), había reconfigurado el crimen como homicidio, más estaba advertido de que, de no dictar nueva sentencia y subsanar las contradicciones podría ser sujeto a proceso y removido de su cargo, informó el abogado José de Jesús Neri Cano, a cargo de la defensa.
El miércoles 15 de junio, a las 2:30 de la tarde, el supuesto “autor material e intelectual” del crimen salió del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Actopan, donde permanecía desde el 25 de junio de 2014, confirmó su esposa Janeth Téllez Islas, quien, además, dio a conocer que tampoco se acreditó responsabilidad en el delito de “ultrajes”, por el cual había sido detenido, aunque fue procesado por feminicidio, irregularidad que ya había exhibido el juzgador federal.
“Ni que tu hija valiera tanto”
—Qué pena que le duela más la pérdida de su esposo que la de su hija—, le recriminó Jesús Castro Rojo, coordinador del Grupo Homicidios, a la madre de Ana Itzel, el día que le notificaron la “culpabilidad” de Escamilla, que horas antes había sido detenido por “ultrajes a la autoridad”, pero después le atribuirían la violación, asesinato y sepultura clandestina de la menor.
—Deje las cosas como están, recuerde que tiene más hijos—, le soltó a quemarropa el agente. Palabras que parecían advertencias.
—¿Qué me trata de decir?, ¿acaso me está amenazando? —, cuestionó la madre, aún con el luto por la muerte de su hija y las dudas tras la captura de su esposo.
—Ni que haya valido tanto su hija—, le replicó el comandante, indiferente, pero sin perder el tono amenazante.
Esa fue la primera advertencia que recibió Janeth Téllez Islas. A esa -narra-,, se sumarían otras más contra ella, su esposo y sus hijas, que documenta la Comisión de Derechos Humanos en la queja VG-1887-14, en la que también está inmerso quien fuera primer comandante de la Coordinación de Investigación, Valentín Vázquez Baños, por presunta tortura y fabricación de pruebas.
El reporte que ambos funcionarios entregaron, y se sumó al testimonio de Escamilla Baños –quien aseguró haber sido golpeado para declararse culpable, mas no se le practicó el Protocolo de Estambul–, narra el traslado del cuerpo, junto con las herramientas para sepultarlo, en la motocicleta, hecho que para el juez federal no tuvo verosimilitud.
En la “confesión”, además, dice que la niña no accede al domicilio y que fue privada de la vida en la entrada del mismo; sin embargo, el juez federal hizo referencia que sí ingreso, “tan es así que su uniforme se encontraba en la casa, al igual que una tina de agua tibia”. Otra inconsistencia que se observa es que Ana Itzel, según la “versión oficial”, fue abusada sexualmente; sin embargo, si la menor no entró a su hogar, ¿fue violada a la entrada, sin que nadie lo notara?
Por estas contradicciones, en el amparo 813 del juzgado tercero de distrito, se considera que Porfirio Austria “no valoró de manera íntegra las pruebas”.
El año que murió Ana Itzel (de asfixia por estrangulación, según la necropsia que forma parte de la averiguación previa 12/SPM/758/2014), hubo 19 asesinatos de mujeres en Hidalgo cuyos cuerpos presentaron signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, de acuerdo con la PGJEH. En 2015; 20. Hasta mayo de este año sumaban dos.
Al no haber en prisión alguien “penalmente responsable”, el asesinato de Ana Itzel, cuyo cuerpo fue hallado semienterrado en el ejido de Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca –el 26 de mayo de 2014–, donde permaneció siete días hasta que fue identificado, está impune.
“Estaba drogado”, dicen; pero no hicieron prueba toxicológica
—Es una pena, pero su esposo confesó, a mí personalmente me lo dijo—, le insistió Cuauhtémoc Granados Díaz, director de Averiguaciones Previas de la PGJEH, a la madre de Ana Itzel, para tratar de convencerla de que firmara un documento en el que reconocía esta culpabilidad.
—Él lo hizo y no se arrepiente—, insistió Granados, quien argumentó que el supuesto autor del crimen estaba “bajo el influjo de las drogas”, pero, excusó, no le aplicaba prueba toxicológica porque la sustancia ya no iba a aparecer en su organismo. “Es como si voy el fin de semana a tomarme unos tragos, hoy ya no aparece”, le dijo el funcionario, afirma Janeth Islas.
Esta versión la contradijo el abogado, quien asegura que la cocaína, sustancia que aseguran los agentes consumió el inculpado (que supuestamente había adquirido en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, y la trasladó en un autobús –del que la autoridad no conoce a qué línea pertenecía– sin que, al momento de revisión en aquella terminal, fuera encontrada), puede detectarse hasta tres meses después, mientras que al momento de la declaración habían transcurrido 36 días desde la denuncia por desaparición.
Acumulan longevo historial por tortura
Los agentes acusados de amenazas y tortura en contra de la familia de Ana Itzel Escamilla Téllez, menor asesinada en 2014, acumulan 29 quejas por probables violaciones a derechos humanos. Detenciones ilegales, tratos inhumanos y crueles e incluso robo son las acusaciones que pesan sobre los comandantes.
De 2002 a la fecha la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) –que respondió a una solicitud de información (folio 0131816) – tiene registro de 25 quejas iniciadas contra Jesús Castro Rojo, coordinador del Grupo Homicidios, de las cuales once se archivaron por no acreditarse violaciones, siete por falta de interés, cinco por propuesta de solución, una por desistimiento y una por incompetencia posterior. Asimismo, no se han emitido recomendaciones en su contra.
Al tercer día de la detención de su marido por el supuesto delito de “ultrajes a la autoridad” –aunque fue procesado por su presunta responsabilidad en la violación, muerte y sepultura clandestina de su hija Ana Itzel, confesión que, asegura, rindió bajo tortura–, Castro Rojo le hizo otra advertencia a Janeth Islas para que no insistiera en el caso.
—Usted no entiende, señora, ¿o qué, se cree muy valiente? —, le reprochó el comandante en el estacionamiento de la PGJEH, mientras bajaba de un automóvil blanco sin rótulos de la corporación.
—Sí, me creo muy valiente—, contestó (aunque con temor) la mujer, que recién se había enterado del traslado de su esposo al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Actopan, donde permanecería 720 días hasta su liberación el pasado 15 de junio por falta de pruebas.
—No entiende que se la va a cargar la chingada—, amenazó Rojo, contra quien, de acuerdo con información que proporcionó la CDHEH, que proviene del sistema de quejas y orientaciones con el que cuenta este organismo, recurren acusaciones de tortura y detenciones ilegales.
—No tengo miedo. Mi hija está muerta y si eso pasa la voy a alcanzar—, respondió la señora, quien, al narrar, aunque la voz se quebranta, insiste en que seguirá “luchando por la verdad porque no perdí a un animal, perdí a mi hija”.
Entre las quejas contra el coordinador del Grupo Homicidios está la TA-0208-15 por presunto robo, debido a que el 3 de febrero de 2015 ingresó junto con cuatro agentes más a una vivienda de la que, acusan los agraviados, extrajeron 40 mil pesos y diversos documentos. El asunto se cerró por una propuesta de solución.
Y también por posible violencia contra una mujer a quien, un mes atrás, se le había practicado una cesaría, pero fue detenida en su domicilio en Zempoala, sin presentar orden. El menor de un mes, y otro de tres años, fueron resguardados por un tío que inició la acusación VGJ-2380-12.
En contra de Valentín Eduardo Vázquez Baños, quien fuera primer comandante de la Coordinación de Investigación, de 2002 a la fecha se han iniciado cuatro quejas, de las cuales una se archivó por falta de interés y dos por propuesta de solución. Asimismo, se emitió la recomendación R-VGJ-0010-13 por tortura contra una persona que tuvo lesiones en el ojo y en la clavícula derecha a consecuencia de los golpes que, denunció, le propinaron para se declarara culpable de ser “halcón” de Los Zetas.
“Le tronaron la clavícula y declaró puras tonterías aceptando lo que ‘ellos’ le decían”, refiere el expediente de la CDHEH sobre el incidente de este hombre que fue detenido en Plaza Juárez, sin orden de aprehensión.
La CDHEH acreditó el proceder ilegal de los acusados y pidió intervención al secretario de Seguridad Pública Alfredo Ahedo Mayorga, pero no fueron removidos de sus funciones.
Apelan libertad
Mientras la familia acusa la “fabricación de un culpable”, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que apeló la resolución mediante la cual Juan Carlos Escamilla Rodríguez obtuvo su libertad después de dos años en prisión acusado de la violación y homicidio de su hija Ana Itzel, acaecida en mayo de 2014.
La dependencia confirmó que el 15 de junio, día en que el padre de la menor cuyo cuerpo fue localizado semienterrado en el ejido de Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, abandonó el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Actopan, apeló el auto de plazo constitucional en cumplimiento de la ejecutoria de amparo y cuenta con 180 días para allegarse de nuevos elementos de prueba que permitan esclarecer esta muerte “y, en su caso, podría solicitar la reaprehensión del inculpado”.
La PGJEH también dio a conocer –a petición del autor– que el agente de Investigación Valentín Eduardo Vázquez Baños, a quien la familia de Ana Itzel acusa por tortura y amenazas, ya no labora en la fiscalía estatal, mientras que Jesús Castro Rojo, otro señalado por los mismos posibles delitos, fue reasignado a otro grupo, desde hace un año. Rotado, para que no creara “amistades” ni “compromisos”.
Además, añadió, “existe colaboración absoluta con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y las investigaciones que realiza, así como de las recomendaciones que pudiera emitir”.
La madre de la menor de 14 años que fue asesinada, Janeth Téllez Islas, aseguró que debido al hostigamientos que recibía de estos funcionarios tuvo que cambiar de domicilio mientras su esposo estaba recluido, mismo que identificaron ambos comandantes que, insistió, siguieron acosándola, al igual a que a sus hijos, motivo por el cual, dijo, los responsabiliza de cualquier situación que pueda pasarle.
Con independencia de la resolución del órgano colegiado judicial, indicó la PGJEH, “es una instrucción del procurador Alejandro Straffon Ortiz que la averiguación previa continúe en integración, en garantía de que el homicidio de la menor no quede impune”.
Actualmente lo está, al no haber en prisión alguien “penalmente responsable” del asesinato.
… Y magistrado culpa a la defensa
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Juan Manuel Menes Llaguno, justificó que la resolución para dejar en libertad a Juan Carlos Escamilla Rodríguez tardó 720 días debido a que la defensa no aportó pronto las pruebas. Mientras tanto, el “presunto culpable” pasó dos años en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Actopan, tiempo en el que se familia acusa amenazas de dos agentes de la Coordinación de Investigación, y él tortura.
“Déjeme decirle que en la instrucción se presentaron varias pruebas que no se presentaron antes para determinar su presunta responsabilidad. Y no es un ‘usted dispense’, sino es una tardanza en la aportación de pruebas por parte de la defensa.
“Esa sí es una cosa que, de alguna manera, tenemos que ver que en el nuevo sistema (de justicia penal) si nos va a ayudar muchísimo, porque ahí (en el viejo régimen) los jueces trabajan al ritmo que las partes quieren, pero en el nuevo sistema los jueces son más activos, participan más en todas estas, digamos, resoluciones”, declaró Menes Llaguno tras ser cuestionado sobre las observaciones que hizo el juez quinto de distrito del centro auxiliar de la novena región con sede en Zacatecas, sobre el actuar del juez Porfirio Austria Espinoza, a cargo del caso.
Con esta modalidad, opinó el magistrado, lo importante es que casos como el de Ana Itzel, “no se vayan a dos años” para determinar que, con las pruebas que valoró Austria, no era posible acreditar la culpabilidad del delito y que la persona sea liberada de reclusión, sino que “esto se arregle en cosa de meses”.
Y en tanto el magistrado aseguró que los dos años en reclusión eran responsabilidad de la defensa, diputados locales hicieron un llamamiento al procurador General de Justicia, Alejandro Straffon Ortiz, y al propio Menes Llaguno por inconsistencias en procesos y sentencias que, al ser revocadas, impiden que exista responsables en prisión por crímenes “sentidos por la sociedad”, como el caso de Ana Itzel, estudiante de la secundaria Técnica 40, de Pachuca, que fue reportada como desaparecida el 19 de mayo de 2014, pero su cuerpo sería localizado el 1 de junio en una construcción del ejido de Tilcuautla con avanzado grado de descomposición que, al verla, la madre expresó “Dios mío, como fue que la quemaron”, mas no fue así.
“Creo que en el afán de poder dar una pronta solución a un caso, como este consternó a la sociedad, y como muchos otros, tratan de sacar rápido al culpable, al primero que encuentren.
“Sí se tendría que hacer un llamamiento a que los agentes, la policía investigadora, la Procuraduría, los jueces, todo el personal encargado de impartir justicia, hagan un debido proceso”, consideró la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Imelda Cuellar Cano.
“No digo que el papá de la niña sea inocente, porque no sabemos, pero hubo muchas irregularidades en el proceso y eso hace que a lo mejor una gente culpable salga de un problema tan grave.
“Aunque tarden un poco más en entregar cuentas se debe hacer un debido proceso e investigar correctamente, no que sea mediática la reacción”, indicó.
Por su parte, el panista Juan Carlos Robles Acosta planteó que es “la corrupción en los ministerios públicos” la que contribuye a que existan irregularidades en los procesos.
Juez aletargó reclusión
El abogado José de Jesús Neri aseguró que Juan Carlos Escamilla Rodríguez debió ser liberado hace 17 meses, cuando se concedió el primer amparo, pero el juez Porfirio Austria Espinoza –entonces a cargo del caso– no acató ordenamientos federales. Por estas omisiones, anticipó, podrían iniciar un proceso penal en su contra.
“El juez es el que retardó esta situación. El primer amparo salió en diciembre de 2014 y emitieron el nuevo auto de plazo en enero. Él (Juan Carlos Escamilla) tuvo que salir absuelto en enero de 2015.
“Obviamente se quieren cubrir, se quieren tapar”, dijo el litigante tras la declaración del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Juan Manuel Menes Llaguno, sobre una supuesta tardanza de la defensa para aportar pruebas que propició que el acusado pasara dos años en prisión.
Además de Austria Espinoza, que no acató los ordenamientos federales, mencionó que podrían proceder contra Jesús Castro Rojo y Valentín Vázquez Baños, entonces agentes de la Coordinación de Investigación a quienes la familia de la menor acusa de tortura, amenazas y fabricación de un culpable.
“No me adelanto, me sujeto a lo que la familia diga, pero sí se pueden iniciar procedimientos por su mal actuar para que, en su momento, sean destituidos de sus funciones”.
Asimismo, confirmó que el juez Porfirio Austria no fue quien acató la resolución, ya que él fue rotado al juzgado primero penal de Pachuca, sino una jueza de quien no recordó el nombre al momento de la entrevista. De acuerdo con el directorio del Poder Judicial del Estado, Janeth Montiel Mendoza es la única jueza del sistema procesal penal en el distrito de Actopan, donde fue radicada la causa penal 117/2014 contra Escamilla Rodríguez.
“Para qué quieren más días, si ya lo tuvieron 2 años en prisión”
La madre de Ana Itzel Escamilla criticó el posicionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) al apelar la resolución que deja sin efecto el auto de formal prisión contra su esposo, y aseguró que si en dos años que estuvo preso no acreditaron su culpabilidad, no lo harán en los 180 días que tienen de plazo para allegarse de nuevos elementos de prueba y, en su caso, solicitar su reaprehensión.
Demandó, además, el esclarecimiento del caso, pues al no haber un probable responsable en prisión por este feminicidio –debido a que el cuerpo de la exestudiante de secundaria tenía huellas de violencia sexual–, el crimen está impune.
“Exijo a las autoridades me den respuesta de que paso con mi hija, pues ese es su trabajo (…) ahora resulta que nesecitan 180 dias cuando tuvieron dos años en su poder a juan carlos escamilla y no le pudieron comprovar nada (sic)”, escribió la mujer en una cuenta de redes sociales que habilitó para dar a conocer presuntas irregularidades en la investigación del caso y el proceso penal contra el padre de Ana Itzel.
Antes, cuando el supuesto autor intelectual y material del asesinato estaba recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Actopan, envió cartas al gobernador para notificarle el proceder de las autoridades que, a consideración del abogado José de Jesús Neri Cano, podrían ser hechos constitutivos de delito, pero no obtuvo respuesta.
Janeth Téllez cuestionó “¿cómo piensan resarcir todo el daño a mi familia?”, pues asegura que en los dos años que su esposo estuvo preso perdió su patrimonio y tuvo que sacar a su hijo menor de la escuela porque no tenía para solventar sus estudios.
Asimismo, exigió la destitución de los agentes de investigación Jesús Castro Rojo, Valentín Eduardo Vázquez Baños y del director de averiguaciones previas Cuauhtémoc Granados, quien, afirma, le dijo que, aunque el móvil del crimen había sido “una cuestión de drogas”, no le podían realizar examen toxicológico a su marido porque ya no saldrían los resultados de la supuesta ingesta de cocaína.
Para esta investigación se intentó contactar a Juan Carlos Escamilla, pero la familia pidió tiempo para que el denominado “presunto culpable” haga pública su historia mientras estuvo en reclusión.
A dos años del crimen, aunque su esposo fue absuelto del asesinato de su hija, la madre de Ana Itzel dice temer por su vida y responsabiliza a estas personas de cualquier daño que ella o su familia pudieran sufrir.
Los comandantes, incluso, persuadieron a su hija Icsayori Téllez para que testificara en contra de su padre y asegurara que “las tocaba” y eran víctimas de acoso sexual, reveló.
A la hermana, en 2014 menor de edad, los comandantes la subían a los vehículos que utilizaban para intentar convencerla. Esta irregularidad ya fue observada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), aseveró Janeth Islas.
Después del encarcelamiento, el hostigamiento y las amenazas no cesaron, asegura.
El juez Porfirio Austria Espinoza, quien estuvo al frente del caso, obtuvo el título de licenciado en derecho en 1971, por la UNAM (cédula 197542, según el registro Nacional de Profesiones). Él fue apercibido por “incurrir en una ilegal motivación al realizar el análisis” de las pruebas y determinar que Escamilla Rodríguez era el autor material del feminicidio, consideró un juez federal.
En su trayectoria acumula señalamientos por posible uso indebido de la función pública. Tan sólo el 23 de noviembre de 2015 un grupo de casi 20 personas se manifestó en su contra en el Juzgado Segundo Penal de Tulancingo, y fue acusado de aplicar sentencias “con opacidad, parcialidad y que sean frecuentes (presuntos) actos de corrupción”.
Por su parte, el litigante Neri Cano comentó que, aunque la ley contempla el derecho de apelación para la PGJEH, “no veo cómo puedan resolverlo, porque ya no se pueden incorporar más elementos (de prueba) de los que (ya) estaban. En su momento, la sala correspondiente tendrá que resolver con los elementos que obran en la causa penal, ya no se puedan integrar más.
“Él sale absuelto por falta de elementos para procesar, no lo pueden acusar otra vez porque hay un principio legal que consiste en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Si en dado caso, suponiendo que se llegara a revocar la resolución (mediante la cual el inculpado fue puesto en libertad), nosotros interpondríamos un nuevo amparo”, anticipó.
Por las inconsistencias en el proceso de este “y otros casos sentidos por la sociedad”, legisladores de oposición alistan un llamamiento al procurador Alejandro Straffon Ortiz.
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Imelda Cuellar Cano, expuso que, si esta persona era responsable, las irregularidades permiten su libertad, mas, si no lo es, pasó dos años recluido por un crimen que no cometió. En ambos casos, recalcó, el asesinato está impune.
La “versión oficial”
El móvil del homicidio habría sido “una cuestión de drogas”, según el secretario de Seguridad Pública, Alfredo Ahedo Mayorga.
La adolescente, que había sido reportada como desaparecida el 19 de mayo en Tornacuxtla, murió, según los resultados de la necropsia, de asfixia por estrangulación. Su padre –que había salido a las calles para exigir justicia en una marcha el 5 de junio en la que los participantes también solicitaron el cese de la violencia feminicida ante los casos de muertas y extraviadas–, bajo el influjo de los enervantes, la habría agredido sexualmente.
En la conferencia de prensa que encabezó para dar a conocer la detención de Escamilla Rodríguez, el jefe de la policía del estado añadió que de acuerdo con las investigaciones, cuando el hombre descubrió que su hija no tenía movimiento, la envolvió en un costal, la subió en una motocicleta y condujo aproximadamente un kilómetro, para llevarla al terrero donde permaneció enterrada 7 días hasta que las autoridades la localizaron. Esa vez la reportó como desaparecida y el ministerio público activó la alerta Amber.
(Esta investigación sobre probable corrupción e irregularidades en la impartición de justicia fue publicada, en cinco entregas, en diario Criterio, del 20 al 24 de junio de 2016. El autor, que también es colaborador de la Agencia Alternativa Desde Abajo, presenta esta versión ampliada del caso)
