MÉXICO . –No hablar español y no ser asistidos al momento de rendir una declaración por un defensor público que entienda su lengua materna, le cuesta a indígenas mexicanos ser encarcelados injustamente, responsabilizados de delitos que van desde la vagancia y faltas a la moral pública, hasta delincuencia organizada y trasiego de droga.
A esta debilidad del sistema de procuración de justicia, se suma la amenaza de los cárteles del narcotráfico, quienes reclutan a originarios de pueblos autóctonos para la producción y tráfico de estupefacientes.
En los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), incluidos los de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y del Altiplano, en el Estado de México –donde se encuentra, entre otros exlíderes de organizaciones criminales, Omar Treviño Morales, El Z-42, de Los Zetas, José Tiburcio Hernández Fuentes, alias El Gafe, del Cártel del Golfo, y Servando Gómez Martínez, La Tuta, de La Familia Michoacana–, están recluidos 288 indígenas por la presunta comisión de delitos federales, reveló a la Agencia Alternativa Desde Abajo el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en respuesta a una solicitud de información (folio 3670000000115).
De esta población penitenciaria, 61 están presos por probables delitos contra la salud –que considera la producción, transporte, tráfico, comercio y suministro de drogas–, 57 inculpados de ilícitos contra la vida y la integridad corporal, y 36 por presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Desde 2011, el entonces director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Xavier Abreu, reconoció que la lucha contra y entre cárteles del narcotráfico había cobrado nuevas víctimas: los indígenas que se encontraban entre el fuego cruzado de bandas antagónicas o que eran reclutados, a la fuerza, para actividades criminales.
A esto se suma quienes, según la actual titular de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado, han sido privados injustamente de su libertad, como Mario Bautista Bautista y Guadalupe López Bautista, de la etnia wirrárika nativa de la Sierra Madre Oriental, que fueron detenidos el pasado 29 de mayo en el aeropuerto internacional de Guadalajara por llevar entre sus pertenencias peyote, planta endémica de México que posee una larga tradición de uso medicinal y como ritual entre los indígenas.
A pesar de que el gobierno mexicano otorga un permiso a los nativos con el fin de moderar el consumo del peyote –llamado también la planta sagrada-, el delito que se les imputó a estas personas fue tráfico de estupefacientes.
“Era natural que llevaran esta planta que para ellos es sagrada y forma parte de su espiritualidad, pero no sólo llevaban peyote, sino otras muchas cosas que los definen y caracterizan como cultura”, dijo Florentino Moreno, vocero del Movimiento Magisterial Democrático en Jalisco, en un comunicado para protestar por esta aprehensión.
Ambos indígenas, que participaría en San José del Cabo, Baja California Sur, en el encuentro “El rescate de las culturas”, estuvieron presos por ocho días en la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde se encuentran reos de alta peligrosidad como Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, líder del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y José de Jesús Meléndez Vargas, El Chango, uno de los fundadores de la Familia Michoacana.
En el documento entregado a Desde Abajo, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social refiere que, de los 288 indígenas presos en cárceles federales, 16 están recluidos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y otros ilícitos acumulados a sus causas penales como privación ilegal de la libertad, contra la vida e integridad corporal y contra la libertad e inexperiencias sexuales.
Nueve más por delincuencia organizada y otros delitos agregados, dos por privación ilegal de la libertad y uno por lavado de dinero, entre otros. Además revela que las etnias con mayor presencia en los Ceferesos son la tepehuana, con 41; tarahumara, con 29, y nahua y zapoteca, ambas con 26.
ENGORDAN CÁRCELES NATIVOS Y NATIVAS DE PUEBLOS AUTÓCTONOS
De acuerdo con el último Censo Penitenciario de la CDI, en todas las prisiones del país, incluidas locales y federales, están recluidos y recluídas más de nueve mil indígenas. Esto, a pesar de que de 2013 a 2016, a través del Programa de Derecho y Acceso a la Justicia se han liberado, de acuerdo con el gobierno federal, a 4 mil 158.
Detenciones arbitrarias, falta de asistencia de intérpretes-traductores en lenguas autóctonas, ausencia de asesores jurídicos y defensores públicos bilingües con conocimiento de usos y costumbres son violaciones a los derechos humanos que padece este sector de la población, reconoció Nuvia Mayorga el 20 de febrero de 2015 al inaugurar, en la capital del país, el Seminario de Capacitación sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano.
Pese a su fuerte pronunciamiento, uno de los casos de encarcelamiento arbitrario se dio en Hidalgo (estado de origen de la titular de la CDI y el cual aspira a gobernar aunque en el proceso electoral 2016 no obtuvo la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI)) donde tres indígenas de la comunidad de San Joaquín, en Tecozautla, permanecieron recluidos durante tres años (el tiempo que lleva la funcionaria federal en su cargo) en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, acusados de un fraude fiscal por 486 millones de pesos.
Apenas el 16 de agosto de este año, sin que exista un remediación de daños por estar presos injustamente, fueron liberados al no acreditarse la comisión del delito.
Celso Mejía Caballero, Juan Caballero Hernández y Margarita Hernández Lugardo fueron encarcelados en agosto de 2012 señalados de supuesto contrabando de telas; sin embargo, sus abogados comprobaron, mediante una prueba grafológica, que el empresario Óscar Corro López falsificó, en 2009, sus firmas y usó sus identidades.
“Al fin se hizo justicia, sabíamos que nosotros no debíamos nada. Somos inocentes, somos gente humilde, de trabajo”, dijo Celso Mejía a los medios la noche que salió del Cereso de Pachuca.
“Nosotros vinimos (a la cárcel) a pagar una pena y nunca supimos qué era de lo que nos estaban acusando, estuvimos tres años privados de nuestra libertad”, añadió Juan Caballero, campesino hñahñú para quien es difícil entender que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los acusara de un fraude fiscal millonario porque un empresario falsificó sus firmas y gestionó un crédito de importación de telas a nombre de una cooperativa que habían fundado estos indígenas.
La esposa de Celso abandonó la comunidad y él perdió su patrimonio, al igual que Juan; Margarita, además de problemas económicos, tiene un delicado estado de salud a consecuencia de un mal tratamiento de su diabetes mientras estuvo encarcelada.
Estos indígenas habían pedido el indulto al presidente Enrique Peña Nieto, al argumentar irregularidades en su proceso penal y carencia de pruebas para incriminarlos, además de su condición que los ponía en desventaja hasta las instituciones públicas; sin embargo, el mandatario no les otorgó el perdón.
El verdadero responsable, Óscar Corro, nunca ha pisado una cárcel.
CÁRTELES, AL ACECHO DE INDÍGENAS
En su edición de julio de 2012, el semanario Newsweek dio a conocer que indígenas rarámuris eran obligados por narcotraficantes mexicanos a transportar cargamentos de 50 libras de mariguana en una mochila.
Ellos, convertidos en “mulas”, caminaban días por el desierto de Mojave en Adelanto, California, algunos con éxito; otros eran apresados por la Patrulla Fronteriza y procesados, indicó Ken Del Valle, un abogado defensor en El Paso, Texas, que había representado, hasta esa fecha, a más de una docena de los indígenas tarahumaras desde 2007.
Seis meses antes, el 28 de diciembre de 2011, un grupo de sicarios del Cartel de Sinaloa quemó todo el pueblo de Tierras Coloradas, en el municipio de Mezquital, en Durango, en aparente venganza porque indígenas colaboraban con el cártel rival de Los Zetas.
Por intentar defender su comunidad, los habitantes de este poblado fueron forzados a escapar de sus casas y ver, desde lejos, cómo éstas ardían entre las llamas.
De acuerdo con el documento proporcionado a Agencia Alternativa Desde Abajo por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, 113 de los 288 indígenas presos en cárceles federales tienen en su causa penal un cargo por delitos contra la salud (81 como único cargo y el resto acompañado de otros ilícitos como asociación delictuosa y contra la seguridad pública, entre otros).
Además, la Procuraduría General de la República (PGR) reveló, en otro documento (SJAI/DGAJ/12470/2014) entregado a Desde Abajo a través de la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que ha investigado a 801 indígenas por probable comisión de crímenes del fuero federal, principalmente en tres entidades: Oaxaca, con 198; Nayarit, con 118, y Chiapas, con 116.
Los delitos con mayor incidencia, indicó la fiscalía, son contra la salud, violación a la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y de índole ambiental.
Al presentar, en junio de 2014, las conclusiones a la observación que hizo sobre los derechos de los niños y adolescentes en México, la Unicef expresó una preocupación por la manera con la que grupos del crimen organizado reclutaban a menores de edad.
El organismo de la ONU expuso que los infantes indígenas, al igual que los migrantes, son grupos altamente vulnerables.
CUESTA $23, MIL LIBERAR A UN INDÍGENA PRESO INJUSTAMENTE
Por cada indígena preso injustamente que liberó en 2014, el gobierno federal gastó 23 mil 534 pesos.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reveló a la Agencia Alternativa Desde Abajo, como respuesta a una solicitud de información (0062500050014), que ese año destinó 28 millones 100 mil pesos para el programa de excarcelación de indígenas, con el que logró la liberación de mil 194 presos.
Sin embargo, sólo 13, es decir el 1.08 por ciento del total, lograron su libertad absoluta, mientras que 589 la consiguieron de forma provisional.
En el oficio DPCMJ/2014/OF/629 elaborado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y obtenido a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la CDI precisa que 26 originarios de pueblos autóctonos obtuvieron sus libertad por acuerdo reparatorio y suspensión del proceso, siete bajo reservas de ley, 20 por falta de elementos para procesar, 150 su libertad anticipada, 34 porque no hubo ejercicio de la acción penal y a once se les otorgó el perdón legal.
Los delitos con mayor incidencia entre quienes fueron liberados son contra el patrimonio (395), contra la vida y la integridad corporal (348), contra la salud (114), contra la familia (106) y por supuesta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (45).
Sin embargo, también hubo indígenas que eran prisioneros por “vagancia y malvivencia”, o presumibles ilícitos “contra la dignidad y contra la moral pública”; uno en cada caso, y no eran liberados porque no tenían recursos para pagar la fianza.
Para 2015, el presupuesto de la Comisión para excarcelación, pese a que más de ocho mil seguían presos, disminuyó a 26 millones 537 mil 620 pesos.
Sin embargo, pese al recurso federal, mientras el sistema de procuración de justicia carezca –como hasta ahora reconoce la propia CDI- de suficientes defensores con conocimiento de lenguas autóctonas, así como de usos y costumbres, y persista el reclutamiento del crimen organizado, los indígenas robustecerán, aún más, las cárceles mexicanas.
ANEXO ESTADÍSTICO
Tabla: Los diez estados con más indígenas investigados por la PGR
Oaxaca 198
Nayarit 118
Chiapas 116
Guerrero 50
Puebla 42
Sonora 40
Distrito Federal 26
Hidalgo 25
Estado de México 23
Guanajuato 22
- No hay indígenas investigados en Baja California Sur, Quinatana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.
- Los delitos con mayor incidencia son contra la salud, violación a la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos ambientales.
Fuente: Procuraduría General de la República
Indígenas recluidos en Centros Federales de Readaptación Social.
Grupo étnico número de internos
Amuzgo 4
Cakchiquel 1
Chatino 1
Chinanteca 6
Chol 2
Chontal 1
Cora 21
Guajiro 1
Huasteco 3
Huichol 8
Kekchí 4
Lacandón 3
Mame Man 3
Maya 15
Mayo 2
Mazahua 3
Mazateco 2
Mixe 2
Mixteco 12
Náhuatl 26
Otomí 9
Pápago 1
Popoluca 2
Purépecha 7
Quiché 1
Tarahumara 29
Tepehuacano 41
Tlapaneco 2
Totonaco 4
Triqui 3
Tzetzal 5
Tzotzil 19
Yaqui 10
Zapotecas 26
Zoque 2
Otros 4
TOTAL 288
Fuente: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social
En el país viven 68 diferentes pueblos originarios y que hablan 364 variantes lingüísticas. Asimismo, de acuerdo con el Censo 2010 y de la Encuesta Intercensal del año pasado, 25.7 millones de mexicanos se asumen como indígenas. En 2013 había 8 mil 500 indígenas presos en el país; en 2014 bajó a 8 mil, pero en enero de 2016 subió a 9 mil. Lo anterior, pese a la excarcelación de más de 4 mil entre ese trienio.
