Por la noche de este lunes 25, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para que los gobiernos estatales y los particulares puedan adquirir vacunas contra la COVID-19. Se trata de una medida aprobada por el presidente López Obrador, con la condición de que los Estados y privados que adquieran inmunizaciones deberán hacerlo con laboratorios autorizados por el Gobierno de México y aplicarlas de acuerdo al calendario de vacunación federal. Sin embargo, la medida se queda corta pues no existen regulaciones para evitar vicios del mercado como la especulación, la reventa, el fraude, la piratería, la acumulación, la irregularidad, la corrupción, el tráfico o la falta de garantías, en un campo tan delicado como las vacunas. Habiéndose liberado la compra y venta de estos productos, ¿qué autoridad sanitaria los regulará si ésta se encuentra ocupada (y hasta rebasada) procurando que se obedezcan las medidas de contención al virus? ¿Cuál es el marco legal que sancionará algún acto antiético relacionado al mercado de vacunas? Que los gobiernos de los Estados las compren y distribuyan, de acuerdo. Sobre ellos recaerá la responsabilidad de sumistrar como es debido el producto; es decir, evitando acaparamiento o que personas influyentes se salten los turnos de vacunación, dejando a cientos sino es que a miles en la indefensión tal cual ocurre con los programas sociales. Hay que recordar, pues, que la adquisición de inmunizaciones recaerá en impresentables como El Bronco, Enrique Alfaro o Francisco García Cabeza de Vaca. Pero, bueno, entonces, ¿quién asumirá el riesgo de que el mercado de las vacunas se salga de control en un país como México? Ya de entrada me parece un error que se haya aprobado así. Debieron dejar a los privados fuera de esto. Quizá el tiempo me niegue la razón.