. Guadalupe Pérez Chávez mantiene un plantón permanente frente al a Alcaldía de Ixmiquilpan, Hidalgo. Exige que le sean devueltas sus vacas, su tierra, su vieja camioneta y su casa, que le fueron despojadas por los caciques de Botenguedhó, comunidad donde vive, tras denunciar a su ex esposo por haber violado sexualmente, en varias ocasiones, a una de sus hijas. El agresor es confeso, sin embargo, alguien no quiere procesarlo. Por eso pide justicia, además, para que por fin pueda reunirse con sus tres hijos, recluidos y apartados de ella, por fuerza de un grupo de poder.
por Tania Meza Escorza
Ixmiquilpan, Hgo., México (DESDEABAJO).- Guadalupe Pérez Chávez, de 33 años de edad, vecina de la comunidad de Botenguedhó, en Ixmiquilpan, Hidalgo, estuvo casada 19 años con Gregorio Wenceslao Peña de quien se separó en 2008, luego de enterarse de que este hombre había violado repetidas veces a la hija de nueve años de ambos. Cuando la niña le revela los actos de violencia sufridos por parte de su padre, la señora Guadalupe se sale de su casa con sus cuatro hijos.
Cuando se percata de que su esposa iniciará una acción legal en su contra, el presunto violador huye a Estados Unidos, pero antes profiere amenazas de muerte contra la señora y, una vez más, contra la niña violada a quien tenía amenazada desde los nueve años de edad, bajo el argumento de que mataría a su madre si ella hablaba.
Gregorio Wenceslao Peña permanece varios meses en Estados Unidos, tiempo durante el cual llamaba continuamente a su esposa para amenazarla. Para finales de ese mismo año 2008, el presunto violador vuelve a su casa con actitud desafiante. Primero actúan como si nada hubiera pasado, pero al sentir el rechazo de su esposa e hijos, se comporta violentamente y corre a la familia de la casa. Pese a la violencia, la señora y sus cuatro hijos no se salen, así que él corta el servicio telefónico.
Al notar que las amenazas pasaban a los hechos y que la niña violada (para entonces ya de 15 años y con dos intentos de suicidio producto de las violaciones) presentaba crisis de angustia cada vez más frecuentemente, la familia se preparó para denunciar, a escondidas, por el miedo a una reacción todavía más violenta. Fueron al Ministerio Público y a Atención a Víctimas.
Con ayuda de integrantes de la comunidad, y a pesar de los pretextos de la policía municipal para no detener al presunto violador, la señora Guadalupe Pérez consigue entregar a su esposo a las autoridades, ante quienes él confiesa haber violado a la niña y señala “estar dispuesto a pagarlo con cárcel”.
Esto ocurrió el 11 de febrero de 2009, y fue llevado a los separos de la presidencia municipal de Ixmiquilpan, en donde permanece actualmente, a pesar de haberse declarado culpable y de tener muchas pruebas en contra.
Sobre esta situación, la señora Guadalupe Pérez expresa: “No comprendo cómo si él está confeso, si hay pruebas médicas, psicológicas y legales, ¿por qué tiene año y siete meses en los separos de Ixmiquilpan y no lo han consignado?”
Hasta aquí, todo parecía estancado a causa del burocratismo, pero otra serie de hechos violentos comenzó el 21 de septiembre de 2010, cuando la niña violada se presentó a ampliar su declaración, un numeroso grupo de personas intentó llevarse al detenido para liberarlo “robárselo a la policía”, dijo la señora Guadalupe. Como no lo lograron, la masa de personas se fue encima de la señora, su hija y sus familiares presentes, a quienes agredieron físicamente. La madre de la niña asegura que la turba fue enviada por el Delegado de Botenguedhó, Francisco Damián Peña, quien presumiblemente es pariente del presunto violador.
Tras dicha agresión, las autoridades municipales les hacen firmar un acuerdo en que no se molestarán más entre sí. “Ni yo con ellos ni ellos conmigo”, cuenta la señora Guadalupe Pérez. Pero cuando ella vuelve a Botenguedhó, se encuentra con que han roto las tuberías de agua que surten a su casa, han causado serios destrozos en el camino de entrada a su hogar y le impiden entrar a su casa..
La señora y la menor violada vuelven a Ixmiquilpan por el Ministerio Público, para denunciar que su casa ha sido sitiada y que sus otros tres hijos menores de edad están adentro, secuestrados.
El Ministerio Público se comunica con el delegado Francisco Damián Peña y logra negociar que la señora ingrese, “pero caminando” porque ya no le permiten entrar a su casa. Aunque hay aproximadamente 20 personas rodeando su propiedad, el delegado se compromete a que si ella pasa caminando “no le harán nada”. La señora pide al MP que la acompañe, pero cuando se disponen a partir, reciben una nueva llamada para informar que sólo dejarán entrara a la señora por sus hijos y algunas cosas mínimas, porque el delegado decidió que su casa y sus vacas han sido donadas a la comunidad.
Al no existir garantías para la integridad física de la señora y su hija, deciden no entrar a la casa, en donde sus tres hijos menores (de 15, de 10 y de 5 años) permanecen solos y rodeados. Al día siguiente, el representante del gobierno del estado en el municipio le acompaña a su casa, pero a penas han entrado, las autoridades se van y dejan a la señora y a sus hijos a merced de los sitiadores.
Ahí se quedan y con el paso de los días, la señora logra escapar a escondidas para decir que no pueden permanecer más tiempo sin agua, entre otras cosas, porque sus vacas (único recurso económico con que la familia cuenta) se están muriendo de sed. El jueves 23 de septiembre, por la noche, Doña Guadalupe consigue entrevistarse con el presidente municipal Heriberto Lugo González, a quien expuso su situación y pidió que le ingresaran una pipa, ya que los sitiadores mantenían el servicio cortado. Guadalupe Pérez Chávez describe el encuentro:
– “No puedo ¿qué quieres? ¿Qué te lleve dos cubetas de agua? ¿No puedo? Eso a mí no me compete. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué quieres, que vaya y me maten?”
– “Ah, entonces a mí sí que me maten –contestó la señora-“
– “No, no puedo hacer nada.”
El alcalde decidió ni siquiera recibir la solicitud por escrito que la señora llevaba, pero ella la dejó a la fuerza, salió de la alcaldía y se plantó en la calle. Esa noche ya no volvió con sus hijos, porque entendió que era el único recurso que le dejaban.
Al día siguiente, cuando las autoridades se percatan de que la señora está en plantó y recibe la solidaridad de la población, gestionan el ingreso de la pipa, pero tardan varias horas porque los sitiadores no permiten el paso. Cuando las vacas están a punto de morir, vecinos de Botenguedhó abren los canales de agua sucia, para que los animales no mueran de sed.
Tras ver que la comunidad se solidarizaba con la señora, los sitiadores permiten el acceso de la pipa. Las autoridades recomponen el camino de acceso roto, acompañan a la señora y a la pipa y, una vez más, salen de inmediato, dejándolos solos, a merced de sus acosadores, quienes volvieron a romper el camino, impidiendo la salida de la pipa.
Nuevamente, los habitantes de la comunidad se presentan en la entrada de la casa e impiden la destrucción del pequeño puente de acceso. La señora Guadalupe Pérez asegura tener la total solidaridad de sus vecinos, dice que sus agresores son diez o veinte personas al servicio del delegado Francisco Damián Peña.
Cuando el “profesor Aldana”, representante de gobernación en Ixmiquilpan (No se puedo averiguar el nombre completo) se da cuanta de que la comunidad se ha levantado para defender a la señora, entonces da la orden de intervención y los sitiadores se retractan en su intento por destruir el puente de acceso, pero no abandonan sus puestos.
Actualmente, la señora Guadalupe tiene una semana de plantó en frente a la presidencia de Ixmiquilpan. El acceso a la casa ya está abierto, aunque los sitiadores no han abandonado el lugar. Los niños están solos en la casa y dejaron de ir a la escuela, porque su madre está protestando contra las autoridades municipales y estatales.
Desde que inició el plantón y la prensa se ocupó del caso, doña Guadalupe Pérez ha recibido diversas peticiones por parte del Ayuntamiento para retirarse, pero ella está dispuesta a permanecer ahí, hasta que haya garantías sobre su integridad, la de sus hijos, la de sus animales y sus pertenencias; pero sobre todo, hasta que se haga justicia para su hija, no sólo en cuestión penal contra el presunto violador, sino hasta que su hija reciba la atención médica y psicológica que requiere luego de haber sufrido violencia sexual, física, psicológica, económica, patrimonial e institucional.
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