Hace un año que la Secretaría de Salud de Hidalgo dejó de administrar los hospitales, clínicas y servicios médicos que estaban bajo su poder. Desde entonces, todo pasó a manos del Gobierno de México, bajo el esquema de IMSS-Bienestar. Eso significa, por ejemplo, que el Hospital General de Pachuca ya no es aquel emblema de la salud hidalguense; o sí, pero el Gobierno de Hidalgo ya nada tiene qué ver.
En las propias palabras de la Secretaría de Salud, la dependencia se ha transformado en «eje rector» de todo el sistema del IMSS-Bienestar en Hidalgo. Es decir, las amplias tareas de atención que en otros tiempos dependían en su totalidad de la titularidad de los servicios de salud del estado, hoy están reducidas a actividades de gestión; importantes, sí, pero nada más. Por sus escritorios ya no pasa la contratación de profesionales, ni la compra de insumos. La labor de la secretaria Vanessa Escalante, es de facilitadora de la estrategia nacional que se dicte desde Ciudad de México, tal como ocurrió este martes 19 con el arranque de las «Rutas de la Salud», en la cual cumplió dando el banderazo de salida.
Es que, en realidad, Hidalgo nunca tuvo Secretaría de Salud. A pesar de que se nombró así a partir del sexenio de Francisco Olvera Ruíz, todo el esquema de atención sanitaria siempre dependió de los llamados Servicios de Salud, como un organismo descentralizado operador de la atención médica; en tanto que la «Secretaría», si bien tiene derecho a un asiento en el gabinete, cumple apenas las tareas de administración. De hecho, su presupuesto para el año 2025 nada más fue de 76 millones de pesos, de lo cual, la mayoría se destina en pago de nómina.
Y tales funciones se achicaron todavía más, con el cambio al IMSS-Bienestar. Ahí realmente se concentra todo lo que en Hidalgo tiene qué ver con salud. Pero no todo es malo. Claro que tal movimiento tiene una gran parte positiva. Por ejemplo, ya no viviremos episodios terribles de corrupción que protagonizaron extitulares de Salud en el estado, como Pedro Luis Noble Monterrubio (un abogado haciendo tareas sanitarias) quien dejó a la dependencia con sólo un 37 por ciento de abasto de medicamentos e incumpliendo con obras de infraestructura. O qué decir de su sucesora en el cargo, Geraldina García Gordillo (otra abogada en el cargo) quien desvió recursos del entonces llamado «seguro popular» por un monto superior a los 335 millones de pesos, ganándose el señalamiento por parte de la Auditoria Superior de la Federación.
Sí, qué bueno que podrá evitarse que los servicios de salud del estado se manejen como si fueran la caja chica de un pequeño municipio. Pero es una pena que la Secretaría ya no tenga facultades para tomar decisiones. Y pena mayor, porque, luego de varios fiascos, hace mucho que Hidalgo no tenía a una secretaria tan adecuada y digna como Vanessa Escalante. Ojalá que, el año que viene, el Ejecutivo le ayude con presupuesto para operar políticas y programas propios.
