El pasado viernes 10 de junio se cumplieron 40 años del “halconazo” o “matanza del jueves de Corpus” perpetrada por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.
Después de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, el gobierno decidió controlar más y calmar los ánimos del estudiantado. Para ello, uso grupos de golpeadores y la corrupción de las porras deportivas, aunque también ofreció arreglos políticos a los líderes (por ejemplo incorporarlos al PRI). Al principio fue efectiva la medida pero al paso del tiempo, se volvió poco efectiva y decidió cambiar su estrategia: enfrentaría los reclamos de los jóvenes con grupos irregulares del ejército entrenados especialmente para reprender y detener la agitación juvenil. Así, surgen “Los Halcones”, que entre sus actividades estaría la de reprimir manifestaciones estudiantiles, entre ellas la del 10 de junio de 1971.
El 10 de junio de 1971, día de la festividad de Corpus Christi, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se dieron cita en el Casco de Santo Tomás para realizar una manifestación por las calles de la capital mexicana y exigirle al entonces presidente Luis Echeverría (1970-1976) una reforma universitaria, liberación de presos políticos y libertades democráticas para estudiantes y obreros. La manifestación, que en su inicio fue pacífica, terminó convertida en una masacre por la irrupción en ella del grupo paramilitar de «Los Halcones», que abrió fuego para reprimir a las y los estudiantes, lo que dejó decenas de muertos y medio centenar de heridos.
Es hasta el gobierno de Fox que se crea, en el 2002, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que pretendía enjuiciar a ex funcionarios gubernamentales por crímenes pasados contra los derechos humanos, esclarecer la historia oculta de la guerra sucia, y compensar a las víctimas y sus familias. Uno de los logros de esta Fiscalía Especial, fue el informe ¡Qué no vuelva a suceder!, elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que sirvió de base para el propio informe de la Fiscalía Informe Histórico a la Sociedad Mexicana 2006, que lamentablemente el propio fiscal censuró de su diversos aspectos que responsabilizan al Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad, usados como recurso para controlar y aniquilar movimientos sociales y políticos, denunciaron ex integrantes del equipo de investigación histórica de esa dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR).
Del informe antes mencionado se derivaron los cargos contra el ex presidente Luis Echeverría y otros altos ex funcionarios, por complicidad en el genocidio de los estudiantes masacrados en 1968 y 1971, que fueron desechados por la Suprema Corte de Justicia, actualmente ambos casos se encuentran ahora cerrados. Por esta razón el Comité 68, integrado por sobrevivientes del movimiento estudiantil de 1968, ha solicitado a la Lic. Maricela Morales, Procuradora General de la República, mediante oficio entregado el 6 de junio pasado, la reactivación inmediata de los procesos que se siguen en contra del Lic. Luis Echeverría Álvarez, relativos a los sucesos del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y de los expedientes de cientos de desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia; y demandado, entre otros puntos, investigar los hechos de la represión del 10 de junio de 1971 en contra de un contingente estudiantes. En este caso específico, reclamar a los sucesores de posibles responsables y/o conocedores de los hechos represivos, de indiciados ya fallecidos, la entrega de material documental anunciado en su momento, como elementos de descargo y de los cuáles se anunciaron disposiciones explícitas a sus familiares, para que se dieran a conocer, transcurrido un tiempo prudente posterior a sus muertes.
“Castigo a los responsables. Ni perdón ni olvido. Halcones nunca más”.
