. A propósito del a visita que realizará este miércoles 28 a Hidalgo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, cabe señalar que existe un informe de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (ACADERH) donde la organización reprueba la actitud del Ejecutivo estatal ante conflictos sociales como los de Zimapán, Atitalaquia o Real del Monte, donde se ha privilegiado, señalan, el uso de la fuerza antes del diálogo para la solución de las problemáticas, situación que agravaron las crisis en temas como los de la construcción de un campo de golf en la zona boscosa de Real el Monte o de la problemática postelectoral en Atitalaquia y recientemente, la lucha ciudadana en Zimapán contra la instalación de un confinamiento tóxico en esa zona.
Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo
Pachuca.- A punto de concluir el 2007, el estado de Hidalgo mantiene el “claro retroceso” que desde el año 2006 presenta en materia de derechos humanos, pues la entidad es “tierra desértica en educación y sensibilidad al ejercicio” de las garantías fundamentales”, a pesar de los esfuerzos del gobernador Miguel Osorio Chong, los cuales, “son notoriamente insuficientes”.
Según se extrae de los informes en la materia que hace la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh), Hidalgo lleva dos años con retrocesos en derechos humanos a consecuencia de la “falta de voluntad para reconocer a las asociaciones civiles, y las modificaciones organizativas y legales para la protección de los derechos humanos”
A propósito del a visita que realizará este miércoles 28 a Hidalgo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, cabe señalar que la organización civil reprueba la actitud del Ejecutivo estatal ante conflictos sociales como los de Zimapán, Atitalaquia o Real del Monte, donde se ha privilegiado, señalan, el uso de la fuerza antes del diálogo para la solución de las problemáticas, situación que agravaron las crisis en temas como los de la construcción de un campo de golf en la zona boscosa de Real el Monte o de la problemática postelectoral en Atitalaquia y recientemente, la lucha ciudadana en Zimapán contra la instalación de un confinamiento tóxico en esa zona.
“En Hidalgo se han suscitado situaciones que han pasado al escrutinio de la opinión pública y del ombudsman local. Ante las confrontaciones y discrepancias sobre todo de conflictos sociales, como el de Atitalaquia, la construcción del Campo de Golf, problemas de tenencia de la tierra y otras demandas sociales se ha privilegiado el uso de la fuerza pública antes del diálogo y la concertación, por lo que se incurre en faltas graves y transgresiones a las garantías individuales”, señala el informe.
En el plano nacional, la ACADERH lamentó la actuación de la Presidencia de la República en las represiones contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco; contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); la “ineficiente respuesta” a los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua; las acciones policiacas contra los mineros de Sicartsa, en Michoacán; y la “impunidad” persistente en la muerte de varios mineros de Pasta de Conchos, Coahuila. En todas ellas se presentaron “una secuela grave de atentados a las garantías individuales”.
“En todo lo anterior fuero evidentes los excesos en uso de la fuerza cometidos, el allanamiento de moradas, la detención irregular de personas y la presencia de personal de seguridad en las transgresiones. Un raso característico de ello ha sido la falta de voluntad como el hecho de que el propio ejecutivo federal haya entrado en abierta discrepancia contar el ombudsman nacional (José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos), lo que dio cobijo a la impunidad. Así como un retroceso en el ejercicio de derechos y libertados adquiridas, como también la falta de cuidado y preservación de los derechos humanos”.
Creciente discriminación
Por su parte, el presidente de la Acaderh, Pablo Vargas González, advierte que los actos de discriminación, como flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades estatales, en Hidalgo van en aumento.
Casos como los de Geydi Hernández, quien estando embarazada a los 12 años de edad, le fue negada la inscripción al segundo año de secundaria y a la aplicación de una aborto terapéutico, bajo la mirada de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEPH) y del DIF estatal. O de las mujeres transgénero, quienes recientemente interpusieron una queja ante la delegación hidalguense de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por haber sido discriminadas en una tienda departamental.
“La ausencia de una legislación (sobre discriminación) en el estado de Hidalgo, impide que haya innumerables casos que no pueden ser tratados y ni siquiera considerados como tales, es decir como problemas de discriminación lo que trae graves consecuencias en la vulneración de derechos individuales. Sin hablar de hechos de discriminación estructural como la de la mujer y los pueblos indígenas, en los últimos meses han ocurrido hechos de discriminación de carácter religioso, y por manifestar ideas políticas y manifestaciones ideológicas”, expone el académico.
Dijo que para esta entidad “de evidentes contrastes y diferencias sociales”, la presentación de una Ley Estatal contra la Discriminación –hecha a finales de octubre del 2006-, la propuesta resulta de “gran importancia, y estamos en posibilidad de adecuar no solo nuestra legislación sino fundamentalmente las instituciones locales en consonancia tanto con normas internacionales como con las disposiciones nacionales, en particular con la modificación al artículo 1º de la Constitución Federal (2001) y la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación (2003)”.
Sin embargo, la Ley estatal contra la Discriminación, aún no se ha llevado al pleno del Congreso estatal.
