Latente la corrupción política en el sistema judicial de Hidalgo

. En Hidalgo, “evitar ser detenido en el Ministerio Público» es uno de los actos con mayor índice de corrupción, según Transparencia Mexicana; cifra que ejemplifica el caso de exoneración a Francisco Lanzagorta, personaje cercano al coordinador del Congreso del Estado, acusado de homicidio, hace exáctamente dos meses..

Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo


Carolina Viggiano, presidenta del TSJ. CORRUPCIÓN(foto: Especial)

La corrupción política en el estado de Hidalgo es uno de los padecimientos sociales mediante el cual giran la mayoría de los acontecimientos partidistas y gubernamentales de la entidad, dando paso a acciones de negligencia e impunidad como lo fue la exoneración que hace dos meses dio el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) a favor de Francisco Lanzagorta, un político veracruzano cercano al coordinador del Congreso local, José Antonio Rojo García de Alba, quien fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de dos indígenas del municipio huasteco de Yahualica en el año 2003.

De acuerdo a lo establecido por la organización no gubernamental Transparencia Mexicana, en su ÿndice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, el estado de Hidalgo ocupa el cuarto lugar nacional con mayores índices de corrupción política en el año 2005, y explica que casos como el de Francisco Lanzagorta son comunes en la entidad; según su calificación, los actos de corrupción del sistema judicial alcanzan los niveles más altos; éstos, ocurridos por acciones como el tráfico de influencias a causa de la consanguinidad, compradazgo o por beneficios partidistas.

Transparencia Mexicana, en sus documentos por “Entidad Federativa y Trámite» correspondiente al estado de Hidalgo, manifiesta que “Evitar ser detenido en el Ministerio Público /realizar una denuncia, acusación o levantar un acta/ lograr que se le de seguimiento a un caso», tiene en la entidad un índice de corrupción del 16 por ciento. Tal “trámite» es el ejemplo de la exoneración del TSJ a Francisco Lanzagorta.

Dicha situación se aplica también a la “materia» “Llevar o presentar un caso en un Juzgado», tiene en el estado de Hidalgo un índice de corrupción del 20 por ciento; o como en la cifra con “Ingresar a trabajar al Gobierno» con 15 por ciento.

De acuerdo a lo expresado en la agenda ciudadana de la Unión de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo (UNIDOS-H), acabar con la corrupción en las esferas de poder es uno de los ejercicios primordiales de las asociaciones civiles, y, por tanto, corresponde a las sociedad civil generar factores que de a poco vayan eliminando esas prácticas que tienen a la entidad hidalguense en una de las posiciones “más vergonzosas» del medidor nacional de corrupción política.

En dicho documento, las más de 20 organizaciones de la sociedad civil del estado de Hidalgo, hacen un “diagnóstico» de la realidad política y social estatal, donde destacan que hechos de influyentismo como el suscitado en el caso de Francisco Lanzagorta, tienen una repercusión directa en la ciudadanía, que es la principal afectada de estos actos; en algunas ocasiones fatales como en dicha situación, que puso en vilo a la mayoría de los pobladores de Yahualica que tuvieron que padecer los embates del sistema que protegió y protege a Lanzagorta, quien, por cierto, aún aparece como uno de los “delincuentes más buscados» por la Procuraduría General de la República (PGR).

Según Transparencia Mexicana dio a conocer, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Estado de México y Distrito Federal son las entidades con la “mayor incidencia de corrupción» en el ejercicio de la función pública.

Clásico modelo de corrupción local

Bajo la óptica de Israel Covarrubias González, investigador del Centro de Estudios de Política Comparada, casos como el de Francisco Lanzagorta y la protección que le brindó el “posible tráfico de influencias», según lo expuso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), obedecen a una “tradicional fenómeno de clientelismo político» como mecanismo de “control» del sistema político local, instrumentado en el “caciquismo».

Define que la “función central» del cacique en estados como Hidalgo es el de ser “intermediario en la relación centro-periferia del poder político y eso a pesar de que no siempre llegó a ocupar cargos oficiales para ejercer su poder». Lanzagorta era asesor de la presidencia municipal de Yahualica, presidida por el priista Juan Ramírez.

El académico explica que “los empeños por controlar la corrupción» en los estados y a nivel federal, se dan en una dinámica de “arriba hacia abajo», es decir, señala, “provienen de los propios esfuerzos que la clase dirigente realice para controlar su discrecionalidad», a través de las prebendas y colocación de “personajes de confianza» en los puestos de gobierno.

“En este orden de ideas, es significativo observar una correlación entre incremento de los controles estatales de la corrupción y visibilidad de algunos escándalos de la misma», como es el caso.

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