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Fiscalía para mujeres: Mucho dinero, pocos resultados y vacíos legales

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País (FEVIM), dependiente de la Procuraduría General de la República, está por comenzar un nuevo ciclo dentro de la nueva administración de la dependencia, ahora dirigida por Eduardo Medina Mora. En cuestión de días se definirán sus próximas metas y estrategias.

De Antonio González Díaz

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País (FEVIM), dependiente de la Procuraduría General de la República, está por comenzar un nuevo ciclo dentro de la nueva administración de la dependencia, ahora dirigida por Eduardo Medina Mora. En cuestión de días se definirán sus próximas metas y estrategias.

Mientras esto sucede, cabe analizar los resultados de la Fiscalía encabezada por la Dra. Alicia Elena Pérez-Duarte y Noroña, la misma que durante sus primeros meses de creación sólo figuró por la férrea defensa de la periodista Lydia Cacho y las irregularidades detrás de su detención como presunta responsable de los delitos de difamación en contra del empresario Kamel Nacif.

EL PRESUPUESTAZO Y LOS (mini) RESULTADOS

Con un presupuesto de 44 millones 881 mil 132 pesos 66 centavos ejercidos de febrero a septiembre de 2006 (de acuerdo a una solicitud de acceso a la información), de los cuales 19 millones 427 mil 472 pesos correspondieron al rubro de “servicios personales»; 17 millones 980 mil pesos a “bienes muebles e inmuebles»; 4 millones 676 mil 921 pesos a “servicios generales»; 2 millones 583 mil pesos 222 mil pesos a “obras públicas» y 213 mil 517 pesos a “materiales y suministros»; el que sólo haya un “triunfo» en torno a la protección de las mujeres, como en el caso de Castaños, Coahuila, es un resultado raquítico.

Dicha acción refiere la aprehensión de ocho militares y la búsqueda de otros cuatro por su presunta participación en la violación de 13 mujeres, en julio de 2006. “El caso de Castaños es un gran éxito en el que participaron la Procuraduría de Coahuila y la Militar, para meter a la cárcel a ocho militares a quienes se les siguieron dos procesos», refirió la Fiscal durante el Seminario “La Violencia no es Natural, deconstruyendo mitos», en noviembre de 2006.

En dicho encuentro, dirigido a periodistas en la ciudad de Cuernavaca, Pérez-Duarte informó que el órgano a su cargo ha abierto 29 averiguaciones previas y ha atendido 80 expedientes de colaboración con distintas Procuradurías de Justicia estatales, lo que arroja un gasto de 411 mil 753 pesos 51 centavos por investigación en tan sólo siete meses de actividades. Cantidad ofensiva, por su poco rango de efectividad y beneficio, ya que, según la misma Fiscal, entre 1999 y 2005 más de seis mil niñas y mujeres fueron asesinadas en México; tan sólo en el Estado de México, del 2003 al 2005 ha habido mil 288 homicidios dolosos de mujeres; del 2001 al 2005 en Guerrero 863 casos; de 1999 al 2005 en el Distrito Federal 743 casos se han detectado y en Morelos del 2000 al 2004, 125.

LOS RETOS

De tal forma, el gasto de 44 millones 881 mil 132 pesos 66 centavos en tan sólo 109 casos, muestra la imperiosa necesidad de un cambio de estrategia. En primera instancia, en el sentido de las facultades de la propia FEVIM, misma que en la mayoría de los casos de violencia contra la mujer no puede intervenir si no es por solicitud expresa de las Procuradurías de Justicia locales. De tal forma, solamente los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur han solicitado la colaboración integral de la FEVIM, mientras que el Distrito Federal, el Estado de México y Yucatán han requerido colaboración técnica, y Nayarit, Jalisco y Michoacán, han solicitado Programas de Especialización para Ministerios Públicos en torno a perspectiva de Género. Es decir, solamente una tercera parte de las entidades del país se ha preocupado y ocupado por atender los delitos contra las mujeres. De esta forma, no debe resultarnos extraño la expansión en el país de casos de feminicidio y feminicidio sexual sistémico.

Asimismo, otro de los retos de la FEVIM es el esclarecimiento del caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, el ejemplo paradigmático de feminicidio y feminicidio sexual sistémico que “si es resuelto sería el parte-aguas para la atención de los feminicidios en el resto del país», como lo afirmó la propia Pérez-Duarte, homicidios que han dejado de ser foco de atención para la propia PGR, pero que no dejan de dolernos como sociedad.

LA IMPUNIDAD

Mientras el aletargamiento continúa, organizaciones como la Fray Julián Garcés, en coordinación con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, documentan que tan sólo en el municipio de Tenancingo operan mil “padrotes», quienes utilizan desde el convencimiento hasta el chantaje y la violencia física y moral para explotar sexualmente a mujeres de la comunidad. Considerando que Tenancingo tiene una población de 10 mil habitantes, el que el 10 por ciento de ellos se dedique a la trata de personas con fines sexuales es una cifra alarmante.

“La existencia de la problemática en Tlaxcala ha sido evidencia en casos como el de la Familia Carreto Flores, de la comunidad de Tenancingo, una red familiar que de 1971 a 2004 lucró con más de diez mujeres mexicanas de entre 14 y 19 años de edad, quienes fueron forzadas a prostituirse en los estados de Puebla, Tlaxcala, Baja California y el Distrito Federal, así como en Nueva York, Estados Unidos», puntualiza la información que fue entregada por la organización al Congreso del estado. Junto con el informe, la organización Fray Julián Garcés presentó la Iniciativa Popular contra la Trata de Personas, misma que se acompañó por más de 23 mil firmas y se realizó con la colaboración de al menos 20 organizaciones civiles de Tlaxcala ya que en la entidad no existen mecanismos que permitan perseguir y sancionar situaciones de trata de personas, como tampoco existen políticas públicas especiales para prevenir y erradicar la misma en el estado.

LAS INCONGRUENCIAS

Y es que las lagunas legales persisten en nuestro país. En Chihuahua, aún después de reformados los códigos Penal y de Procedimientos Penales del estado, la entidad sigue siendo una de las siete entidades de la República (junto con Baja California, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Oaxaca y Chiapas), donde la violencia contra la mujer tiene atenuantes. En dichos estados los códigos penales consideran como atenuante la emoción violenta cuando los delitos son cometidos por parientes o cónyuges, denunció la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura. El reporte destaca que hay estados en los que la legislación incluye al matrimonio como cese de la acción penal para el delito de estupro y otros como Veracruz y Sonora, donde se requiere que la mujer “viva honestamente» para que la acusación por estupro proceda.

En los códigos y leyes de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Veracruz, se establece que la “honorabilidad» de las mujeres es “requisito» para la conformación del delito. Advierte además que se disminuye la responsabilidad del victimario y se señala «culpable» a la víctima en los casos en que persiste la creencia de que quienes violentan a las mujeres son enfermos mentales, psicóticos, alcohólicos, satánicos y quienes lo hacen en menor saña son justificados sólo por ser celosos, malhumorados, decepcionados o “traicionados» por ellas. En tales casos, la violencia es sólo el “castigo al mal proceder».

LAS PROPUESTAS

La Académica e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marcela Lagarde, ex presidenta de la Comisión Especial para Feminicidios de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura, pidió al Senado de la República tipificar al Feminicidio como un delito de lesa humanidad en el Código Penal Federal. Cambio que pondría en el ámbito federal su investigación y que también podría dar entrada a las Cortes Internacionales para su intervención y resolución.

Por su parte, la Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Patricia Galeana, consideró que la violencia al interior de las familias “es el origen de la mayor parte de los problemas que afectan a nuestra sociedad, destruye moral y físicamente a sus miembros y es factor criminógeno determinante. Un alto porcentaje de las personas que delinquen han sido sus víctimas».

De ahí que resulte de suma importancia la reestructuración de los objetivos y funciones de la FEVIM y la reasignación de sus atribuciones y campo de acción. Asimismo, la Federación debe elevar su preocupación en estos casos y reasignar presupuesto y capital humano para su intervención. Mientras que los estados deben comenzar por reformar sus leyes en torno al caso para enmendar los vacíos legales que alientan la violencia contra las mujeres.

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