Es legalmente posible el fraude electoral en Hidalgo

. El orden fiscal de la ley electoral del estado, ha permitido que en los últimos años hayan podido existir desvíos de recursos y aportaciones de dinero prohibidas a las campañas y pre-campañas de los diferentes partidos políticos. La legislación no alcanza. Sus límites dan pie a los negocios a oscuras, mismos que no pueden ser comprobados. De aquí nacen las candidaturas y gobiernos ilegítimamente constituidos. En tanto, el IFE como el IEE, se lavan las manos de la responsabilidad

Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo

Pachuca, Hgo., México.- A poco menos de un año de que en la entidad se realicen unas nuevas elecciones, esta vez, parta renovar al Congreso del Estado, resulta necesario apuntar que en Hidalgo es posible el fraude electoral. El orden fiscal de la ley electoral del estado, ha permitido que en los últimos años hayan podido existir desvíos de recursos y aportaciones de dinero prohibidas a las campañas y pre-campañas de los diferentes partidos políticos. La legislación no alcanza. Sus límites dan pie a los negocios a oscuras, mismos que no pueden ser comprobados. De aquí nacen las candidaturas y gobiernos ilegítimamente constituidos.

En el capítulo cuarto, sección segunda de la ley electoral del estado de Hidalgo, se especifica que : “Las aportaciones anónimas o de personas no identificadas quedan prohibidas». No obstante, nuestra legislación no establece un orden de fiscalización adecuado, que no permita que los recursos ilegales lleguen a los partido políticos. Es decir, no hay ningún parámetro, ningún reglamento, ninguna obligación fiscal lo suficientemente capaz de hacer posible que el fraude electoral no se lleve a cabo; menos aún para vigilar que éste no suceda.

Puesto en otras palabras. Si hay desvío de recursos de algún gobierno municipal o del estado hacia un candidato, o si un particular no identificado aportó dinero a alguna campaña o pre-campaña, la ley electoral no es capaz de evitarlo, mucho menos de comprobarlo y, siendo así, imposible de castigarlo

Matías Díaz de León, vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE) en la entidad, explica de que se trata: “Cada órgano electoral fiscaliza los recursos que entrega. Podemos partir de este principio. Es dinero público, pero vamos a partir del órgano que lo entrega a los partidos. Tanto el IFE como los institutos estatales, entregan financiamiento a los partidos. Cada órgano debe fiscalizar el destino de los recursos que se le entregan a los partidos políticos. El IFE debe fiscalizar lo que entrega a nivel nacional y los Institutos Estatales lo que entregan a nivel local, como financiamiento de los estados. Cuanto les entregan, cuanto ingresa a los partidos políticos y en que lo gastan, eso es lo que se debe fiscalizar. Porque ademas del financiamiento público, hay financiamiento privado, por militantes, pero hay un límite de aportación de militantes. Sabemos que está prohibido que las empresas mercantiles aporten recursos a los partidos políticos, que los poderes estatales, federales o municipales aporten recursos. Entonces ahí es donde entra la fiscalización. Que los partidos gasten exactamente lo que se les entrega, por parte del financiamiento y que lo que gastaron de mas, lo hayan ingresado de manera legal».

Pero hay un problema. Existe una laguna fiscal que permite que los partidos reciban recursos tanto a nivel nacional y estatal, mientras todo se fiscaliza con un solo orden. Esto permite que existan recursos no reportados con orígenes presumiblemente ilegales.

Para que esto no ocurra, el IEE y el IFE deben firmar un convenio de colaboración para que el dinero de un partido político se fiscalice tanto a nivel nacional como local; y, mediante el compartimento de información y experiencias, se evite el fraude electoral propiciado por el manejo de recursos prohibidos en las campañas electorales.

“No hay convenio ahorita en materia de fiscalización -sostiene el vocal-, pero eso no quita que, tanto el IFE, como el IEE lleven a cabo la fiscalización de los recursos que ingresan y que gastan los partidos políticos. O sea, aún cuando no hay convenio, hay fiscalización. Lo que sí le digo es que la fiscalización podría ser mas exhaustiva, si hubiera un convenio».

– Sí – inquiere el reportero-, porque de repente esto se perdería porque la ley electoral resulta endeble ¿no?

– Así es -responde Díaz de León.

Además, el vocal ejecutivo del IFE, reconoce lagunas en el orden fiscal de la ley local: “Lo que si es cierto es que, hay cantidades de dinero que ingresan a los partidos que, si no se tiene una estricta regulación, pues no entran al ámbito de la fiscalización» (…) «Ahora, una cosa sería llegar a convenios de colaboración, de apoyo técnico, de asesoría para fiscalizar los recursos, pero algo mas importante sería que la legislación local, permitiera una amplia fiscalización de los recursos y, que el órgano electoral local, a partir de esa legislación, fuera reglamentando mas exhaustivamente a detalle como la fiscalización se debe llevar.

– Entonces, la ley electoral del estado es tan débil que no permite que se fiscalicen adecuadamente los recursos de los partidos políticos; es decir, puede permitir, incluso, recursos provenientes del gobierno del estado o de empresas ilegales, sin que haya una correcta regulación ni reportes de cuentas por parte de los partidos…

– Lo que pasa que la ley es muy general. La ley establece principios muy generales, aunque la ley prohíbe todo esto que usted me comenta.

– Pero el que no haya una fiscalización como la que está implementando el IFE, a nivel local, permite que esto pueda suceder ¿no?

– Podría sí, eventualmente ocurrir. Aquí tal vez, sería problema no tanto de lo que la ley permite sino de su aplicabilidad. De la posibilidad de aplicarla mas a detalle. Reglamentarla mas.

Y Agrega: “En el ámbito local, lo que sabemos que existe es una comisión de fiscalización, inclusive sabemos que hay un ente alterno al instituto que fiscaliza o lleva la fiscalización de los recursos de los partidos. Lo que sí le puedo decir es que falta mucho por legislar para regular con mas prioridad los recursos de los partido políticos».

El gran vacío

Pare el politólogo, experto en materia electoral, Pablo Vargas González existe “un gran vacío» en torno a la fiscalización del manejo de los recursos de los partidos políticos.

– ¿Esto permite que exista dinero del gobierno del estado para el partido al cual representa?

– No solamente del gobierno del estado, sino también puede ser de los particulares, de organizaciones, de todo tipo de entradas que, como no hay ningún control, como no hay ninguna normatividad en torno a que tipo de fiscalización hay, sobre todo en época de pre- campaña, se puede prestar a que todo tipo de agencia pública, privada o particulares puedan intervenir y aportar recursos sin el menor control. Ese es un problema severo, porque genera desigualdad y una serie de iniquidades en torno a la competencia.

De acuerdo por lo explicado por Vargas González, esta ausencia legal ha sido continua y sistemática; y se hizo más presente cuando los partidos políticos decidieron abrir sus candidaturas y procesos internos a un orden electoral. Esto generó un proceso prácticamente simultaneo con las elecciones constitucionales donde hay una competencia previa utilizándose muchos recursos. “Esto genera iniquidad».

Para el experto electoral, la ley se debe de reformar –asunto que en la actualidad sucede-, pero se debe de reforma adecuadamente. Y fiscalizar con mas meticulosidad el manejo de los recursos. “Eso es un vacío, una ausencia, una carencia de la ley. Y eso es lo que hace falta. Complementarlo con los topes fijados para las campañas electorales, y crear una sección exclusiva de pre-campañas; y, desde luego, profundizar la fiscalización de entradas y salidas, de los dineros públicos y privados en los partidos».

Culpa es de los demás.

Pero el Instituto Estatal Electoral (IEE)no reconoce que existan lagunas legales para la fiscalización de los recursos públicos y privados de los partidos políticos.

Aún antes de dejar el cargo, el entonces vocero de la dependencia, Noé Muñoz, sostuvo: «En ese sentido, te puedo decir que no. El IEE se rige bajo los argumentos que tiene la ley del estado y confía que el trabajo que realiza esta comisión de auditorías que es conformada con la sugerencia de cada uno de los partidos políticos, y que presentan sus reportes mensuales; ellos se encargan de corroborar que todo este financiamiento y todos los recursos y el manejo del dinero de cada uno de los partidos políticos, sea de acuerdo a lo que marca la ley».

Y se lava las manos: “En ese sentido, si la ciudadanía o los partidos consideran que existe vacío y que hay hueco en la ley, sin ellos quienes tienen que sugerirlo a través de sus legisladores en el congreso del estado».

– O sea, ¿no es competencia del IEE?

– Exacto. (Desde Abajo)

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