Independientemente de que las injusticias y los atracos debieran indignarnos a todas y todos, más cuando se trata de bienes de la nación (porque eso son las señales de televisión y radio), existen motivos por los que esta nueva ley nos afecta en general como instituciones y como ciudadanía y, en particular, como individuos. Principalmente, porque si los que ya tienen muchas emisoras son quienes podrán tener más y probablemente usarán esos espacios sólo para obtener ganancias económicas, las opciones de contenidos mediáticos se reducen y se empobrecen.
Por: Tania Meza Escorza / Desde Abajo
Pachuca, Hgo. México. Cuarenta y cinco años esperando esta nueva ley y nada, nada de lo que la ciudadanía interesada en el tema había venido exigiendo está presente.
No se establecen límites en la concentración de empresas de radio y TV (es decir, más medios en menos manos)
No se habla de la responsabilidad de los contenidos mediáticos
No se incluye el derecho de réplica
No se actualizan las sanciones
No soluciona (ni siquiera lo intenta) la precaria situación económica con que sobreviven las emisoras permisionadas. De ellas, lo más destacable en esta ley es que no les permite ofrecer los servicios adicionales.
Elimina de un plumazo a las estaciones comunitarias, porque al referirse a las emisoras públicas dice: las culturales, las indigenistas, las universitarias y las de especialidad. No menciona a las comunitarias, que deberán ver cómo se acomodan en el concepto de culturales. Pero, quienes tienen por lo menos un gramo de conocimiento en radio y televisión, saben que entre una emisora cultural y una comunitaria existen grandes diferencias.
¿Y a mí qué?
Independientemente de que las injusticias y los atracos debieran indignarnos a todas y todos, más cuando se trata de bienes de la nación (porque eso son las señales de televisión y radio), existen motivos por los que esta nueva ley nos afecta en general como instituciones y como ciudadanía y, en particular, como individuos. Principalmente, porque si los que ya tienen muchas emisoras son quienes podrán tener más y probablemente usarán esos espacios sólo para obtener ganancias económicas, las opciones de contenidos mediáticos se reducen y se empobrecen.
En el caso de Hidalgo, esta ley afecta a toda la población:
Al gobierno del estado: Porque tendrá que seguir manteniendo a Radio y Televisión de Hidalgo, sin que pueda retroalimentarse con las ganancias económicas que le dejaría a nuestra entidad el poder comercializar la radio y la TV estatales. Y no sólo deberá mantenerles como hasta ahora, sino que, si estas emisoras desean entrar en la convergencia tecnológica, no habrá recursos adicionales para lograrlo. Lo más frustrante es que el dinero para la convergencia podría salir de las propias estaciones de radio y televisión, si se les permitiera patrocinar sus espacios.
A Radio y Televisión de Hidalgo: No sólo por la cuestión económica mencionada, sino porque, con la competencia desleal a la que conlleva esta nueva ley, quienes trabajan en emisoras públicas deberán echarle todavía más agua a los frijoles, si desean mantener niveles de audiencia aceptables.
A las emisoras privadas hidalguenses: Que han apostado siempre por invertir en la comunicación masiva local, y que se han resistido a la tentación de vender sus estaciones a las grandes cadenas beneficiadas con esta ley. Estaciones privadas de mucha tradición en sus regiones, como la XENQ de Tulancingo y la XECY de Huejutla, requerirán de un capital del que probablemente no disponen para hacer competencia a los gigantes, que hoy se han fortalecido aún más.
A la ciudadanía de a pie: Porque las estaciones de radio y televisión que representan una alternativa, necesitarán de esfuerzos enormes para mantenerse a flote, sin caer en la tentación de poner sólo música vendible y cortes comerciales. Probablemente, en nuestra convivencia cotidiana con los medios electrónicos, las alternativas serán cada vez menos.
Si esta nueva ley de Radio y Televisión beneficia a los grandes monopolios, si da más concesiones y facilidades a quien más tiene y menos a quien menos tiene, si evidentemente es Emilio Azcárraga el principal beneficiario, ¿cómo es posible que, encima de todo, se enojen porque se le llame la Ley Televisa?
Tal como establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las asignaciones de radio y TV deben considerar criterios que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos. Las subastas que contemplen criterios únicamente económicos, o que otorguen las concesiones sin una oportunidad equitativa para todos los sectores, son incompatibles con la democracia participativa y con el derecho a la libertad de expresión e información.
La convergencia tecnológica debe contemplar no sólo el aprovechamiento de la infraestructura, sino la manera en que la sociedad se apropia de las nuevas tecnologías.
Consulte la nueva ley de Radio y Televisión: www.gobernación.gob.mx/dof (Desde Abajo)
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