. Este miércoles 7, el Dr. Pablo Vargas González anunció de manera oficial que el Trbunal Federal de Cisrcuito le otorgó la razón en el juicio laboral que mantiene por despido injustificado contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). De esta formal, legalmente, el caso que comenzó en enero del 2006, ha sido una lucha ganada por la sociedad civil a quienes mantienen el control político en la UAEH, declaró el investigador.
por Desde Abajo
Texto íntegro sobre el caso, redactado por el Dr. Vargas González
1. El 3 de enero de 2006, fui prácticamente desalojado de mi oficina en las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), con lujo de intimidaciones, presión y engaños, sin que hubiera ninguna justificación y sin que presentaran ninguna notificación por escrito, lo cual configuró desde ese instante un despido injustificado.
2. A pesar de que solicité la intervención de las principales autoridades de la UAEH y del líder del sindicato académico (SPAUAEH) para aclarar y definir mi situación jurídica, ninguna de estas instancias dio una respuesta. Por el contrario, se negaron a dialogar y a dar una solución basada en las normas internas de la institución.
3. Dado que ese acto incluía una serie de transgresiones a mis derechos civiles, laborales y políticos, recurrí a la Comisión Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México (CONAPRED). El resultado fue que ambas instancias dictaminaron que se investigara a fondo y se me restituyeran tales derechos. Dada la cerrazón de las autoridades de la universidad, que en todo tiempo se negaron al dialogo y nunca expusieron mi situación jurídica, acudí a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECA) y entablé una demanda por despido injustificado, el 28 de febrero 2006 (expediente 04/2006).
4. El juicio estuvo plagado de amenazas por parte de los abogados de la UAEH, y de anomalías por parte del personal de la JECA. El 8 de junio, el pleno de la JECA dictó una sentencia en que “absuelve” y perdona a las autoridades de la universidad de restituirme el empleo, y los condona de pagarme las prestaciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo.
Las pruebas y justificantes que presentaron las autoridades de la universidad son del todo inconsistentes. Hay desde una acusación por falta de comprobación de gastos, hasta faltas “administrativas” que si hubieran ocurrido se resolverían por la vía administrativa, pero de ningún modo serian fundamento para un despido.
Toda esta sentencia se basó en un documento falso y alterado, producto de un delito de orden penal que la JECA consideró como válido. Es un documento presentado donde supuestamente digo “Que ya estoy cansado del maltrato hacia mi persona y que mejor renuncio para ya no tener más problemas, que es todo lo que tengo que manifestar”, un párrafo que agregaron las autoridades de la UAEH a una acta de entrega recepción de mi oficina, de donde me sacaron con lujo de intimidación, engaños y violencia verbal. Este documento no sólo es pueril y ridículo, sino que violentó todo tipo de legalidad.
5. Debido a lo anterior, interpuse por conducto de mi abogado José Antonio Cossío, el Juicio de Amparo Laboral (447/2007) ante la justicia federal, a través del Tribunal Colegiado de Circuito, para hacer valer mis derechos.
6. En respuesta, los magistrados del Vigésimo Noveno Tribunal Colegiado de Circuito, el 31 de octubre de 2007, determinaron otorgarme el amparo contra el laudo de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, y regresaron el expediente a la JECA, indicándole que revisara el laudo emitido en primera instancia, y en su lugar emitiera otro.
7. El 4 de diciembre de 2007, la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje dictó el laudo en los mismos términos que había emitido el anterior, sin modificar ni argumentar su resolución. Es decir, sin acatar las indicaciones del Tribunal Federal, por lo que nuevamente solicité un amparo contra este laudo que dejó subsistente la anterior resolución.
8. El Vigésimo Noveno Tribunal Colegiado de Circuito, el 15 de abril de 2008, dictó sentencia sobre el juicio de amparo solicitado: nuevamente me extiende el amparo y me otorga protección a mis derechos laborales. El principal resolutivo de esta sentencia definitiva es el siguiente: Reinstalarme en mi puesto como profesor investigador de la UAEH, con todos mis derechos y prestaciones laborales a salvo.
9. Toca turno a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECA) dictar una ejecutoria para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito.
Con ello concluye una etapa del juicio laboral, en la que se esclarece la responsabilidad del despido injustificado. Manifiesto mi disponibilidad para reincorporarme a la carrera académica que durante 25 años he llevado y que, a pesar de estos incidentes, no se ha interrumpido.
Me reincorporaré a las actividades de docencia, difusión e investigación en ciencias sociales y políticas. Me reintegro a la universidad en la que crecí, me formé, y me desarrollé académicamente, misma que me ha brindado oportunidades y apoyos, a la que he dedicado y dedicaré mis esfuerzos, proyectos e iniciativas.
Agradezco mucho a la sociedad civil que, a través de la solidaridad de los medios masivos de comunicación, locales y nacionales, ha seguido y apoyado este caso a lo largo de más de dos años.
A T E N T A M E N T E
Pachuca, Hgo., mayo 7 de 2008.
Dr. Pablo Vargas González
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