. El principal diferendo tiene dos vertientes: primero que el proyecto no consideró el punto de vista de los pobladores del municipio y de la región; y por otra parte que impactará negativamente en la salud y en los recursos naturales; es decir tendrá mas desventajas que ventajas. Han circulado diferentes estudios e investigaciones técnicas (UNAM, IPN) que podrían dar luces acerca del problema, pero se sigue con una posición burocrática, donde no hay una claridad, al contrario se continúa con la incertidumbre.
Por Pablo Vargas González / Desde Abajo
De acuerdo con información que se cuenta, los trabajos en la construcción de una planta de residuos tóxicos peligrosos por parte de la ha proseguido a pesar de las amplias inconformidades de sectores de la población en el municipio de Zimapán. No solo no se interrumpieron sino que están a punto de concluir y ser inaugurada. La inversión y los trámites han corrido por cuenta de la empresa española BEFESA.
Para la instalación de una planta de esta naturaleza, de manejo de desechos industriales se requiere la intervención de varias instancias: la Secretaría de Medio Ambiente y recursos naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua y la PROFEPA las tres de carácter federal; las instancias respectivas del gobierno local (Coede) y Desarrollo Económico, y desde luego, y en primer lugar, el permiso del uso del suelo que corresponde al ayuntamiento. Lo más dramático del asunto es que ya cuentan con el “visto bueno” de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, pero solo falta un pequeño detalle: no se tiene el respaldo de la sociedad ni de los diferentes sectores sociales del municipio.
Las autoridades federales no han puesto consideración en ese pequeño aspecto. La delegación en Hidalgo de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó que la construcción del centro de confinamiento de residuos tóxicos en el municipio de Zimapán no tiene ningún problema en la tramitación de permisos por parte de este organismo, por lo que en breve entrará en funciones para su operación. Y aseguró que a pesar de las descalificaciones: “nos traerá múltiples beneficios que impactarán directamente en el medio ambiente”. Misma declaración externó la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo a los dictámenes técnicos el confinamiento de residuos industriales que se construye en Zimapán: “no afectará los recursos hídricos de las comunidades de este municipio”.
El principal diferendo tiene dos vertientes: primero que el proyecto no consideró el punto de vista de los pobladores del municipio y de la región; y por otra parte que impactará negativamente en la salud y en los recursos naturales; es decir tendrá mas desventajas que ventajas. Han circulado diferentes estudios e investigaciones técnicas (UNAM, IPN) que podrían dar luces acerca del problema, pero se sigue con una posición burocrática, donde no hay una claridad, al contrario se continúa con la incertidumbre.
Por otra parte, la situación social en el municipio de Zimapán ha escalado a niveles de alta tensión, de confrontación y de intervención de la autoridad. Y tal vez en este punto sea de la mayor importancia prever posibles escenarios que pueden suceder si se sigue con la lógica del principio de autoridad sin tomar en cuenta que existen grupos sociales movilizados preocupados por la puesta en marcha de la planta de confinamiento de residuos industriales tóxico- peligrosos.
Dado que se encuentran posicionados destacamentos de la Policía Federal Preventiva (PFP), y se incrementaron el número de elementos de la Sedena se prevé un eventual “choque” o un conflicto social de mayores dimensiones; y una mayor polarización que podría ser evitada y además generar espacios de interlocución que hasta el momento parecen cerrados. La tesis de que este es un caso federal es inexacta, puesto que ubica al gobierno local como mero observador. Los tramites, impactos y repercusiones de este confinamiento industrial son de corresponsabilidad entre el gobierno federal y el local, sin olvidar el de la sociedad civil. Lo mismo sucede con el arribo y acciones de la PFP y de elementos del ejercito (Sedena), deben de tener una mínima concertación entre diferentes niveles de gobierno.
La gobernabilidad y estabilidad social es una cuestión que involucra a todos los órdenes de gobierno, no solo es un “caso federal”. La garantización del estado de derecho corresponde a sociedad y gobierno. Por lo que es necesario que se reabra la mesa de diálogo y negociación entre los diferentes instancia de gobierno y los actores involucrados: empresa y grupos civiles inconformes (Todos somos Zimapán; Movimiento ecológico Zimapán Libre).
El objetivo de la mesa de diálogo será la deliberación y la búsqueda de acuerdos. Los puntos principales son la gobernabilidad con paz social, y poner en su justa dimensión el interés privado frente al interés público, que evite la confrontación y la violencia, y finalmente reivindicar el “estado de Derecho” como la expresión de la voluntad popular. Aun es posible una solución pacífica y negociada poniendo en juego los mecanismos de la política.
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