[OPINIÓN] Los cautiverios de Heydi: niña-madre-pobre

. Heydi vive a la vera de una barranca en uno de los barrios más pobres de Pachuca. Es una niña de 15 años que a los 12 fue víctima de estupro. A los 13 parió a Emily. Pero ninguna instancia de Gobierno le brinda una beca. Un vacío legal insultante le cancela de tal derecho. Heydi está sometida bajo tres cautiverios que le niegan disfrutar de la vida: es niña, es pobre, es madre. Nada de esto tenía que ocurrir, pero las autoridades la discriminaron desde el principio.

Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo

Heydi acaba de cumplir 15 años de edad. Pero no festejó. No pudo. Porque a lo largo del día está dedicada al cuidado de su pequeña hija, Emily, de un año y siete meses cumplidos. La parió cuando recién tenía 13 y la concibió a los 12, víctima de una violación sexual por parte de uno de sus vecinos que, con 18 años, su única fama en el barrio era su constante consumo de cemento y mariguana.

La historia de Heydi es la vívida representación de las magras estadísticas socio-económicas nacionales e internacionales sobre pobreza en México, y su quinta entidad con menor desarrollo humano: Hidalgo. Heydi y Emily viven en una casa de 6m2, construida a la vera de una barranca en la colonia La Minerva, uno de los barrios marginales de Pachuca, que se alza en los cerros que la rodean; entre la riqueza de la sierra boscosa de Mineral del Monte y la urbe capitalina. Ahí comparten espacio con Anselma, la madre y abuela de las niñas, respectivamente, encargada de los afanes sanitarios en el hogar tal cual lo hace en la Alcaldía de Pachuca, donde trabaja como intendente. Y su hermana mayor, de 18, mamá de una preciosura con carita tiznada de tres años de edad.

Aquel barrio huele a vaina y tezontle de los cerros sobre los que se ha construido con dinero inmigrante. Todo se combina con polvo de arena y grava, botellas rotas de cerveza a media calle sin pavimentar, por donde los niños y niñas corren descalzos. Juegan y compran tortillas. Llevan el ínfimo mandado a casa, de la mano de otros más pequeños. Así creció Heydi. Así vivió parte de su infancia, hasta tener 12 años, que resultó embarazada. Estudiaba el primer año de secundaria. Pero, cuando su vientre expandido resultó inocultable, a punto de entrar al segundo año, las autoridades de su escuela decidieron negarle la inscripción porque sería “un mal ejemplo” para sus compañeras pues “podían hacer lo mismo”.

La actitud tomada entonces por el encargado de la dirección de la Escuela Secundaria Técnica número 31, Leoncio Salas Hernández, no era nueva. Antes de ella, siete niñas de segundo y tercer grado de los turnos matutino y vespertino, habían sido “invitadas” a no renovar su matrícula escolar por estar embarazadas; actuación ilegal, de acuerdo con la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Hidalgo, por tratarse de un acto de discriminación por embarazo.

Heydi llevaba uno de los mejores promedios de la secundaria: 9.4. Por eso, junto con su madre, acudió ante la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) para denunciar la discriminación de la que fue objeto, por consejo de la trabajadora social de la secundaria. Sin embargo no existió respuesta. Por eso la niña decidió abortar. El tiempo de gestación, menor a las 12 semanas, le permitía acceder a la interrupción legal del embarazo. Todo porque su máximo deseo era continuar con sus estudios y lograr una beca que le permitiera seguir soñando con ser profesionista.

Acudió al DIF estatal para determinar el cauce legal de su aborto, pero ahí, encontró la continuación al hilo de violencia institucional. La instancia le obstruyó tal derecho. La psicóloga delegada a su caso no sólo le sentenció que si abortaba “estaría matando a alguien”, sino que le subrayó que sería llevada a la cárcel. La servidora pública actúo ignorante de la ley, que permite la ILE en Hidalgo cuando el producto tiene menos de tres meses de gestación, en situaciones como la de Heydi.

Así, sin escuela, pobre y a punto de ser una niña madre a la fuerza del Estado, Heydi vio en la adopción una salida. Pero no contó con que las funcionarias del DIF municipal de Pachuca, a donde fue canalizada, tenían una idea distinta. La posibilidad de dar en adopción a su hija, es un “apoyo” –dijeron-, al que la niña tendría derecho sólo si seguía estudiando. Las asistencia social se había convertido en un círculo perverso, haciendo de la Ley Para la Protección de los Derechos de Las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Hidalgo, un trapo de escarnio.

En su artículo 27 párrafo tercero, dicha Ley expone que el Estado se asegurará de que “se brinde a las niñas y adolescentes, la oportunidad o alternativa de continuar y concluir sus estudios, si así lo deciden cuando se presente un embarazo”

La Ley estatal señala que “las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un ambiente de comprensión, paz y tolerancia”, y se asegurará de que a ellos y a ellas no se les discrimine “en materia de oportunidades educativas y se establezcan mecanismos para contrarrestar las razones culturales, económicas, religiosas o de cualquier otra índole, que propicien dicha discriminación”

Además de que en sus párrafos V, VII, VIII y IX, la Ley señala que el Estado garantizará que se impulsen “la enseñanza y respeto de los derechos humanos; en especial la no discriminación, así como la no violencia física y psicológica”; “Se impida en las Instituciones Educativas, la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a su dignidad, atenten contra su vida o su integridad física o mental”; ”Que en las Instituciones Educativas se establezcan mecanismos para la solución de conflictos a través de Reglamentos que determinen claramente las conductas que impliquen faltas a la disciplina y los procedimientos”; y que “Las Instituciones Educativas informen en debida forma y oportunamente, los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes, así como los procedimientos para hacerlos valer”

En contraste, el mismo testimonio de la niña: “En el DIF (municipal) me dijeron de la adopción. Pero como ya no seguí estudiando, me dijeron que ya no me iban a apoyar. Tenía que seguir estudiando para que al mes, me dieran dinero para cuidar a mi bebé”, declaró. Ese DIF pachuqueño de 2007 era presidido por la actriz Victoria Ruffo, esposa en entonces alcalde Omar Fayad, que tituló una administración advertida sólo para las páginas del TvNotas, no para personas como Heydi.

Forzada a un embarazo no deseado, sin posibilidad de acceder al pleno disfrute de sus derechos reproductivos, Heydi volvió a estudiar la secundaria en otra institución, manteniendo su promedio y pariendo a una hermosa niña, sana y que sobrevive a base de atole, sopas y guisados “que no piquen”. La bebé forma parte de una familia de siete que, como antes de su nacimiento, continúa viviendo el fondo de una calle sacrificada por los sobresaltos de un cerro, que a duras penas permite la construcción de unas casas de concreto a la orilla de un desfiladero que se conecta con la carretera vieja a Real del Monte. La pobreza de su familia es tal, que su hermana menor ha sido puesta en el internado gubernamental “Los hijos del Ejército”, en donde Heydi pasó otra parte de su infancia.

Los cautiverios de Heydi

La historia personal de Heydi es la saga violenta de la biografía de su mamá. Es la hija segunda de un matrimonio igualmente pobre al que Anselma desistió, luego de que una tarde, borracho, su exmarido casi la mata a machetazos. Tras la barbarie, él huyó a Estados Unidos para no regresar.

Al igual que su madre, la justicia jurídica se vació en el vaso de la conveniencia personal de olvidar antes de extender el infierno, cualquiera que fuera la suerte futura. Ya en los años pasados de Anselma o en los actuales de Heydi, ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría para la Defensa del Menor del DIF estatal nunca se enteraron, y si se enteraron no actuaron, ante los flagrantes actos de violencia de género que las victimizaron, respectivamente. Así, ni una ley o norma se ha puesto a su favor. Heydi está presa bajo sus tres lacerantes cautiverios: ser niña, ser pobre y ser madre. Por eso se le ha discriminado. Y en tales condiciones de marginación, de un tajo, las autoridades le violentaron con la cintura en la mano tres clasificaciones de derechos: sus derechos humanos, por haber sido discriminada y maltratada por parte de las autoridades municipales; sus derechos reproductivos, por habérsele negado la práctica de un aborto legal; y el más importante, el derecho a la educación, éste último, bajo el amparo de la Convención por los Derechos de las Niñas y los Niños, arraigado por el Estado de Hidalgo.

Doble discriminación: Cautiverio simultáneo

Emily nació el año antepasado, una tarde que no alumbró al Hospital Obstétrico hidalguense. Su destino era pasar a manos del gobierno de manera inmediata, ya que se había arreglado el tránsito de la adopción, pasando por alto el infame requisito de que Heydi, por ser menor de edad, debería contar con la firma de su madre y su padre – el criminal que seguía prófugo-, para entregar al bebé. Sin embargo, a la niña que entonces estaba a punto de parir, una vez más le dirían “No”. Unas enfermeras, muy cautas de su deber moral, se encargaron de infundir culpas a Anselma sobre la “pertinencia” de quedarse con la bebé, como lección para Heydi “para que al rato no le fuera a llevar otro”. La futura abuela cedió y no firmó. Prohibió el deseo de Heydi, siendo la ultimaria del resto de sus derechos reproductivos.

Es el 2009 y ya pasaron tres años. Heydi continúa en el vacío. Estudia el bachillerato en el sistema abierto. La beca que la Secretaría de Educación Pública del estado le otorgaba por ser “madre adolescente” se le canceló, porque ya no estudia la secundaria. Eso dice la norma, dijeron. Además, las que se inscriben como apoyos a la educación Media Superior no le corresponden, porque no estudia en el sistema escolarizado. ¡Y cómo! si de lunes a viernes, Emily, el amor y la maternidad la demandan. Por si fuera poco, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, por norma, no le puede dar una beca pues no es una “mujer”, es una niña.

El caso evidencia una laguna jurídica de tales dimensiones, que el 40 por ciento de las madres adolescentes registradas por el Programa de Atención a Madres Adolescentes en Riesgo (Pamar) del DIF, son excluidas por no cumplir los requisitos para una beca. O tienen más de 18 años o – aunque tengan 15-, ya no estudian la secundaria. Así, nada tienen asegurado las más de 700 madres adolescentes que hay en Hidalgo, según datos levantados por el DIF nacional.

Según datos del Pamar, de estas 700 madres adolescentes, sólo se han detectado 52 repartidas en nueve municipios de 84 en total que conforman la entidad. 29 son las que cuentan con una beca ascendiente a 650 pesos al mes; poco más de 20 pesos diarios para comprar pañales, leche, ropa y medicinas para un bebé que, antes del año cumplido, pueden generar gastos de hasta 2 mil 500 pesos mensuales.

Cuando las niñas concluyen la secundaria, el Pamar las canaliza a la SEP de Hidalgo, pero no como una norma establecida, sino como una sugerencia a sus ex becarias quienes, además, al llegar a dicha instancia gubernamental vuelven al vacío, ya que el anterior secretario de educación eliminó de un plumazo la Dirección de Equidad y Género, que era quien atendía esos casos.

Hidalgo es el 18vo estado con mayor índice de madres adolescentes en México. El 70 por ciento de ellas son pobres y el 30 restante se reparte entre la clase media y alta. Apenas el 60 por ciento de ellas son cubiertas por el programa, si es que cuentan la fortuna de cumplir los requisitos.

Heydi no es una de ellas. Es madre, sí. Es niña (o adolescente como enfatiza el gobierno), sí. Estudia, sí. Es pobre, sí. Pero no hay programa, ni norma, ni instancia obligada a otorgarle una beca. Cada uno de las cuatro condiciones anteriores, es factor para que, combinadas entre sí, se anule tal posibilidad. “Sabemos que nos quedamos cortos. (Las becas) son una gran ayuda, pero no alcanzan”, declara Enrique Mota Olguín, subdirector del Pamar. ¿Y? ¿Quién o quiénes, entonces, son los responsables de atender un caso como el de Heydi? ¿Y quién se ocupa de Emily, quien a través de la discriminación que sufre su madre, también es discriminada al no tener garantizados sus derechos como niña? ¿Dónde están aquellas instancias que le negaron la educación, le negaron el aborto, le negaron la adopción, que se sintieron con el derecho de juzgarla y ahora la han abandonado?

Aquí lo oscuro del caso. Por cada niña-madre-adolescente que se discrimina, se elimina la posibilidad de que un bebé encuentre salud, justicia y bienestar a su corta edad. Es decir, que por cada Heydi, una Emily es violentada simultáneamente. Quizá por eso no sea raro entender por qué Hidalgo refleja una Tasa de Mortandad Infantil en 18. 73, por encima de la media nacional correspondiente a 16.76 niños y niñas que mueren antes de cumplir un año, por cada mil nacidos vivos; es decir 5 mil 539 infantes que fallecen por pobreza, marginación y abandono. Los casos de Heydi y de Emily son excepcionales por el simple hecho de haber sobrevivido. Aunque, en vida, tales condiciones son cautiverios que las aprisionan permanentemente.

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