Incapaz como ha sido, el Gobierno Federal panista desechó, con una mano en la cintura, cualquier solución política y civil al conflicto por la instalación y funcionamiento del cementerio tóxico en Zimapán. Después de amagar la toma de posesión de José María Lozano como presidente municipal del lugar y citándolo a reunión expedita, la Secretaria de Gobernación y su representante, Jerónimo Gutiérrez, de plano amenazaron diciendo que el confinamiento entrará en funciones con o sin la aprobación del Ayuntamiento. Su gesto, además de bravucón, es violatorio de la autonomía de los municipios, los cuales, según la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, están facultados autorizar, controlar y vigilar el desarrollo de su territorio.
Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo
1.- Cosa aparte es el papel que ha decidido jugar el Gobierno del Estado. Convenientemente agazapado, decidió no salirse del guión original. Como a principios del año pasado, continúa pidiendo que, para tomar una postura sobre la viabilidad o no del confinamiento, se realice un estudio con instituciones reconocidas. Pero no dice que tales análisis ya existen y que los han realizado biólogos, geógrafos y químicos pertinentes que, además son hidalguenses (uno de ellos perteneció a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la cual fue echado sin motivo justificable el año pasado), al tiempo que tampoco ha querido ocuparse de impulsar uno, como entidad interesada.
2.- El discurso del gobernador Miguel Osorio sobre el conflicto ha sido más que rebasado por la realidad. Lo que está en juego por principio es la seguridad y los derechos humanos de los habitantes, amenazados desde hace un año por los elementos de la Policía Federal que tienen tomada la ciudad, los cuales, impunemente, han detenido, amenazado y violentado a la población. Así le ocurrió a Agustín Torres Ramírez, delegado de Composanto del Oro, quien junto a su hijo, fue detenido en un retén federal sobre la carretera México – Tamazunchale. Con violencia, fue interrogado, fotografiado y golpeado, dejándole un par de costillas rotas. Sobre esto y muchos otros casos más -documentados por la población y periodistas-, el Gobierno estatal nada ha pronunciado, pese a las constantes declaraciones sobre que, lo que “más preocupa”, es el bienestar de las y los hidalguenses. Esta es una perfecta oportunidad de legitimación para el Ejecutivo.
3.- José María Lozano debe actuar inteligentemente, sí, pero con firmeza. Y debe hacerlo rápido. Al momento, muchas dudas quedan sobre el papel que ha desempeñado frente a uno de los grupos opositores al confinamiento; de tal modo que, ésta es una ocasión crucial para demostrar su nivel de compromiso con la causa que se opone a Abengoa – Befesa. Mecanismos existen de sobra. La ilegalidad con la cual ha actuado el Gobierno federal puede ser combatida desde el Ayuntamiento que preside. Hacerle frente al conflicto de manera radical, pero sobre estamentos políticos y jurídicos que –como él mismo ha referido-, eviten el “baño de sangre”. La solución no se encuentra en dimitir junto con “su equipo”. Hacerlo le implicaría el juicio histórico de un pueblo que, de por sí, de vez en vez ha perdido confianza en él.
En efecto, Lozano no es un combatiente popular formado en la línea de masas ni sobre construcciones ideológicas de clase; es un empresario, ciudadano común, con destacadas intenciones. Alguien debe informarle que la movilización y organización social no es la adquisición de El Barzón como franquicia – frente; que el diputado Napoleón González –en quien se ha apoyado-, es aliado histórico de aquellos que le intentaron quitar la presidencia del municipio en dos ocasiones; que Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta Naranjo, José Guadarrama o Francisco Xavier Berganza lo abandonarán al final de túnel cuando su nombre ya no les sea negocio; que un movimiento social se gesta abajo, entre la gente, con organización, disciplina, congruencia y teoría política, únicos factores que determinarán su triunfo o derrota en el terreno de lo real. Nunca en la historia de la lucha de clases, la cultura y los pueblos se han construido solamente sobre triunfos morales.
4.- Para ganar la batalla contra la violencia de Estado, Lozano y Zimapán deben hacer efectiva su autodeterminación. Luchar con base en el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal que faculta a los ayuntamientos a regular la tenencia de la tierra; autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y otorgar licencias y permisos para construcciones conforme a las leyes de la materia, así como de funcionamiento para la industria y los servicios, en las materias de salud, ecología, seguridad pública, protección civil, asentamientos humanos, desarrollo urbano y regional, entre otras que les ayudarían a ampararse contra la clara consigna: El confinamiento en Zimapán operará con o sin Zimapán.
5.- Lo único que derrotaría a este pueblo, es la continuidad de un programa desfondado de resistencia popular y el aliento a la conjura de los necios, para quienes, como en la obra de John Kennedy Toole, sólo están catapultando a Zimapán y a José María Lozano a la “fiebre de la existencia contemporánea”.
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