. No se puede seguir despreciando las voces de los ciudadanos, aunque sean “pueblerinos”, porque simplemente reclaman el derecho a tener un punto de vista. Las organizaciones civiles tienen razón: para que se fortalezca la CDHEH es necesario que se genere un proceso abierto y transparente de cara a la sociedad hidalguense.
Por Pablo Vargas González / Desde Abajo
En el marco de renovación de varias comisiones locales de Derechos Humanos en 2008, entre ellas la nacional (CNDH) y la del Distrito Federal, se encuentra la del Estado de Hidalgo. Salvo algunas organizaciones civiles en la entidad, las autoridades e instituciones no dan ninguna señal de interés. El problema muy arraigado es que desde las instancias gubernamentales se observan a estos espacios, como parte de su “estructura” y incluso se incluye dentro del “paquete” de cargos que los ejecutivos tienen a su disposición.
En ello influye mucho la atención e importancia que le dan los gobiernos locales a los Derechos Humanos, de tal suerte que hay Comisiones plenamente autónomas en donde se rescata la función que deben tener de ser un órgano de contrapeso a los posibles abusos precisamente generados en las diversas dependencias del poder ejecutivo.
El proceso de cambios que ha vivido nuestro país estuvo acompañado de la creación de un número relevante de nuevas instituciones estatales de carácter autónomo. Son un fruto de los tiempos en que se aclimató entre nosotros el pluralismo político y al mismo tiempo forman parte del entramado que está llamado a soportar la vida democrática. No aparecieron por arte de magia sino tratando de responder a diversas necesidades, y sus funciones sustantivas son imprescindibles para la sustentabilidad del germinal régimen constitucional democrático.
La autonomía es así la piedra de toque de esas dependencias. La capacidad para resolver y trazar su propia ruta sin la injerencia de otras instituciones donde cristaliza el poder público es una condición no sólo para su buen desempeño sino para su necesaria sustentabilidad. Sin ella se desvirtúan o acaban alineadas en el muy intenso rejuego de las corrientes políticas. Por el contrario, las entidades públicas autónomas están obligadas a actuar por encima de las diferentes racionalidades y apuestas partidistas, y con ese comportamiento hacen posible una mejor reproducción de la pluralidad y facilitan su coexistencia y competencia en un marco institucional democrático.
Por ello, es verdaderamente preocupante, que hasta el momento no se haya publicado la convocatoria para el nombramiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), cuyo titular concluye su periodo de labores el 12 de octubre de 2009. De conformidad con la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo se establece que el poder ejecutivo debe emitir una convocatoria para seleccionar y nombrar al o a la nueva titular, a más tardar noventa días antes de que concluya el encargo.
Es decir ya se consumió el plazo, y los términos para hacer una consulta abierta se están consumiendo. Esto puede ser un indicador de la importancia que se le da a los Derechos Humanos en Hidalgo, y desde luego como se considera el que los ciudadanos puedan opinar acerca de qué tipo de Presidente o presidenta pueda llegar a la Comisión (CDHEH).
Habría que preguntar a las personas de comunidades indígenas y a los miembros de organizaciones civiles de las distintas regiones de la entidad, de la huasteca que regularmente son acosados por retenes militares y policiales; a los jóvenes graffiteros de varias ciudades, de la región de Ixmiquilpan, de San Juanico, de el Cardonal, de Zimapan, no solo que hablen de sus experiencias sino que también puedan opinar que tipo de cambios se necesitan.
No se puede seguir despreciando las voces de los ciudadanos, aunque sean “pueblerinos”, porque simplemente reclaman el derecho a tener un punto de vista. Las organizaciones civiles tienen razón: para que se fortalezca la CDHEH es necesario que se genere un proceso abierto y transparente de cara a la sociedad hidalguense.
Y que se publique la convocatoria respectiva, donde se establezcan claramente los requisitos para ocupar el cargo, el periodo de consulta y la instancia encargada de realizarla; de acuerdo con la Ley Orgánica es el poder ejecutivo el responsable de “integrar una terna” de candidatos, por lo que debe ser claro y preciso el procedimiento de selección. Un Ombudsman es un defensor del pueblo, y de sus derechos, alguien que designa con procedimientos obscuros y cerrados no tendrá esta calidad. Será un empleado más de la estructura política.
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