[OPINIÓN] SME: coartada y golpe al estado de derecho

En un clásico “sabadazo” y con la euforia futbolística previa, el presidente Felipe Calderón decretó “la extinción” de la Compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), en la madrugada, y en lo “obscurito” tomó con la fuerza militar y policiaca la mayor parte de las unidades de la empresa. Tomando como pretexto el conflicto interno del Sindicato Mexicano de Electricistas y en menos de una semana está a punto de privatizar una de las pocas empresas paraestatales que quedan en el país. Aun se duda de la legalidad de la acción pero sin duda no tiene legitimidad alguna y por el contrario, no contribuye a la gobernabilidad.

Por Pablo Vargas González / Desde Abajo

El decreto presidencial afecta tres ámbitos de la estabilidad social y política de México: 1) la injerencia del Estado en las organizaciones sindicales 2) el rompimiento del pacto gobierno sindicatos y 3) el interés por cambiar a la Compañía Luz y Fuerza del Centro su régimen de paraestatal a empresa privada. Todo ello obedece a un cálculo político sin importar las consecuencias y efectos sociales que tendrá en las siguientes semanas.

Se tenía meses que después de las elecciones internas del SME, la Secretaria del Trabajo (STPS) se negaba a dar la “toma de nota”, que es procedimiento administrativo en que la autoridad laboral da cuenta del proceso interno, sin embargo fue desde el principio “politizado”, se apoyó una “oposición sindical” con recursos ilimitados y el 5 de octubre el secretario Javier Lozano se negó a reconocer la elección que dio como ganador a Martín Esparza.

Pero al mismo tiempo, sectores empresariales empezaron la escalada contra la “ineficiencia” de la empresa. La misma cantaleta de siempre: no es rentable, opera con números rojos. Todo ello está en el decreto presidencial.

Si sabían que hay corrupción porque no cambiaron a las autoridades de la empresa, por qué no rectificaron las políticas internas. El argumento nodal para la liquidación es que, por “su comprobada ineficiencia operativa y financiera”, representa un costo tan elevado que “ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. En el decreto no se determina qué instancia asumirá las funciones de LFC y “dispone expresamente” que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, por lo que las indemnizaciones correspondientes se cubrirán tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo. Agrega que se garantizará el pago de las jubilaciones.

Señala también que la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público confiere al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la atribución de liquidar a los organismos descentralizados de la administración pública, por lo que esa instancia nombrará depositarios, liquidadores, interventores o administradores para el cumplimiento del proceso.

De nada valió la enorme marcha en defensa de la autonomía sindical que realizaron los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Todo se ha hecho con una rapidez inusitada. Tal parece que el gobierno federal “va con todo” para privatizar la Compañía LFC. En abril 2008 Calderón envió una serie de iniciativas de Ley para modificar PEMEX, lo que sería el inicio de la privatización de la principal empresa del pueblo mexicano. La movilización social de universitarios, trabajadores y un amplio segmento de la sociedad impidieron una decisión que afectara los recursos naturales del país.

Hoy nos encontramos ante una decisión similar de querer violentar el Estado de Derecho de echar atrás el pacto social gobierno, obrero sindical y pretender privatizar una de las pocas empresas, que por cierto a los hidalguenses nos repercute de manera directa, por que recibimos de esta Compañía el servicio eléctrico. Es necesario estar listos a la protesta y a presentar nuestro descuerdo. No podemos quedarnos callados, cuando se están violentando la ley ante nuestros ojos. Si es preciso debemos salir a la calle a defender nuestros recursos naturales.

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