Ocurrencias vs políticas públicas

. Los prejuicios sociales y la falta de preparación de los servidores públicos que “dicen atender” la violencia siguen cuestionando y culpabilizando a las mujeres que están atrapadas en ese círculo para evadir su responsabilidad institucional.

Por Soledad Jarquin Edgar / Desde Abajo

Este miércoles se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y en Oaxaca hay mucho que contar sobre este lamentable problema social.

¿Y qué se cuenta? Podemos hablar de las muchas víctimas de este problema, donde parece no existe poder humano para evitar tantos daños y no existe porque los esfuerzos en esta materia tienen más parecido a ocurrencias que a políticas públicas con perspectiva de género. A eso hay que agregar el desinterés que muestran algunos funcionarios –mujeres y hombres- para atender a las mujeres, personal de instituciones de todos los niveles y en todos los poderes, a quienes se les llama por cierto burocracia de género.

Los prejuicios sociales y la falta de preparación de los servidores públicos que “dicen atender” la violencia siguen cuestionando y culpabilizando a las mujeres que están atrapadas en ese círculo para evadir su responsabilidad institucional.

Tal es el caso del feminicidio que en Oaxaca sigue causando escozor entre diputados y funcionarios de justicia. La cuenta alcanza la cruenta cifra de 53 mujeres asesinadas por diferentes causas en sólo 11 meses de este 2009. Cifra que como ya se ha dicho es parte de un recuento hemerográfico realizado del Colectivo Huaxyacac y organizaciones civiles de mujeres que han puesto el dedo sobre una dolorosa yaga para las familias de estas mujeres que siguen caminando en el difícil terreno de la injusticia, en tanto sus agresores son protegidos por la impunidad que genera la inacción de instituciones como la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y el mismo Tribunal Superior de Justicia.

Sin descartar claro está al Instituto de la Mujer Oaxaqueña una especie de barril sin fondo, el DIF Estatal que camina sobre agua mansas, lejos de tormentas y torrenciales lluvias y la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, donde lo que hay son niños con piojos, como se ha escuchado decir a una alta funcionaria.

Todavía hoy, en el V Informe de Gobierno, las mujeres aparecen en el rubro Grupos Vulnerables cuando se plantea la violencia que de manera obsoleta siguen llamando intrafamiliar. ¿Cómo pueden ser las mujeres que representan el 53 por ciento de la población un grupo vulnerable? Como hasta cosa de unos años, insisto, seguimos siendo para los señores del poder, unas menores de edad.

Es precisamente ese concepto de vulnerabilidad el que impide una real aplicación de políticas públicas con perspectiva de género para reducir la violencia que de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 46 por ciento de las mujeres oaxaqueñas casadas o unidas han sido objeto de violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación.

Recién me explicaba en una entrevista la Fiscal para atender delitos de violencia de género contra las mujeres, Ileana Hernández Gómez, muchas de estas mujeres denuncian a sus parejas después de 10 años de violencia. Quizá haya quienes tengan que esperar hasta 40 años para denunciar, como pasó con Rosalba. Quien por su “atrevimiento” recibe hoy el castigo institucional de las autoridades mixes, su pueblo, quienes incluso le prohíben cortar leña en su propio terreno.

En esa situación, los enfadados y enfadadas funcionarias se molestan porque las mujeres denuncian pero no le dan seguimiento a sus casos. Cuando llegan por segunda vez, les preguntan ¿ahora sí va de verdad? Si se arrepienten y vuelven una tercera vez, las mujeres reciben un furibundo regaño porque no se decide.

Lo que hay que decir a estos funcionarios que su trabajo no es cuestionar a las mujeres sino atenderlas, una y hasta cien veces si fuera necesario. Para eso se les paga. Porque la sacudirse años de violencia tiene que ver con la formación patriarcal en la que vivimos y donde las buenas costumbres tatúan el alma y, peor aún, el miedo las paraliza.

Pero además de los golpes con toda clase de objetos y no sólo con los puños cerrados, hay otras violencias, como la sexual que registra cifras oficiales alarmantes, de un delito que atenta contra el derecho a decidir de las mujeres. El mismo derecho que a las oaxaqueñas y las mujeres de otros 16 estados del país les ha sido arrancado poco a poco en un trueque político previo al 2012 entre Acción Nacional y el Revolucionario Institucional. En un acto que sin duda violenta a las mujeres.

A los más de 100 delitos de violación sexual cometidos contra mujeres en estos 11 meses de 2009 y reportados sólo en esta Fiscalía, se deben sumar las denuncias presentadas en las subprocuraduría estatales. La cifra será siempre la punta del iceberg porque el subregistro en este tipo de delitos ha sido estimado entre un 60 y 70 por ciento, es decir, la mayoría de las personas agredidas sexualmente –por conocidos o desconocidos- no denuncias y sabe ¿por qué? Por vergüenza, porque la sociedad, moralista y anodina, sigue culpabilizando a las mujeres frente a tan aberrante hecho que no es sino una demostración de sometimiento hacia las mujeres.

Esta semana funcionarios y hasta de algunos pre-candidatos se ocuparan de la violencia contra las mujeres, chorros de tinta se derramarán y se gastará mucha saliva. Habrá muchos pronunciamientos y cantidad de promesas que como hemos visto desde hace varios sexenios se olvidan o se canjean por vales pro presidencias o pro gubernaturas. Habrá también muchas cortinas de humo para no ver una realidad grave. Al final las mujeres seguirán ocupando el rubro de “grupos vulnerables” en los informes, como sucedió por quinta vez con Ulises Ruiz.

Pero algo brilla en el fondo. En Ixtepec, Nora Elizabeth García Cancino, titular del Instituto Municipal de las Mujeres, realizó en los últimos meses una serie de foros de consulta con la ciudadanía, que traducido a un lenguaje claro se llama escuchar a la gente.

Los resultados apuntan a varios niveles, algunos rebasan el ámbito municipal como el lamentable fenómeno de trata de personas, otra forma de violencia contra las mujeres, que se manifiesta con centroamericanas migrantes a los ojos de las autoridades, de todas las autoridades en la región del istmo que parece no ven nada, lo que de entrada los hace sospechosamente parte del trato y la deshonestidad.

Algunas de las expresiones ciudadanas se entregarán a la Secretaría General de Gobierno, para que el funcionario que ahí despacha haga algo de políticas públicas con perspectiva de género en los municipios del estado, donde por cierto la violencia también cobra muchas vidas de mujeres o las esclaviza como sucede con las centroamericanas.

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