Cínica postura gubernamental ante desempleo: CILAS

. Aumentan 40 por ciento salarios en el Ejército mientras a los salarios mínimos apenas incrementaron en 4.8 por ciento. Organización y resistencia, únicos caminos para enfrentar la insensibilidad gubernamental: CILAS

México, DF (Agencia Desde Abajo).- Empleo, salario que garantice una vida digna y respeto a la organización autónoma de las y los trabajadores son lo que menos importa a las autoridades federales mexicanas, empeñadas en mantener un régimen de privilegios a costa de la pobreza de millones. Así lo confirman las recientes declaraciones de diversas oficinas gubernamentales que califican de “normal” el desempleo y a priori criminalizan los movimientos sociales.

Asi lo manofestó el Centro de Investigación y Asesoría Laboral (CILAS) en un comunicado de prensa al afirmar que durante enero unas 500 mil personas perdieron su empleo al incrementarse un punto porcentual la tasa de desempleo respecto al mes anterior, y ubicarse en 5.87 por ciento, según las siempre cuestionables cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con lo que aumenta a 2.7 millones la cifra de quienes carecen completamente de un puesto laboral.

Por ridículo que parezca, para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), esta situación es “normal” y por lo tanto no hay de que preocuparse porque es un fenómeno que se presenta año con año con la desaparición de los empleos temporales de la época navideña. Esto significa que la pobreza y desesperación de la gente es un fenómeno natural contenido en el proyecto económico neoliberal del gobierno mexicano.

La insensibilidad del gobierno calderonista y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano, es sabida pero llama a la indignación que el funcionario que por mandato constitucional debiera preocuparse por fomentar el empleo sea, precisamente, quien se ocupe de justificar la ineficiencia de la administración pública. Para millones de ciudadanas y ciudadanos esa ineficiencia provoca desesperación cuando se le suman el alza de precios, el bajo poder adquisitivo, el incremento de impuestos y la precarización del salario y prestaciones.

Habrá que preguntarse si es normal también la pobreza de 50 millones de mexicanas y mexicanos y la miseria absoluta en que vive un tercio de la población. Habrá que cuestionar si también es un fenómeno natural que no solamente no se cree el millón de empleos necesarios cada año, sino que, como el mismo gobierno lo acepta, medio millón se pierda en un solo mes.

Pero el cinismo y la impunidad con que se conduce la administración calderonista, de nuevo resaltamos, en particular el titular de la STPS , Javier Lozano, no podría ser más indignante cuando sin ningún recato ofrece todo el apoyo a Minera México en su diferendo con el Sindicato Minero.

Luego del absurdo jurídico de dar por terminadas las relaciones laborales en la mina de Cananea, cuando la huelga fue declarada legal y existente (y por lo tanto se reconocen las relaciones laborales), el funcionario saltó de inmediato a declarar que los Larrea, propietarios de Minera México, podían contratar a otros trabajadores bajo circunstancias distintas; claro, a favor de los patrones.

Por si esto fuera poco, la ofensiva contra los mineros se agudiza de una manera que por risible, no es menos dramática. La Procuraduría General de la República (PGR), ha manifestado que no libera las cuentas bancarias del sindicato minero (en abierta intromisión a su libertad sindical en un acto anticonstitucional), porque “podrían utilizarlo para adquirir narcóticos”.

Sin aportar prueba alguna que avale esa suposición, la dependencia y el juzgado quinto de distrito en materia de amparo cierran la pinza que pretende ahorcar definitivamente al sindicato minero, y con ello, dar un nuevo golpe al derecho de las y los trabajadores de organizarse.

En contraparte a la imposición de topes salariales a las y los trabajadores mexicanos, que este año se circunscribió al 4.8 por ciento, es decir, 2.65 pesos diarios (que no compran ni un boleto del metro), en el salario mínimo, a los miembros del Ejército Mexicano se les aumenta 40 por ciento el salario.

Por supuesto que el pretexto oficial para ese aumento desmesurado es la lucha contra el narcotráfico, pero sin duda es también para asegurar la lealtad de los cuerpos represivos que cada vez son más utilizados para amedrentar y reprimir a los movimientos sociales, como en el caso de la huelga de Cananea que durante los 30 meses ha resistido el agobio y la amenaza del asalto de las fuerzas armadas para entregar la mina a los patrones.

A medida que la crisis económica avanza, distintos sectores de la población que se movilizan y resisten contra los atropellos; incluso, aquellos pobladores que se han visto afectados gravemente por fenómenos naturales y que al no recibir del estado la ayuda a que está obligado se manifiestan, como en el caso de Valle de Chalco, recientemente, son víctimas del uso desmedido de la fuerza tanto de las policías como del ejército.

Felipe Calderón ha hecho de la fuerza su único argumento de gobierno frente a los movimientos populares y de ahí su necesidad de privilegiar a las fuerzas armadas, mientras sume en la mayor pobreza a las y los trabajadores mexicanos.

Es clara, en resumen, la insensibilidad del gobierno mexicano a las demandas de empleo y vida digna de millones de mexicanos; es clara su intención de hacer que, como siempre, sean las y los trabajadores, los más pobres, quienes paguen los costos de la crisis que nació desde el poder financiero y de las jerarquías neoliberales mexicanas.

Frente a este panorama de irresponsabilidad, a las y los trabajadores mexicanos, a la ciudadanía en general no nos queda más camino que el de la organización y la resistencia para obligar cambios sustanciales en favor de los millones que siguen en la miseria y los que a causa de la política neoliberal del gobierno se incorporan cada año a la pobreza. Ante la impunidad y cinismo de personajes como Javier Lozano, vocero de los patrones, queda solamente la movilización.

Así lo demuestran las expresiones de solidaridad con que se ha volcado la sociedad en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas y de los cinturones de paz y seguridad en Cananea, para evitar la toma de la mina por parte del Ejército.

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