. Denunció innumerables irregularidades en su contra, persecuciones e intromisiones disfrazadas de protección, practicada por la policía estatal (que está en la mira del Ministerio Público federal, como lo está el mismísimo presunto triunfador de la elección), desvío de programas y recursos públicos para comprar y coaccionar el voto, todo lo cual podría generar la anulación de los comicios, propósito que está en la agenda de la infatigable candidata.
por Miguel Ángel Granados Chapa / Desde Abajo
Ciudad de México (Reforma).- Anteayer todos los partidos obtuvieron triunfos y todos padecieron derrotas. Si la democracia se redujera únicamente a ser el mecanismo electoral en el que nada se gana o se pierde por entero y para siempre, diríamos que la jornada del domingo fue cumplidamente democrática. En una perspectiva de conjunto, imaginando que los comicios fueran un paquete de dimensión nacional, todo el mundo tiene algo que celebrar y algo de qué dolerse. Pero así como carece de sentido informar sobre los resultados totales de una elección municipal o legislativa, cuando lo relevante es qué ocurrió en cada municipio y en cada distrito, así es preciso no dejarse ganar por la ilusión de que, viendo el fenómeno en su conjunto, la del domingo fue una jornada singular, gratificante, un día que merece recordarse porque sus avances fueron mayores que sus retrocesos o estancamientos.
Si acercamos la lente a cada entidad donde se efectuaron elecciones para gobernador, veremos con menos entusiasmo o menor desilusión lo ocurrido. En Hidalgo, por ejemplo, la buena noticia de que Xóchitl Gálvez Ruiz reunió la mayor cantidad de votos jamás depositada a favor de un candidato opositor resulta mitigada por el perverso modo en que el gobierno y su partido la contuvieron. La cadena sinfín de atropellos en su contra tuvo su principal eslabón el domingo mismo, cuando la alianza opositora sufrió una agresión semejante en su propósito al asesinato de Ovando y Gil, las víctimas iniciales del cardenismo, muertos para que no funcionara el centro de cómputo del Frente Democrático Nacional, requisito previo a la caída del sistema y la incineración de las actas, pues contenía el mecanismo capaz de ofrecer un registro diverso del que prevaleció en aquel aciago 1988. En Pachuca no se causó la muerte a nadie, pero un comando asaltó el Centro de información estratégica de la coalición opositora.
Empeoró el atraco el intento de disfrazarlo de acción legal, beneficiosa para la población. La ordenó la Procuraduría de justicia del estado que, mostrando una extraña diligencia, atendió una denuncia anónima según la cual en aquella sede partidaria estaba reunida gente portadora de armas de alto poder. El montaje de pésima calidad tenía como objetivo estorbar de modo determinante las capacidades funcionales de la coalición, sus planes de representación general y en las casillas, con lo que se lastimó la operación de vigilancia imprescindible en una elección donde no se aplica la ley. Una entidad donde los Zetas se han instalado con aquiescencia política de quienes detentan el poder carece de la eficacia ministerial con que se actuó la noche del sábado, en que la presunta llamada ciudadana fue seguida con presteza de la petición y el obsequio de una orden de cateo que permitió el allanamiento a mano armada, la sustracción de documentación estratégica y la aprehensión de 12 personas que trabajaban en la organización del sistema de defensa del voto. Para coronar la insolencia de la operación, a cuyo éxito se debe acaso la ventaja que se registra a favor del candidato oficial, el gobernador Osorio informó por la noche a la Secretaría de Gobernación que 10 de las víctimas habían sido dejadas en libertad. Nada dijo, al parecer, sobre el botín obtenido por sus tropas ni el destino y el paradero de los prisioneros restantes.
Otra característica de la democracia electoral es la equidad en la contienda. Ese rasgo estuvo ausente en el proceso hidalguense, especialmente en el acceso a los medios. Los oficiales, el sistema de radio y televisión del estado, quedaron al servicio del candidato priista en proporción de tres a uno. Los medios particulares, especial pero no únicamente los impresos, por entero dominados por el aparato gubernamental, pretendían garantizar su porvenir. Buscaban la firma de convenios que cobraran vigencia en el eventual gobierno de la candidata opositora. La pretensión era una manera de extorsionarla: si no se firmaban esos documentos, de que depende la vida de publicaciones que no tienen más sentido que la firma de esos acuerdos con el gobierno, habría silencio en torno de Xóchitl Gálvez. Y lo hubo, porque obviamente la candidata rehusó adquirir compromisos que, por un lado, eran en extremo onerosos (hasta 20 millones de pesos importaba la exigencia de uno de esos periódicos mercenarios) y que, aun no siéndolo, eran inadmisibles desde la ética con que se condujo la abanderada de la coalición Hidalgo nos une.
Su jornada no concluyó el domingo por la noche. Denunció innumerables irregularidades en su contra, persecuciones e intromisiones disfrazadas de protección, practicada por la policía estatal (que está en la mira del Ministerio Público federal, como lo está el mismísimo presunto triunfador de la elección), desvío de programas y recursos públicos para comprar y coaccionar el voto, todo lo cual podría generar la anulación de los comicios, propósito que está en la agenda de la infatigable candidata.
Frústrese o no su gestión judicial, Xóchitl Gálvez no puede abandonar a su suerte a los 400 mil hidalguenses que sufragaron en su favor. No se pierde todo para siempre en una democracia. En Hidalgo no la hay pero esa regla esperanzadora está vigente. Defender el voto del domingo, ejercerlo de modo más eficaz en elecciones futuras, ésa es la tarea que compete a esa enorme fuerza de ciudadanos libres que encontraron en la candidata opositora una dirigente firme, que no se arredra, no se frustra ni se acomoda.
Cajón de sastre
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contiene y suscita una serie de malas noticias para el Sindicato Mexicano de Electricistas y otras menos malas (sin llegar a la categoría de buenas). En primer lugar, derrota su pretensión de declarar inconstitucional la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, por lo que queda firme el decreto del 11 de octubre. Sin embargo, por tratarse de un asunto de legalidad y no de constitucionalidad, se abstuvo de abordar el tema de la sustitución de patrón, que podrá promover el sindicato. Empero, esa cuestión deberá ser resuelta por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, un peculiar tribunal de justicia (laboral) que depende del Ejecutivo y está por lo tanto sesgada por los prejuicios e intereses derivados de su subordinación jurídica y política.
miguelangel@granadoschapa.com
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