Tolera Gobierno deforestación de la UFIC en bosque El Hiloche

. El Ejecutivo afirma que ya han sido notificados de desalojo los dirigentes de la UFIC, Guadalupe Ordaz Calva e Isidro Pedraza, sobre “los múltiples delitos que están cometiendo” en la deforestación de más de 400 hectáreas de reserva para la edificación de lotes, pero nada ha pasado.

Pachuca, Hgo., México (Desde Abajo Noticias).– El Gobierno del Estado, a través del subsecretario de Gobierno,Carlos Moreno López, se ha negado a extender por escrito los compromisos adquiridos por el Ejecutvo de desalojar a los integrantes de la agrupación Unión de la Fuerza Campesina e Indígena (UFIC) del preio Rancho San Manuel del bosque El Hiloche, donde llevan a cabo la deforestación de más de 400 hectáreas de reserva para la edificación de lotes.

Asi lo denunció el Comité de Ecología de la Montala y Defensa de los Bosques de Real del Monte, quienes acusaron “corrupción” entre el Ejecutivo hidalguense y la UFIC, liderada por los perredistas Isidro Pedraza Chávez y Guadalupe Ordaz Calva, este último padre de la recientemente electa diputada local Sandra Ordaz Oliver.

Según el Comité, Moreno López se ha conducido de manera “discrecional” al no suscribir por escrito los acuerdos como el efectuado el 14 de julio pasado, donde, según las ordenes del gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, “se ha agotado el dialogo, quedándose firmemente en que los invasores deberían ser desalojados”, pero “ese día nos quedamos esperando”, aseguró el Comité.

A decir de los denunciantes, en la última mesa de trabajo, el subsecretario de Gobierno hidalguense aseguró que ya se tenía preparada la maquinaría preparada para el desalojo y de esto ya habían sido notificados los dirigentes de la UFIC, Guadalupe Ordaz Calva e Isidro Pedraza, contando “los múltiples delitos que están cometiendo aunados a la sociedad de individuos dueños del predio Rancho San Manuel”, sin que a la fecha ocurra.

El Comité en Defensa de los Bosques denuncia que el Gobierno del Estado podría exculpar a los dirigentes de la UFIC de los delitos ambientales y de asentamientos humanos y colocaría como responsable a José de Jesús López Nieto, representante legal del predio.

“El no es un político corrupto perteneciente a un partido que favorece la infracción de la leyes, una diputada electa como lo es Sandra Ordaz Oliver o que no es un mal gestor que trabaja como funcionario Publio en nuestra actual gobierno”.

“Si ya sabemos cuál es el origen del problema, los riesgos que implica, sus posibles soluciones y sus consecuencias, entonces, una vez mas nos preguntamos por que las leyes forestales y de asentamientos humanos decretadas desde antes de que los movimientos como los de UFIC se gestaran no son acatadas, y se quedan convertidas en un panfleto, una burla, al igual que nuestra lucha social”

A un mes de gestiones y tramites no se ha podido solucionar este problema, denuncia el Comité: “Hoy los invasores están mas seguros que nunca de las mesas de trabajo con Carlos Moreno, Subsecretario de Gobierno. Siguen entrando en sus autos de lujo, con sus materiales y herramientas de trabajo para fincar.

“Nosotros los Realmonteses, Asociaciones Civiles, e interesados en nuestro medio ambienté seguimos exigiendo el desalojo, además de respeto a todos los funcionarios a los que se les ha encomendado la solución”

Además, los activistas se lamentan que el director del Consejo Estatal de Ecología, Roberto Reyes Monsalvo, no ha respondido positivamente las peticiones de audiencia que comenzaron hace dos meses.

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