El derecho a votar sin ser botadas

por Otilia G. Sánchez Castillo

Cuando yo nací, las mujeres mexicanas ya podían votar y ser votadas, pero esto no fue siempre así. Este derecho fue el resultado de la lucha, a nivel internacional y a nivel local, de las mujeres organizadas que permitió que, el 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines expidiera la reforma constitucional de los artículos 34 y 115, para que las mujeres pudieran ejercer este derecho, y accedieran a la ciudadanía formal que les fue negada por mucho tiempo.

A 57 años de este reconocimiento, las mujeres participamos activamente en el ejercicio de nuestro derecho a votar, tanto como electoras como integrantes de las mesas directivas de las casillas y responsables de cuidar y respetar el voto ciudadano. Para muestra un botón, en las pasadas elecciones estatales, las funcionarias de casilla representaron el 60{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} y los funcionarios el 40{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}, aunque habría que revisar cuántas mujeres fueron presidentas de casilla.

Sin embargo, esta participación de las mujeres en los procesos electorales no tiene una equivalencia cuando se trata de su presencia en los espacios de poder como candidatas a puestos de elección popular, o como integrantes del Poder Legislativo o Judicial, o del gobierno federal, estatal y municipal, a pesar de que se han realizado diversas modificaciones al marco legal para garantizar los principios constitucionales que deben prevalecer en las elecciones, así como el establecimiento de las cuotas de género, estas últimas desde el año 2002.

Así, en los últimos 30 años, sólo cinco mujeres han gobernado una entidad federativa, Colima, Tlaxcala, Yucatán en dos ocasiones y Zacatecas, y una más en la jefatura de gobierno del Distrito Federal. En Hidalgo, recién tuvimos nuestra primera candidata a la gubernatura en la elección de este año, cuyo resultado está impugnado y aún se encuentra en los tribunales.

A nivel municipal, la participación de las mujeres es muy reducida, fluctúa entre el 3,5{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} y el 4.6{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}, de acuerdo con información proporcionada por INEGI y el Instituto Nacional del las Mujeres. En Hidalgo, en el año 2008 se eligieron a 3 presidentas municipales, de los 84 municipios del estado, es decir, el 3.57{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}. En el caso de Pachuca, se designó en este año a la primera presidenta municipal, para cubrir la licencia del presidente municipal electo.

En 2007, de las 1,141 diputaciones locales de todo el país, 21.8{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} eran mujeres, actualmente asciende a 23.2{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}. En el Congreso local, también hubo un incremento en el número de mujeres, de 8 diputadas en la actual legislatura pasó a 10 en la legislatura electa, aunque habrá que esperar a ver cuántas de ellas presentarán su licencia una vez instalada la nueva legislatura.

Como ciudadanas y ciudadanos tenemos el compromiso de reconocer la valiosa aportación de la lucha de las mujeres a la democracia de nuestro país, pero también tenemos la obligación de exigir al estado se creen mecanismos que permitan la participación e inclusión de las mujeres con mayor equidad en los puestos de toma de decisiones. No es justo ni correcto para las mujeres votar y ser botadas.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece en su Artículo 7 que: “…Los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: a) votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles (…); b) participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales…”. El estado tiene la obligación de que esto no sea sólo un papel sino una realidad.

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