Necesario insertar a población LBGTTI en proyecto de decreto contra la discriminación

. A pesar de estipular en su artículo cuarto a la orientación sexual como condición para la no discriminación –junto con el sexo, la edad y el origen étnico-, el texto no creyó necesaria la inserción de la población LGBTTTI como un sector en especial riesgo de violencia ni de indicaciones para su efectiva integración social.

por Alejandro Ávila Huerta

Pachuca, Hgo., Méxco (Desde Abajo).– La adición de un artículo 45 bis a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y un punto de acuerdo que proteja los derechos de las y los niños y adolescentes en las escuelas –actualmente en comisiones- fueron algunas de las actividades informadas por la diputada federal por Hidalgo Gloria Romero a un año de asumir el cargo.

La medida es oportuna después de que las reformas propuestas en 2005 a la Ley General de Educación para prohibir la discriminación por motivos como la orientación sexual, la discapacidad o las condiciones de salud, fueran rechazadas en diciembre pasado por considerarse redundantes con el artículo 7 de la misma que, aunque menciona la lucha contra los prejuicios y los estereotipos como criterios que orientarán la educación en el país, no es concreta al respecto ni sirvió para evitar, en aquel año, numerosas expulsiones de estudiantes de primaria con VIH-sida.

En Hidalgo, particularmente Pachuca, durante los últimos dos años se han reportado incrementos en los actos homofóbicos en contra de alumnos por parte de autoridades, sobre todo en preparatorias privadas que dificultan las inscripciones, los cuales no han podido ser denunciados por no contar con la autorización de las personas discriminadas, quienes se manifiestan temerosas por amenazas de parte de las instituciones educativas si hacen públicos sus casos.

Pero además, por su carácter conciliatorio y discrecional, la ley para eliminar la discriminación presenta una barrera que merma el interés de las y los agredidos por presentar una queja, ya que condiciona el proceso legal al deseo de la o el agresor de someterse a él, otorgándole incluso la libertad de decidir si ha cometido un acto discriminatorio, como si a alguien que ha matado se le preguntara si considera que su acción fue un asesinato o si a un violador se le permitiera elegir si su delito debe ser penalizado.

Por esta razón, la política panista agregó que también se trabaja en otra reforma a la misma, de tal manera que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y las comisiones estatales encargadas de aplicarla tengan la facultad para determinar culpabilidades y no sólo presunciones, emitir exigencias y no nada más recomendaciones, y poder obligar a respetar los derechos, pues mantenerla como hasta ahora es hacerlo en un nivel muy subjetivo e ineficaz.

Aparte de dedicar capítulos a disposiciones generales sobre discriminación y medidas para prevenirla, la ley incluye uno de medidas a favor de la igualdad de oportunidades para grupos vulnerabilizados específicos: las mujeres, las niñas y los niños, las personas mayores de sesenta años, las personas con discapacidad y las personas indígenas. A pesar de estipular en su artículo cuarto a la orientación sexual como condición para la no discriminación –junto con el sexo, la edad y el origen étnico-, el texto no creyó necesaria la inserción de la población LGBTTTI como un sector en especial riesgo de violencia ni de indicaciones para su efectiva integración social.

Romero tampoco lo cree. Manifiesta su respeto a la libertad de elección y de expresión (como candidata, apoyó la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la penalización de la discriminación homofóbica); sin embargo negó que se requiera de apartados especiales puesto que la gente con orientaciones e identidades diversas ha alcanzado los avances suficientes para ser tomada en igualdad de circunstancias con el resto de la sociedad, y se justificó mencionando los adelantos jurídicos recientemente ocurridos en el Distrito Federal.

Pero México no es el Distrito Federal, y mientras en esa entidad la legislación vigente le permite ser reconocida como progresista en materia de diversidad sexual en el mundo –al menos en teoría-, el país –área de competencia de la diputada- sigue ocupando el segundo lugar mundial en crímenes de odio por homofobia.

Los estudiosos del tema Byrne Fone y Marina Castañeda han señalado la posición de peligro que ocupan las personas LGBTTTI, pues los sectores conservadores las convierten en blanco de ataques a través de los que les cobran los logros de otros grupos a los cuales ya no pueden agredir tan libremente porque ellos sí cuentan con cierta protección legal. Por el contrario, destacan los casos de países como Dinamarca, Noruega o Suecia, con algunas de las legislaciones más antiguas a favor de la diversidad y en donde se han reportado menos incidentes homofóbicos. México cuenta únicamente con cuatro leyes que defienden de la discriminación por orientación sexual; las cuatro, conciliatorias y discrecionales.

La integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso expresó su confianza en que la dinámica de la capital de la República pronto se dará nacionalmente a causa de la inercia y del interés que la Cámara ha mostrado en el tema. De ser cierto, lo último es lo más importante, pues si bien los sucesos favorables para la población LGBTTTI se han dado en una serie más o menos progresiva según las regiones, no es la simple inercia la que ha hecho algo por los derechos de la diversidad sexual, sino el trabajo de políticos conscientes de su papel como servidores de una sociedad plural.

Acerca de la tendencia de las y los miembros de su partido por obstaculizar el desarrollo de la población sexualmente diversa, Gloria Romero aseguró que no es una postura de Acción Nacional y lo atribuyó a la ideología de ciertos políticos que dejan que su moral se interponga con el bien común y la dignidad de las personas, aunque aclaró que sí privilegia valores como la familia y el diálogo con quien piensa diferente, por lo que calificó como demasiado satanizadas algunas declaraciones.

Sancionar a sus autores por incitación a la violencia es lo que debería hacerse con esas declaraciones; eso, de contar con una Constitución Política, un Código Penal Federal y leyes federales democráticas, completas, actuales y adecuadas a las necesidades de toda la sociedad en su conjunto, incluida la diversidad sexual, a lo que México se ha comprometido con la firma de tratados de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

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