Amenazan a defensores de Derechos Humanos de Guerrero luego de exigir justicia

La amenaza se dio después de que el pasado 19 de octubre Obtilia Eugenio y Cuauhtémoc Ramírez, dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM), participaron en una reunión en Gobernación. Denuncian la violación sexual de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de elementos del Ejército

por Anayeli García Martínez

México, DF (CIMAC).- Los defensores de Derechos Humanos (DH), Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, fueron nuevamente amenazados luego de que exigieron a la Secretaría de Gobernación (SG), que el Estado mexicano cumpla las sentencias por la violación sexual de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de elementos del Ejército.

La amenaza se dio después de que el pasado 19 de octubre ambos integrantes y dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM), participaron en una reunión con Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SG, a quien le pidieron cumplir con sus compromisos internacionales.

Ante esta situación, organismos defensores de DH hicieron un llamado al gobierno mexicano para que brinde protección inmediata a Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, quienes han recibido amenazas de muerte, desde antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), emitiera estas resoluciones en octubre de este año.

La OPIM ha sido una de las organizaciones que apoyaron la exigencia de justicia de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas tlapanecas que en 2002 fueron violadas sexualmente por militares.

Ambos casos llegaron al sistema interamericano y fueron resueltos por la CoIDH en octubre pasado, cuando este organismo hizo públicas dos sentencias contra el Estado mexicano por su responsabilidad en dichos hechos, desde entonces, la OPIM ha pedido que estas resoluciones se cumplan a cabalidad.

En conferencia de prensa, Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional señaló que este caso de hostigamiento contra Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, resalta una vez más la urgente necesidad de que el gobierno mexicano desarrolle un mecanismo integral de protección para las y los defensores de derechos humanos en riesgo.

Consideró que esta nueva amenaza en contra de los esfuerzos legítimos de los defensores para impulsar el cumplimiento de las sentencias de la CoIDH, muestra la importancia de que el gobierno garantice la protección efectiva de los defensores y asegure el cumplimiento no sólo de estas dos sentencias, también de las referentes al caso Campo Algodonero y Rosendo Radilla.

Cuauhtémoc Ramírez explicó que el pasado 28 de noviembre, él y Obtilia Eugenio Manuel recibieron un nuevo mensaje de amenaza, esta vez fue por escrito. En este mensaje que fue deslizado en la puerta de su domicilio, se les decía que desistieran de sus demandas de justicia para Inés y Valentina.

De acuerdo con Abel Barrera Hernández, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, las amenazas en contra de la OPIM han sido un obstáculo constante en la labor de la organización en el estado de Guerrero.

Recordó que hace un año, la CoIDH ordenó al Estado Mexicano la adopción de medidas provisionales para 107 defensores y defensoras de DH del estado de Guerrero, sin embargo estas no se han cumplido, por lo cual desde hace cerca de dos años Obtilia y Cuauhtemoc tuvieron que salir del estado en busca de seguridad.

Pese a ello, “nos tienen ubicados” afirmó Cuauhtémoc, quien explicó que durante la reunión con funcionarios de la SG –donde participaron los abogados de Inés y Valentina– pidieron que en noviembre se iniciara una mesa formal de trabajo con la participación de representantes de los tres poderes de la Unión.

Dicha reunión no se ha llevado a cabo y por el contrario, “ante esta petición surgieron amenazas”. Además agregó “creemos que esa es la respuesta: que desaparezca la organización y que no se cumplan las sentencias”.

Por su parte Agnieszka Raczynska, de la Red Nacional de organismos civiles de Derechos humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, mencionó que este caso es un ejemplo de la evidente impunidad en que permanecen las amenazas y hostigamiento a los defensores de DH.

“El tema real es la capacidad de hacer cumplir”, afirmó, pues ni el gobierno federal ni el estatal, han cumplido con las mediadas de protección para estos activistas, al igual que sucede en muchos otros estados del país, de ahí el llamado que hicieron para alertar al gobierno mexicano.

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