Profepa violenta paz social en Zimapán

La Sindico Procurador del Ayuntamiento de Zimapán, Nora Olivera Ramos, denunció a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de violentar la paz social y el Estado de Derecho, al intentar retirar los sellos de clausura que colocó la Presidencia Municipal y su titular, José María Lozano Morene, a la empresa Sistema de Desarrollos Sustentable, S.A. de C.V (SDS) propietaria del confinamiento de desechos tóxicos y peligroso construido en el Ejido de Cuauhtémoc de esta localidad.

Zimapán, Hidalgo (DESDE ABAJO).- La Sindico Procurador del Ayuntamiento de Zimapán, Nora Olivera Ramos, denunció a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de violentar la paz social y el Estado de Derecho, al intentar retirar los sellos de clausura que colocó la Presidencia Municipal, a la empresa Sistema de Desarrollos Sustentable, S.A. de C.V (SDS) propietaria del confinamiento de desechos tóxicos y peligroso construido en el Ejido de Cuauhtémoc, en esta demarcación.

En entrevista a este medio de comunicación, la representante popular calificó como una trampa, que tiene como único fin el que se retiren los sellos de clausura, que se colocaron a la empresa, la supuesta inspección que la dependencia federal tiene programada para el día de hoy, (lunes 13) “para verificar el status de los materiales depositados en ese lugar”.

Recordó que el pasado día 3 de junio, la Presidencia Municipal de Zimapán, por órdenes del alcalde, José María Lozano Moreno, realizó una inspección ocular a la planta antes mencionada, respondiendo a la preocupación de los vecinos del lugar, por las supuestas operaciones nocturnas que venía realizando la empresa sin contar con los permisos correspondientes.

Después de esta intervención y al encontrarse evidencia de que viene operando sin licencias municipales, la Presidencia procedió a la clausura, ejerciendo su autonomía municipal y respetando los derechos constitucionales de la empresa, al darle cinco días hábiles para cumplir con la ley o presentar su inconformidad con la acción municipal.

Sin embargo, explicó la representante legal del Ayuntamiento, como lo viene realizando desde hace casi cinco años, cuando inició este conflicto, la PROFEPA, vuelve a sacar la cara a favor de la empresa, al intentar retirar los sellos de clausura temporal, argumentando una supuesta visita de verificación.

La también integrante del movimiento cívico “Todos somos Zimapán”, alertó que esta medida pone en riesgo la paz social de este municipio, lograda desde el mes de septiembre del 2009, cuando la lucha en contra de la instalación y operación de este tiradero se lleva por la vía legal y pacífica desde el Ayuntamiento, encabezado por el líder moral del movimiento, José María Lozano Moreno, porque pese que desde marzo del 210, el Ayuntamiento le retiró los permisos municipales, esta seguía operando.

Y también, explicó, viola la autonomía municipal ya que la empresa podrá contar con todos los permisos federales, pero sin los municipales el consorcio español del grupo ABENGOA-BEFESA no puede operar.

Recordó que la PROFEPA goza de la desconfianza del pueblo de Zimapán, en primer término porque se ha portado como gestor de la empresa y no como un ente responsable de velar por la protección del medio ambiente, como lo hace el día de hoy al responder en nombre de SDS.

Cito como pruebas la Recomendación de los Derechos los Derechos Humanos 68/2009 en donde da fe el actuar esta institución al señalar que a pesar de que la empresa confinó varias toneladas de desechos tóxicos y peligrosos en ese confinamiento no fue sancionada y tampoco vino a verificar las condiciones en que se deposito ese material peligroso para la salud y la vida de la gente de Zimapán.

Al cierre de esta edición, integrantes del movimiento “Todos somos Zimapán” se trasladaban al confinamiento, a siete kilómetros de distancia de la cabecera municipal, a impedir que la PROFEPA retirara los permisos, instancia a la que además acusan de ser responsable de la contaminación que generan las empresas mineras en este pueblo minero, por no verificar que operen observando las normas ecológicas correspondientes.

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