Una buena decisión a favor de la sociedad civil

Muy poca difusión, ante los avasallantes temas de inseguridad, campaña electoral en Michoacán, y otros que atiende la opinión pública en estos momentos, se ha tenido de la decisión del Congreso Federal a favor de las organizaciones de la sociedad civil. Una de cal por las muchas que van de arena.

A partir del esfuerzo que diversas asociaciones civiles han realizado, desde hace años para mejorar el marco regulatorio de su trabajo, propusieron este año que los diputados y senadores revisarán la regulación de donatarias autorizadas. Finalmente después de convencer de las bondades de la propuesta se tuvo una decisión positiva.

El Colectivo Fortaleciendo Causas Ciudadanas, que fue el promotor de la iniciativa, dio a conocer el 27 de octubre pasado, que por fin, fue aprobada la Ley de Ingresos 2012 por el Senado de la República, ya que esta ley lleva un mandato para que durante el ejercicio fiscal 2012, además de las instituciones sin fines de lucro que ya estaban consideradas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, puedan ser autorizadas para dar recibos deducibles de impuestos a sus donantes.

Entre otras, organizaciones de la sociedad civil (OSCs) que trabajan temas de fomento cívico y promoción de la participación ciudadana en asuntos de interés público. Gracias al mandato que lleva esta Ley, podrán tramitar la autorización de donatarias autorizadas en el SAT, las OSCs que tienen los siguientes temas como objeto social:

El apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, la Promoción de la equidad de género, la atención a grupos sociales de personas con discapacidad, la promoción del deporte, la aportación de servicios para las personas con discapacidad, la protección del medio ambiente y promoción del desarrollo sustentable en zonas rurales y urbanas, el fomento de la educación, cultura, arte, ciencia y tecnología.

Así como también asociaciones que se dediquen a las siguientes actividades y rubros: las acciones de protección civil, el fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de la Ley de Fomento, y la promoción y defensa de los derechos de los consumidores.

Como Colectivo no podemos bajar la guardia, si bien este mandato representa un avance muy importante para el fortalecimiento del sector de OSCs, debemos pugnar por esta modificación en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que así, lo que garantizará un marco legal y fiscal más homogéneo para las OSCs, de largo alcance y que fortalezca la rendición de cuentas.

Es de agradecer a todas las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos que firmaron la petición de este Colectivo, así como a los diputados Marcela Torres y Roberto Cantú (PAN), Claudia Anaya (PRD), David Penchyna (PRI), Vidal Llerenas (PRD), Adriana Hinojosa (PAN) y Claudia Ruiz Massieu (PRI), de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que incluyeron el tema en la Ley de Ingresos de la Federación.

Es de resaltar la problemática que se presentaba en el país en términos de fortaleza de la sociedad civil: 1) México enfrenta un déficit en términos de organizaciones, especialmente en el número de organizaciones autorizadas para emitir recibos deducibles de impuestos y de estar exentas del pago de impuestos. 2) El costo fiscal de promover que haya más organizaciones y más donatarias es mínimo y, más aún, en comparación con los enormes beneficios en la construcción de un tejido social más fuerte y de los servicios que prestan a un costo reducido. Y, 3) las donatarias autorizadas han contribuido a la expansión de la transparencia de los datos financieros del sector y al mejoramiento en la fiscalización de las autoridades.

Es necesario que los gobiernos locales también se abran a las actividades que realizan las organizaciones y asociaciones civiles autónomas. En ellas está puesto el futuro para “fortalecer el tejido social” que estos años ha sido destrozado por acciones fallidas y graves omisiones en las políticas del desarrollo.

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