Guerrero: Violencia y comisión de la verdad

Sin precedentes ha sido la asistencia el pasado lunes (26/12), del gobernador del Estado de Guerrero ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la queja que interpusieron estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, por “violaciones graves a los derechos humanos”, es inédito que un alto gobernante haya acudido a responder sobre denuncia de violaciones a los derechos fundamentales.

Los acontecimientos del 12 de diciembre cuando a las 12 hrs los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa organizaron un bloqueo en la salida de la autopista de Chilpancingo a Acapulco, solo pedían una audiencia con el gobernador para satisfacer demandas estudiantiles. La policía intervino a balazos, siendo el saldo de dos muchachos muertos varios heridos graves, otros más desaparecidos y, al menos, 50 detenidos.

Los jóvenes estudiantes campesinos de Ayotzinapa exigían la solución a un pliego petitorio que presentan cada año. Sus demandas son relativamente sencillas de resolver. Pedían que los 35 pesos diarios por muchacho que se asignan cada día para que realicen las tres comidas, se incrementen. Demandan que se reparen los baños, los dormitorios y las instalaciones de la escuela, que tienen ocho años sin mantenimiento. Solicitan que la matrícula anual de 140 alumnos de nuevo ingreso aumente a 170. Exigen que el promedio mínimo aprobatorio para los alumnos que recién entran sea de siete. Requieren becas para los egresados.

Esto es sintomático de la violencia que se vive en el país, la “normalización” de la violencia y la criminalización de la protesta social se atacan de la misma manera, no hay una clara distinción política de lo que está ocurriendo.

Si bien Chihuahua ha sido considerado el más inseguro y violento del país, en Guerrero “no cantan mal las rancheras”, ya que se agregan acontecimientos de la delincuencia que se fue incrementando a las protestas por los problemas sociales, entre ellos de los profesores y de estudiantes a diversos niveles.

A ello hay que agregar la repulsa de los gobiernos conservadores y derechistas contra las “normales rurales”. La de Ayotzinapa se funda hace 83 años precisamente para dar educación a campesinos y sus hijos de escasos recursos, campesinos pobres de la Montaña, Sierra y Costa Chica. Hoy este tipo de escuelas no tiene cabida en gobernantes neoliberales.

El caso de Guerrero, es específico, Ángel Aguirre llega por una alianza de izquierda, aun cuando sus antecedentes son de provenir de caciques políticos y represores contra de los movimientos sociales históricos en Guerrero.

Precisamente los grupos políticos desde hace tiempo habían pedido que se formara una “Comisión de la Verdad” para investigar los “crímenes del pasado” en contra de movimientos sociales de los sesenta y setenta y en donde hubo violaciones a los derechos humanos. Precisamente el 20 de diciembre el Congreso Local logra constituir esta comisión con destacados intelectuales y personajes autónomos al poder político. Sin embargo, nace con una limitante de tiempo y facultades.

La Comisión de la Verdad solo investigará la desaparición forzada de más de 600 ciudadanos durante el periodo conocido como guerra sucia en Guerrero (1969-1979), pero excluyó las masacres de Aguas Blancas (1995) y El Charco (1997), y desde luego tiene un candado para conocer los asesinatos de estudiantes en diciembre pasado.

La muerte de estudiantes de Ayotzinapa tienes responsabilidades en la toma de decisiones, que escapan a los simples autores materiales que acudieron armados, de las distintas policías estatales y federales, cuyo deslinde aun está por definirse, y que involucran mandos de altos funcionarios. Hoy este tipo de violaciones simplemente no puede darse el tradicional carpetazo.

Se requiere que la comisión de la Verdad pueda convertirse en una instancia fundamental para esclarecer los hechos de la violencia de Estado, y amplíe sus facultades para conocer los sucesos recientes. DE todas formas la CNDH deberá intervenir hasta sus últimas consecuencias. Pero no se debe caer nuevamente en la impunidad, solo porque eran estudiantes y eran pobres.

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