Reitero lo dicho

La semana pasada comentaba que el que una candidata sea mujer no garantiza, que de ganar, realice acciones a favor de sus congéneres. Esto aplica también a la recién electa candidata presidencial por el PAN, Josefina Vázquez Mota, al menos con relación a los derechos de las mujeres, en particular con sus derechos sexuales y reproductivos.

En diversos momentos ella ha expresado claramente su posición: coincide y respalda los principios y las convicciones de su partido, es decir, “la vida y la dignidad humana deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural”, como lo establecen los documentos básicos del PAN. Aunque de manera contradictoria también ha afirmado que está a favor de los derechos de las mujeres.

Evidentemente cuando se aspira a la Presidencia de la República hay que actuar, o por lo menos declarar, de manera políticamente correcta por ello, aunque no muy convencida, ha declarado que está en contra de la criminalización de las mujeres por interrumpir de manera voluntaria sus embarazos, pero está de acuerdo con las reformas constitucionales de los 17 estados que garantizan el derecho a la vida desde el “momento de la concepción”.

Esta contradicción lo único que evidencia es el uso electorero de los derechos y las necesidades de las mujeres, ya que no se puede hablar del respeto a los derechos de las mujeres sin reconocer que éstos se violentan al impedir que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos.

En ese sentido Acción Nacional sigue trabajando para limitar el ejercicio de estos últimos, sobre todo en el Distrito Federal, único lugar en nuestro país en el que se tiene acceso seguro y legal a la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación.

Tan es así que en la sesión de la Cámara de Diputados el pasado 25 de enero, los diputados federales Óscar Saúl Castillo Andrade y María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que establezca en las leyes correspondientes la prohibición de publicar anuncios de clínicas privadas no autorizadas por la Secretaría de Salud del Distrito Federal ofreciendo la interrupción del embarazo o abortos, misma que fue turnada a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados para su dictamen.

Coincido plenamente con Sara Lovera, quien en sus Palabras de Antígona señala que ”si los datos manejados por los panistas son reales, que lo dudo, es verdad que urge, en primer lugar, averiguar si las clínicas oficiales del Distrito Federal no tienen capacidad para atender las solicitudes; si es cierto que las clínicas privadas operan de forma irregular y, finalmente, si existen indicios de riesgos y consecuencias para quienes hacen uso de un derecho”.

De fondo lo que le interesa al PAN no es la salud o la vida de las mujeres sino impedir el derecho ganado en el Distrito Federal, y que no cunda el “mal ejemplo” en los estados.

De cualquier forma es importante señalar el hecho de que un partido conservador tenga a su primera candidata a la Presidencia de la República, ya que las cuatro candidatas a la Presidencia de la República que ha tenido nuestro país han sido propuestas por partidos de izquierda: Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1982 y 1988, Marcela Lombardo por el Partido Popular Socialista (PPS) y Cecilia Soto por el Partido del Trabajo en 1994, y Patricia Mercado por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina en el 2006.

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