por Alberto Buitre
Poco más de 330 trabajadores de limpias del Ayuntamiento de Pachuca, gobernado por el PRI, se quedaron sin empleo de la noche a la mañana. El motivo: la intención del alcalde Eleazar García Sánchez de privatizar la recolección de basura en la ciudad, un negocio que deja ganancias millonarias gracias a la compra – venta de materiales reciclables, cuyo monto, en este caso, se eleva a razón de 400 toneladas diarias de desechos. El alcalde les había prometido a los trabajadores ser contratados por la empresa Cambio Verde SA de CV, una vez que ésta asumiera la operación del servicio municipal, y sin embargo, fueron liquidados. Su sindicato, en manos de un militante priísta, alega autoritarismo, pero pide a los barrenderos resignarse. En tanto, el impuesto por la recolección de basura no se eliminará, al mismo tiempo que quienes habitan en ésta que es capital de Hidalgo, quinta entidad más pobre de México, serán obligados a sujetarse a la cuota que los nuevos basureros les cobren, condicionados a ser privados del servicio.
Pero detrás de todo ello, hay algo más que un simple conflicto municipal. No es casualidad que el proyecto sea implementado en una región dominada por quien es brazo político de Enrique Peña Nieto, el ex gobernador hidalguense, Miguel Ángel Osorio Chong, señalado por Andrés Manuel López Obrador como el operador de la compra y coacción del voto durante la jornada electoral del 1 de julio, y a su vez, amigo y patrón del alcalde García Sánchez, empresario laboratorista sin experiencia alguna en la administración pública. La concesión particular de los desechos en esta ciudad es el prototipo de una política que pretende imponerse a nivel Federal en el nuevo gobierno del PRI: la privatización de los servicios públicos.
Tanto en su campaña como en sus discursos posteriores a la elección que lo impone de manera cuestionada como Presidente virtual de México, Enrique Peña Nieto ha reiterado su intención de “impulsar las reformas estructurales que el país necesita”. Esto es, cambios en la Constitución Política y las Leyes Federales que legalicen la injerencia de capital privado en sectores como los recursos naturales y los servicios llamados “estratégicos”, pertenecientes a ramos de salubridad, educativos, energéticos y, por supuesto, ambientales. En ese sentido se propone la eliminación de la administración del Estado sobre el petróleo o la seguridad social, para dar paso a “concesiones” a empresas que demuestren capacidad para “ofrecer” dichas prestaciones, con potestad cuasi plenipotenciaria en las formas como se han de administrar tales servicios. La intención, afirma Peña Nieto, es “incentivar la inversión y hacer crecer la economía”. Es otras palabras, ofertar el país como si se tratara de un negocio privado. El recambio de “beneficios” y en vez de derechos.
La crisis del capitalismo ha obligado a países como España a reducir el gasto público en seguridad social, para aumentar la inversión privada en ella. Ante la supuesta incapacidad económica del Estado para dotar a la población de bienestar humano, la intención es hacer correr el dinero de las empresas sobre un mercado que hasta hoy le estaba vedado: el de los servicios públicos. En ese sentido, el Gobierno capital se libra la pena de someter a los monopolios a regímenes fiscales justos y acordes a las necesidades populares, y en vez de eso, se somete a la población a las necesidades privadas, aumentándole los impuestos o bien, haciéndoles pagar por el costo de los servicios que por derecho constitucional deberían estar garantizados. Esas son, por ejemplo, las “reformas estructurales” que Mariano Rajoy ha utilizado para justificar los recortes que mantienen al 25{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} de la población española en paro y sin posibilidad de acceder a la salud o educación. Y esas son las “reformas estructurales” que Peña Nieto pretende imponer de la mano del PAN, del PRD y de su partido, el PRI.
El modelo hidalguense
El modelo pachuqueño e hidalguense de Gobierno dominado por el PRI se basa en la corrupción. Toda la estructura de leyes, partidos, medios, servicios e instancias obedecen al objetivo superior del poder. En ese sentido, por ejemplo, la construcción de carreteras es un negocio redondo donde el Ejecutivo licita y arroga tal responsabilidad a constructoras ligadas a los gobernantes o, incluso, propiedad de los propios gobernantes. Y en cuanto otros ámbitos como equipamiento urbano o transporte, su injerencia se otorga bajo la condición de beneficiar económicamente al Gobierno que le ha beneficiado, sobre todo en época electoral. El PRI – Gobierno. No hay pierde. O sí hay pierde, a saber, los derechos de la población y en particular, de la clase trabajadora.
Similar a la privatización de los servicios de limpia, uno de los ejemplos más recientes de la supresión de costos públicos por beneficios privados en la Pachuca de Osorio Chong y Eleazar García, es la remodelación del Parque de Convivencia Infantil. Un tradicional parque de esta ciudad que alberga áreas recreativas y un pequeño zoológico. A principios del 2012 se anuncio que se buscaría la inversión de la llamada Iniciativa Privada (IP) para el mejoramiento del parque. Se dijo, pues, que el 98 por ciento de los gastos serían cubiertos por los inversores capitalistas. Finalmente, a finales de abril, el lugar quedó listo. Pero más allá de las mejorías infraestructurales, había una diferencia a resaltar: más de una decena de comerciantes ambulantes ya no estaban en el parque. La alcaldía de Pachuca había obedecido una del as condiciones de la IP para invertir en la remodelación, y era que se desalojara a cualquier vendedor desautorizado por ellos. Quienes ahí habían vendido insumos y golosinas por décadas, fueron echados. Y en su lugar, sólo han sido autorizados a vender los patrocinadores; es decir, los monopolios.
El modelo es general. Como en el caso de Pachuca, la privatización de los servicios públicos en México a cuenta de los amos del PRI, los monopolios, correrá desde sectores como la basura y podría llegar hasta recursos vitales como el agua potable. La aplicación de un gobierno gerencial ofertará al capital la posibilidad de seguir acumulando fortunas en ese nuevo sector de inversión: la urgencia del pueblo por sobrevivir.
