Feminismo

La diputada María Luisa Pérez Perusquía lamentó la descalificación que en la última sesión ordinaria del periodo ordinario se hizo en tribuna de colectivos feministas que denunciaron casos de acoso sexual, al discutir un exhorto que planteó con el tema “Acuerdo Económico en materia de prevención, atención  y erradicación de la violencia escolar en las instituciones de educación superior”.

La presidenta de la Junta de Gobierno enfatizó que “lamento mucho que se utilice esta tribuna para denostar a estos colectivos que señalan, dicen, la friolera de 25 casos, no podemos denostar a un grupo de mujeres que decide alzar la voz y hacer estos señalamientos, ni tampoco decir que solo son 25 casos, nada más que una mujer de esos 25 casos perteneciera a su familia, pensarían muy diferente”.

En tribuna, Pérez Perusquía expresó que “al ingresar a una institución de educación superior, muchos estudiantes enfrentan un medio hostil, que no sólo merma su desarrollo académico y profesional, sino que afecta su integridad, su salud física, mental, emocional e incluso en los casos más infortunados, ha cobrado varias vidas”.

La coordinadora del GLRPI explicó que “las manifestaciones expresadas a través de colectivos, en los medios de comunicación y las redes sociales que, a su vez, están respaldadas por estudios de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en las que se visibilizan casos de violencia escolar, acoso y hostigamiento, violencia de género, violencia sexual, discriminación y abuso de autoridad, que claramente contravienen a lo establecido en la Constitución; las recomendaciones internacionales; la Ley General de Educación; la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar en el Estado de Hidalgo, entre otras, al atentar contra los derechos humanos de las personas”.

Con mayor razón, ahondó, “después de que, en el mes de marzo, posterior a la presentación del exhorto, a través de los medios, se dio a conocer que gracias a los denominados “tendederos del acoso” se expresaron denuncias en instituciones de educación media superior y superior en el estado, principalmente en contra de académicos, así como de administrativos, directivos, e inclusive hacía los propios compañeros, todo esto en el contexto del paro nacional de mujeres”.

“Por otro lado, se mantiene de forma específica un exhorto, en el mismo sentido, para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al ser ésta la máxima casa de estudios de las y los hidalguenses, la que tiene la mayor matrícula en el estado y la institución señalada directamente en las denuncias que un grupo de ciudadanas y ciudadanos dio a conocer a los medios de comunicación. Denuncias que no pueden pasarse por alto y que deben ser atendidas”, precisó Pérez Perusquía.

Finalmente, Pérez Perusquía explicó que “la atención a la violencia no debe ser un asunto que dependa de intereses políticos, no se trata de atacar a una institución que por sí misma, defiende su prestigio por su calidad académica, sino que no atender esta problemática va en detrimento de las oportunidades de desempeño de las y los estudiantes víctimas de violencia y mayoritariamente de las mujeres”, concluyó.

Expertos de Naciones Unidas aseguran que cada 11 segundos muere una embarazada o un neonato, en tanto sólo los países con sistemas de salud seguros garantizan la supervivencia  de la madre y el niño.

Porque más allá de la leyenda bíblica que atribuye los dolores del alumbramiento a un castigo divino por la desobediencia de Eva, muchas son las afectaciones y cambios biológicos, hormonales y sicológicos a los que se exponen las mujeres y los bebés durante el embarazo y el parto.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son los momentos en que las mujeres y los recién nacidos son más vulnerables; estadísticas arrojan que cada año mueren 2,8 millones de embarazadas y recién nacidos, la mayoría por causas prevenibles.

El primer mes de vida es el de mayor riesgo, aseguran los expertos, sobre todo si se trata de niños prematuros o con bajo peso, si hay complicaciones en el parto, si el recién nacido presenta defectos congénitos o si contrae alguna infección.

«Estamos emprendiendo la tarea de devolver a las mujeres de nuestras comunidades el poder sobre su cuerpo y la posibilidad de compartir con otras la experiencia de traer un ser al mundo.»

Aproximadamente un tercio de esas muertes se producen durante el primer día y casi el 75 por ciento durante la primera semana, de acuerdo con las cifras oficiales de la OMS.

Para Henrietta Fore, directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), contar con asistencia cualificada para ayudar a las madres y recién nacidos durante el parto, además de agua salubre, nutrición adecuada, medicamentos y vacunas básicas, puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte.

Por su parte Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, refiere que en los países que ofrecen servicios de salud seguros, asequibles y de calidad para todos, las mujeres y los niños sobreviven y salen adelante.

Basado en estos criterios y con análisis simplista bien podría suponerse que sólo los países desarrollados con altas coberturas de salud están en capacidad de asegurar la supervivencia de los protagonistas de este complejo proceso de la vida.

Difícil explicar entonces que naciones como Cuba o Venezuela, bloqueadas durante años por Estados Unidos, impedidas de adquirir alimentos, medicamentos, vacunas, insumos o equipamientos en el mercado internacional,  se ubiquen entre los países con más baja tasa de muerte materna e infantil.

Parto humanizado como política de Estado

El presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, instituyó el Parto Humanizado como política de Estado en el año 2017 (foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Apenas transcurrían los primeros meses de 2017 se impulsó en Venezuela una campaña nacional en favor del Parto Humanizado, así, como parte de las políticas de empoderamiento y protección a la mujer promovidas por el Gobierno bolivariano. El el 27 de junio del mismo año el presidente Nicolás Maduro anunció el lanzamiento oficial del plan.

«Voy a lanzar el Plan Nacional del Parto Humanizado, parto sin dolor, para apoyarlas y ayudarlas. Que tengan un parto feliz, una gestación sana, feliz, humana. Por eso hay que constitucionalizar todas las misiones para que nunca nadie pueda privatizar los derechos de los venezolanos», dijo el mandatario en aquella ocasión.

Días después se aprobaban los primeros recursos para la  ejecución de esa política social liderada por el Ministerio de la Mujer, con la participación del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), el Ministerio de la Salud y otras instituciones.

Luego de tres años, el programa se mantiene como una prioridad del Estado venezolano.

Para Asia Villegas, ministra de la Mujer, la gestación y el parto humanizado no es una cuestión subalterna, no es un tema banal de mujeres, ni anécdotas de las salas de espera de las consultas de obstetricia.

«Más de 19 mil promotoras comunales de parto humanizado trabajan actualmente en los 24 estados venezolanos y en más de 52 por ciento de los municipios.»

En intercambio con Prensa Latina, a propósito del tercer aniversario de la puesta en práctica de esa iniciativa gubernamental, la alta funcionaria aseguró que este es un gran debate nacional a favor o en contra de la política pública.

Es una experiencia emblemática, la cual no existe como un plan nacional en ningún otro país de América Latina, es un ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, señaló, no se trata sólo del parto fisiológico y vaginal, se trata de un trato justo, amable, amoroso, de una maternidad deseada feliz y segura.

Más de 19 mil promotoras comunales de parto humanizado trabajan actualmente en los 24 estados venezolanos y en más de 52 por ciento de los municipios, las cuales se formaron como educadoras populares en los territorios donde promueven conciencia que la gestación, el parto y el nacimiento no es una enfermedad, explicó la ministra a esta agencia.

Se trata además de reducir los índices de cesárea, limitar la violencia obstétrica, incorporar a la pareja a la gestación, al parto, al nacimiento y al cuidado de la criatura y la madre, recalcó.

Se trata además de reducir los índices de cesárea, limitar la violencia obstétrica, incorporar a la pareja a la gestación, al parto, al nacimiento y al cuidado de la criatura y la madre, recalcó.

Venezuela como casi todas las naciones de la región, está marcada por un machismo arraigado, heredado de siglos de sociedades patriarcales, donde la mujer es simplemente el repositorio de un hijo, de cuya crianza y atenciones se desentienden los padres la mayoría de las veces.

Por eso, expresó la alta funcionaria, debe ser una política pública generalizada ya que muchas veces se puede escuchar el discurso patriarcal de boca del propio personal femenino, porque todos reproducimos esa cultura.

Sin embargo, para Villegas esta experiencia contribuyó a cambiar esos patrones, porque según señaló a esta agencia, los hombres al ser responsables en la paternidad también descubren su lado tierno y amoroso.

El objetivo de ese programa es el acompañamiento a las gestantes en todo el proceso y posteriormente en la lactancia materna y el cuidado responsable y amoroso de la criatura.

Según la ministra, se trata de ver el parto como un acto natural y fisiológico, pero también un acontecimiento muy personal, asimilar que no es una enfermedad, ni un acto médico, sino un proceso propio del  cuerpo de la mujer, muy complejo, asociado a su sexualidad y reproducción, en el cual median múltiples variables.

 «Países como Venezuela o Cuba se ubican entre las naciones con más bajo índice de mortalidad materna e infantil.»

Tal definición, dijo, se contrapone, sustancialmente, a la visión patológica con que la obstetricia trata el parto y el nacimiento, porque si bien esta especialidad médica ayuda a salvar muchas vidas de mujeres, también instauró prácticas que atentan contra los derechos ellas y de los bebés.

En muchos países las féminas aún esperan largas horas sin derecho a la compañía de sus parejas o familiares más cercanos, inclusive las adolescentes primerizas, recordó.

Son sometidas a tactos públicos y repetidos, a tomar posiciones incómodas y a acostarse en camas horizontales, sin información amplia y suficiente, ni consentimiento previo, se les administran medicamentos y les realizan maniobras invasivas, insistió.

A través de ese programa -remarcó- tratamos de evitar esas acciones, como bien lo dice el nombre, es humanizar un complejo momento de la vida.

Villegas aseveró a Prensa Latina que quienes trabajan en ese proyecto creen en la posibilidad de pensar en colectivo los procesos de maternidad, paternidad, parto y nacimiento, de acuerdo a las antiguas costumbres heredadas de los pueblos originarios, donde esto es sobre todo un proceso natural.

Esto, insistió, no quiere decir que nos opongamos a la atención médica, sino que estamos emprendiendo la tarea de devolver a las mujeres de nuestras comunidades el poder sobre su cuerpo y la posibilidad de compartir con otras la experiencia de traer un ser al mundo.

Estamos promoviendo que la comunidad dimensione su responsabilidad sobre los procesos vitales en el seno de la misma, promoviendo el reencuentro y el socialismo, reiteró.

Para la ministra de la Mujer, la experiencia de apropiarse de principios y herramientas para disfrutar la maternidad, valorándose como un ente social, reorientando su hacer con enfoque de derechos de género, de clase y etnia, es sin lugar a dudas una experiencia liberadora que vale la pena consolidar desde las políticas de un Estado socialista. (Yadira Cruz Valera / Prensa Latina )

La secretaría de Gobernación confirmó que serán respetados los presupuestos asignados a los diferentes organismos desconcentrados que atienden los derechos humanos y la atención a las violencias contra mujeres y niñas lo cual “es una decisión positiva, apegada a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, consideró Amnistía internacional.

La declaración del Gobierno de México respondió a la misiva enviada por Amnistía Internacional junto a 163 organizaciones más, en la cual se solicitó a las autoridades detallar si la austeridad republicada impulsada por la administración afectaría el presupuesto de atención a la violencia contra las mujeres, la cual propició una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la que participaron las y los titulares de dependencias a cargo de la atención a la violencia contra las mujeres.

Amnistía Internacional consideró que no hubo “respuestas claras” a sus peticiones por parte de la autoridad federal, por lo cual lanzó una Acción Urgente el miércoles 8 de julio de 2020, con el objetivo de que el Estado mexicano garantizara los recursos a los programas que atienden las violencias contra las mujeres, incluyendo el presupuesto para las Casas de Atención a la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs). Mediante la Acción Urgente activistas del movimiento internacional, enviaron cartas y mensajes de correo electrónico a la Secretaría de Gobernación, apoyando la petición.

Por lo cual –señala Amnistía Internacional—, “el anuncio hecho ayer por la Secretaría de Gobernación, indica que el objetivo se ha cumplido”.

“Amnistía Internacional seguirá vigilando que no haya recortes presupuestales a los programas destinados a atender las violencias contra las mujeres y las niñas en México. Como parte de esta vigilancia, solicitará a la Cámara de Diputados que ejerza su facultad de supervisar que dichos presupuestos se apliquen conforme a lo establecido e incluso solicite al poder Ejecutivo rendir cuentas al respecto”.

La organización con sede en Inglaterra especificó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los recursos para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas, en cualquier tipo de contexto que ocurra en el país.

Y recalcó que, para hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia “se requiere también de políticas públicas concretas”. Al respecto –señaló—, es necesario recordar que aún está pendiente la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, previsto en los artículos 41 y 42, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Casi a la fuerza, pero las mexicanas conseguimos que el 17 de octubre de 1953 se reconociera nuestro derecho al sufragio. Sin embargo, fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando las mujeres de este país pudieron votar en una elección.

En esa ocasión se sufragaba para la elección de diputados federales de la XLIII Legislatura, y fue la primera vez que realmente todo el país eligió a su congreso, debido a que, en 1952, durante su campaña por la Presidencia de la República, Adolfo Ruiz Cortines prometió ante 20 mil mujeres asistentes a un mitin de campaña, la ciudadanía sin restricciones para las mexicanas.

«La violencia política por género no sólo ha cobrado las vidas de las mujeres en el pasado y el presente».

Ya como presidente, el 17 de octubre de 1953, Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal y se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional.

Fue así como en 1953 se reconoció el derecho al sufragio femenino, gracias a la organización y lucha de las feministas mexicanas, quienes durante un siglo demandaron derechos ciudadanos, los cuales pudieron ver realizados apenas hace 65 años.

No obstante, en este aniversario de la primera vez que las mexicanas ejercieron el derecho al voto sigue habiendo muy poco qué celebrar. La violencia política por género no sólo ha cobrado las vidas de las mujeres en el pasado y el presente, sino que desincentivan el que, en un futuro, las mexicanas decidan ejercer su derecho constitucional de votar y ser votadas.

Por otro lado, actualmente contamos con es la Paridad Total aprobada hace un año por el legislativo, con la cual se obliga a que en elecciones municipales haya paridad completa en todas las planillas. También forzará a todas y todos los próximos alcaldes a integrar un gabinete paritario, y a los gobernantes actuales a sustituir por una mujer a cada integrante que se vaya de su actual gabinete, hasta que la integración del mismo sea paritaria.

Ayer entraron en operación 15 Centros de Desarrollo para Mujeres (CDM) en igual número de municipios considerados de alta marginación, los cuales se suman a la atención especializada que otorga el Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) a través de los 23 Módulos de Atención Jurídica, Psicológica y de Trabajo Social, con lo que se amplía la cobertura en el territorio estatal, informó la directora general, María Concepción Hernández Aragón.

Señaló que el programa de CDM es financiado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), implementado en Hidalgo por la Secretaría de Gobierno a través del IHM y se concreta con el respaldo de los ayuntamientos vía Instancias Municipales para el Desarrollo de las Mujeres, por lo que es un proyecto resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para beneficio de las hidalguenses.

Concepción Hernández Aragón, directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres. FOTO: Especial

Al poner en marcha la operación de dichos centros, Concepción Hernández instruyó a las 45 asesoras (trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas) que participan en el proyecto, actuar con total profesionalismo aún en las circunstancias adversas que implica la contingencia derivada de la pandemia por el Covid-19 y que obliga al trabajo por guardias, para que las mujeres en situación de violencia tengan una atención de calidad con la ayuda de herramientas tecnológicas, y nadie se quede desprotegida.

También enfatizó en la obligatoriedad de ceñirse a los protocolos sanitarios en el marco del Operativo Escudo implementado por el gobernador Omar Fayad, para evitar daños a la salud, tanto de las servidoras públicas como de usuarias, por lo que el personal que interviene fue capacitado en el tema.

Asimismo, en reunión con titulares de las Instancias de los municipios donde operan los 15 CDM, la directora del IHM informó sobre el plan de trabajo y pidió la colaboración de las alcaldías para facilitar la atención. Puntualizó en la necesidad de disponer de espacios físicos y medios de transporte para realizar traslados de mujeres en situación de violencia, cuando así se requiera.

Reunión de la directora del IHM con las directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres en el Estado. FOTO: Especial

Los Centros de Desarrollo para Mujeres son parte del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género del Inmujeres. Tienen como función principal promover e impulsar el emprendimiento de acciones afirmativas de las mujeres desde una perspectiva de género, a fin de facilitar su desarrollo integral; sin embargo, las profesionistas están capacitadas para atender situaciones de violencia o canalizarlas a las instituciones respectivas.

Los municipios donde operan los CDM, son:  Alfajayucan, Cardonal, Chapantongo, Chapulhuacán, Cuautepec de Hinojosa, Huautla, Huazalingo, Mixquiahuala, Molango, San Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec, Tepehuacán de Guerrero, Tenango de Doria, Xochiatipan y Yahualica.