Peligran leyes del congreso del estado de Hidalgo
Por violar el principio democrático y constitucional de “no sobre-representación» leyes como la de transparencia, desarrollo social y otras mas podrían ser anuladas.
Por: Héctor Ortega
hectorortega@terra.com
De acuerdo a una investigación realizada por el que escribe esta columna, diversas leyes aprobadas por la actual Cámara de Diputados del estado de Hidalgo podrían ser anuladas debido a la sobre representación del PRI en el total de las diputaciones locales.
Existe un principio constitucional en los niveles estatal y federal que no permite la sobre representación de las cámaras de diputados en favor de determinado partido político a fin de dar un equilibrio democrático a favor de las fuerzas partidistas de oposición representadas por sus diputados a fin de que el Congreso garantice legalidad y certeza jurídica en sus acuerdos e iniciativas o reformas de ley.
La cámara de diputados de Hidalgo presenta una sobre representación de diputaciones del PRI respecto a los otros partidos políticos, por lo que de acuerdo a especialistas en la materia esta situación en nuestro Poder Legislativo Estatal viola el principio Constitucional Democrático de “no sobre-representación legislativa».
Ante este panorama todas las iniciativas aprobadas en la actual legislatura estatal podrían quedar nulas de presentarse un recurso legal ante la suprema Corte de Justicia de la Nación por la inconstitucionalidad de la conformación de nuestra Cámara a de Diputados hidalguense, lo que provocaría la inoperancia de las leyes aprobadas durante la actual legislatura y obligaría a que se reinicie una nueva que cumpla las formas Constitucionales.
De acuerdo a la Constitución Mexicana, el recurso legal podría iniciarse a petición de la Cámara de Diputados Federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de una solicitud por escrito de algún ciudadano fundado en la garantía de petición establecida en el artículo 8º de nuestra Carta Magna o en su caso podría iniciarse a petición de algún partido político con registro, al ser este una institución de interés público.
En el caso de que este panorama se presente, la ley de transparencia que acaba de ser aprobada por los diputados locales actuales, la cual entraría en vigor hasta dentro de un año y medio, se tendría que anular entre otras mas.
Las leyes aprobadas en el Congreso no podrían entrar en operación al ser inconstitucional la integración de la legislatura que las aprobó, provocando que el acceso a la información pública se retrase aun mas y la transparencia en el estado de Hidalgo se vería afectada ya que tendría que aprobarse una nueva ley con una nueva conformación de diputados locales que sea legítima y que cumpla los principios Constitucionales.
Si bien este asunto fue ventilado en su momento ante el Tribunal Electoral Federal, puede ser ahora ventilado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la problemática de “la sobre-representación» de diputados del PRI perjudica derechos constitucionales ciudadanos al poner en riesgo la legitimidad de todas y cada una de las nuevas leyes locales al haber sido votadas por un Congreso que su conformación viola el antes citado principio Constitucional y Democrático.
De quedarse las cosas como están, la ley de transparencia y otras leyes como la de desarrollo social aprobadas en la actual legislatura no se cumplirán, ya que cualquier autoridad estatal podrá negarse a obedecer alguna petición ciudadana respecto a esas leyes e incluso se podrá amparar para no facilitar información o alguna asistencia requerida por la población, ya que dichas leyes fueron aprobadas de origen en una Cámara de Diputados local con una conformación inconstitucional, por lo que cualquier dependencia local se podrá negar a obedecer dichas leyes sin tener sanción alguna.
Esta acción pudo ser premeditada y organizada desde hace unos años por grupos políticos locales que ven en peligro sus intereses con la ley de transparencia e intentan frenar la información pública en Hidalgo para ocultar el destino del dinero o bienes públicos, los cuales deberían ser aplicados en beneficio de toda la gente y en especial la gente de escasos recursos.
¿Simulación política?
