. No obstante que el Congreso del estado de Hidalgo otorgó facultades a la Comisión de Derechos Humanos estatal para atender actos en materia de discriminación, lo que las organizaciones sociales de Hidalgo habían promovido originalmente en un Foro Ciudadano organizado por el Legislativo era la creación una Ley integral que vigilara, conociera y persiguiera actos discriminatorios por condiciones étnicas, sexuales, edad, género y políticas contra cualquier ciudadano hidalguense.
Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo
Pachuca.- A poco más de un mes de entregar sus curules, ueron aprobadas por el Congreso estatal reformas a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), con lo que se le otorgan facultades al organismo para atender actos en materia de discriminación.
Promovida originalmente por organizaciones de la sociedad civil del estado como una Ley, éstas reformas facultan a la CDHEH para intervenir en casos de discriminación siempre y cuando exista una denuncia por parte de la persona agraviada, el representante de la misma o el de un grupo que haya sido victima de un acto de esta índole.
En el cuerpo de la iniciativa aprobado se puntualiza que cuando la CDHEH no tenga competencia para atender el acto de discriminación, el organismo defensor de los Derechos Humanos realizará una notificación a la institución correspondiente para que atienda el caso y se haga saber a la persona afectada o representante, la dependencia a la que deberá acudir y el nombre del servidor público que le atenderá.
No obstante a éstas reformas, lo que las organizaciones sociales de Hidalgo habían promovido originalmente era una Ley que vigilara, conociera y persiguiera actos discriminatorios por condiciones étnicas, sexuales, edad, género y políticas contra cualquier ciudadano hidalguense.
Esta fue la principal conclusión del Foro Ciudadano para Prevenir, Erradicar y Castigar la Discriminación en el Estado de Hidalgo, organizado por el propio Congreso local el 3 de octubre del 2007; sin embargo, esto sólo fue motivo para unas reformas y no una legislación completa, como era la demanda original.
En dicho foro, se discutieron los aspectos administrativos, penales, compensatorios, positivos y medidas de prevención para erradicar y sancionar la discriminación en Hidalgo, y en los cuales, las diversas organizaciones sociales en defensa de los derechos sexuales, reproductivos, indígenas, políticos y ciudadanos, exigieron del Congreso estatal respeto a los acuerdos allí tomados y la absoluta “ciudadanización” de los aparatos que se dedicarán a la vigilancia y operación de una Ley específica.
Según los acuerdos de las diversas mesas de trabajo, se planteó la necesidad de incluir a las organizaciones de la sociedad civil en la comisión redactora de la iniciativa, además de la creación de un organismo descentralizado, independiente y autónomo, similar a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para la atención de la iniciativa.
Exigieron que se valorara la intervención de la organizaciones de la sociedad civil en las acciones de la elaboración de la ley, y recalcaron la necesidad de que se establezcan parámetros que aseguren la incidencia ciudadana en ella.
Las organizaciones propusieron que la Ley tenga bases jurídicas en los tratados internacionales sobre derechos humanos que México ha firmado, además de unificar los criterios establecidos en la constitución federal y la estatal
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