Con el propósito de constituir un frente común que permita hacer efectivo el derecho fundamental a la seguridad pública, los Organismos Públicos de Derechos Humanos establecieron una conferencia permanente orientada a evaluar y fortalecer el avance de los 75 compromisos previstos en el Acuerdo Nacional sobre seguridad, justicia y legalidad, que estableció el gobierno mexicano.
Por Desde Abajo
Pachuca.- Esta conferencia, informó Alejandro Straffon Ortiz, presidente de la Comisión de derechos humanos del estado de Hidalgo (Cdheh), tendrá como principales objetivos establecer indicadores claros por parte de las autoridades para informar a la sociedad sobre estadísticas de órdenes de aprehensión dictadas, pendientes y ejecutadas, además de “eliminar prácticas institucionales que generen rezagos y aplazamientos que estorben su pronta ejecución”.
Se busca también, indicó Straffon, la conformación de “una instancia plenamente imparcial y autónoma del Ministerio Público encargada de investigar los delitos en los que se encuentren involucrados policías y miembros de las áreas de seguridad pública”.
Informó que, de acuerdo a este convenio establecido por los presidentes y procuradores de derechos humanos del país, se impulsará una red nacional de atención a víctimas del delito que permita “potenciar los esfuerzos de todas las dependencias públicas en los tres niveles de gobierno que permita lograr la atención a las denuncias, asesoría jurídica, médica y psicológica, además de tomar medidas de seguridad en favor de las víctimas” indicó.
Asimismo, el ombudsman estatal informó que esta Conferencia Permanente de organismos defensores de los derechos humanos participará en la elaboración del Censo Nacional de Delitos no denunciados, cuya función será la de un indicador respecto a la incidencia delictiva no reportada a las autoridades para conformar el Informe Nacional sobre el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública.
“Un punto de vital importancia, continuó Straffon, es el hecho de que a través de un programa nacional de lucha contra la impunidad se desarrolle un método eficiente para evitar que funcionarios que violen la ley continúen laborando en instituciones encargadas de brindar seguridad pública, propiciando así el fortalecimiento de éstas, además de la creación de una indispensable cultura de la legalidad”, finalizó.
