Por Tania Meza Escorza / Desde Abajo
Hace aproximadamente un año y medio, el Distrito Federal dio una muestra contundente de civilidad a la nación y al mundo, al hacer legal la interrupción del embarazo. Sin duda alguna, un gran paso en favor de los derechos humanos de las mujeres y una incuestionable victoria sobre el oscurantismo. Pero este último no se cruzó de brazos.
Desde entonces, la embestida contra el progresismo no cesó. Primero vino un sin fin de artimañas legales que no dio resultado, por lo que las buenas conciencias medievales iniciaron un retroceso feroz en múltiples estados de la república mexicana, el cual consistió en otorgar derechos “desde el momento de la concepción” (Sic)
Como era obvio, con esta acción cavernícola no lograron “detener el aborto”, pero sí criminalizar a las mujeres. Las historias de mexicanas encarceladas por abortar, incluso espontáneamente, se han multiplicado en los últimos meses.
Por acciones como éstas, es que la historia del feminismo no se divide en períodos, sino en olas, porque ante el avance de las mujeres en la obtención de derechos, el ultraconservadurismo ataca, con lo cual el logro obtenido se mantiene, pero con cierta reducción, debido a la negociación que ambas fuerzas deben hacer con el poder en turno.
La batalla de las mujeres contra la actual inquisición vive hoy uno de sus momentos más álgidos. No obstante, el ala más primitiva y cerrada del poder ha abierto un nuevo frente: La población Lésbico-Gay-Bisexual-Transvesti-Transgénero-Transexual-Intersexual (LGBTTTI)
Luego de la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo con derecho de adopción en la capital del país (otro paso del Distrito Federal hacia la armonización con los tratados internacionales en materia de derechos humanos), los cavernícolas vuelven al ataque.
Primero fue el ataque mediático en el que saturaron las pantallas con comentaros desinformados de integrantes del clero con dudosa reputación, a quienes sólo les faltó decir que quien perteneciera a la población LGBTTTI era el enviado de Satanás en la Tierra. Afortunadamente, esta estrategia no dio los resultados que esperaban.
Posteriormente vino la acción legal, supuestamente orquestada por el procurador general quien en los medios de comunicación se mostró muy preocupado por hacer cumplir la ley en beneficio de las familias, lo cual se le habría agradecido hacer cuando tuvo en sus manos la oportunidad de llevar justicia hasta los hogares de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero ahí la familia y la ley no lo importaron en lo más mínimo. Por el contrario, impulsó la criminalización de las madres de las mujeres asesinadas que le exigían cuentas en el esclarecimiento de los asesinatos de sus hijas.
Tal como sucedió con la Interrupción legal del Embarazo (ILE) la embestida federal contra la diversidad sexual no se ha detenido.
Los medios nacionales reportan que por cuestiones de “técnica jurídica” salieron del proyecto de la norma oficial mexicana (NOM) para la prevención y control del VIH las definiciones de la diversidad sexual (bisexual, homosexual, transgénero y transexual), pese a que estas poblaciones están en mayor riesgo de adquirir la infección.
José Antonio Izazola, director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida), (Ah, ¡cómo se extraña la apertura y la preparación académica del titular anterior, doctor Jorge Saavedra!), dijo que les pareció improcedente incluir los términos porque, según él, ya se les contempla cuando se habla de que “desde el punto de vista epidemiológico y con base en los consensos internacionales, la prevención debe focalizarse, de manera específica, al segmento poblacional en mayor riesgo y vulnerabilidad por sus prácticas y/o contextos, como son los hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH); trabajadoras y trabajadores del sexo comercial (TSC); usuarios de drogas inyectables (UDI); personas privadas de su libertad y niños en situación de calle”.
Lo más sobresaliente de esta bonita demostración de ignorancia en el tema, mismo que por su cargo está obligado a manejar, viene cuando Izazola dice que la población transgénero queda incluida en los HSH (hombres que tienen sexo con hombres), cuando las necesidades de ambos segmentos poblacionales son totalmente distintas.
El embate contra la diversidad sexual lleva el mismo rumbo que el efectuado contra las mujeres con las leyes antiaborto en diferentes estados de la república: No es el combate a una práctica, es la criminalización de las personas.
Las muertes por interrupción del embarazo, como el consumo de drogas o el fenómeno migratorio ilegal no se detienen con prohibiciones y altas penalizaciones, por el contrario, estas medias son las más ineficaces para su combate, porque la penalización no hace que las mujeres dejen de interrumpir su embarazo, que quienes consume drogas dejen de hacerlo y que las personas migrantes dejen de cruzar fronteras de manera ilegal, lo único que se consigue es aumentar los riesgos y penalizar a quien realiza estas prácticas.
Pero a diferencia de los tres ejemplos anteriores, la diversidad sexual no es algo que haya que combatir, ni con penalización, ni con educación, ni con nada, porque es un derecho humano que no daña sino a las personas cargadas de prejuicios, que se mueren de miedo ante alguien que ejerce plenamente su derecho a ser diferente a lo que el orden hegemónico nos ha impuesto.
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