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viernes, marzo 29, 2024

Elecciones y derechos civiles

por Pablo Vargas González / Desde Abajo

Las elecciones locales en trece entidades federativas, en que se disputan los partidos políticos doce gubernaturas, ha despertado gran interés, y paulatinamente con la designación de candidatos se ha subido de tono, se han intensificado los debates hasta un punto que puede resultar preocupante. Desde principios del año el tema fue centrado contra las alianzas opositoras.

Los métodos de elección en varios estados generaron desgarraduras para las fuerzas políticas. Se juega el poder local, el control de recursos y el prestigio, y se vislumbra un camino hacía el 2012. Por lo que la crispación ha ido acrecentándose en varios estados, Oaxaca e Hidalgo concentran el interés nacional.

En el caso de Oaxaca, hay una disputa desde el 2005, donde nuevamente se confrontan los mismos actores con una reforzamiento de fuerzas. El acaloramiento político ha pasado de las palabras a los golpes, e incluso ha llegado hasta el derramamiento de sangre.

El día 27 de abril, una caravana humanitaria de periodistas, activistas sociales y observadores internacionales, que se dirigía al Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, fue agredida con armas de alto poder por integrantes de la organización priista Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT).

En el ataque, fueron asesinados Alberta Cariño Trujillo, de la organización CACTUS, y Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia. Durante varias horas, otros integrantes de la caravana permanecieron desaparecidos, al verse obligados a huir por el monte para salvar la vida.

Esta misión humanitaria se dirigía hacia Copala para romper el sitio que ha impuesto la UBISORT, del Partido Revolucionario Institucional. En efecto, desde inicios de este año los cerca de 700 habitantes del municipio autónomo, cercados por miembros armados de esa organización, no disponen de servicios básicos como agua y luz. El médico del centro de salud ha tenido que irse, los niños no asisten a la escuela y la escasez de víveres se está volviendo cada vez más extrema.

La región Triqui Baja, ubicada en la Mixteca Oaxaqueña, lleva varios años de conflicto político entre grupos que luchan por el control de las comunidades y la recepción de recursos económicos por parte del gobierno. Estos enfrentamientos han provocado centenares de muertes y el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población triqui hacia otras regiones de México y hacia los Estados Unidos. Desde mediados de los noventa, el conflicto se ha caracterizado por los asesinatos y los enfrentamientos armados entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), y la UBISORT.

En enero de 2007, disidentes de ambas organizaciones crearon el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC) con el propósito de pacificar la región a través de un gobierno indígena que se rigiera por usos y costumbres, sin la intervención de los partidos y organizaciones políticas.

Como en muchas zonas del país, en la Triqui ha reinado la total impunidad, la ausencia del estado de derecho y el abandono por parte de las instituciones estatales y federales. La falta de justicia en casi todos los asesinatos y los permanentes hechos de violencia han transformado la región en un territorio sin ley, donde los derechos humanos se violan cotidianamente y donde existe un verdadero clima de terror.

Pero a pesar de la notable ausencia de las instituciones federales y estatales que deberían brindar los servicios básicos, la región Triqui Baja no carece de recursos públicos. Al contrario, durante los últimos años se ha visto inundada por millones de pesos canalizados a través de organizaciones clientelares al gobierno.

Hoy las víctimas son defensores de derechos humanos, activistas sociales con amplio reconocimiento a nivel nacional y observadores internacionales. En pleno proceso electoral en estas doce entidades federativas debe reinar el “Estado de Derecho” de garantizar el pleno ejercicio de las libertades civiles que permitan que los ciudadanos puedan sufragar en libertad, y de todo ello son responsables los gobierno federal y los gobiernos locales.

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