. El Ejecutivo hidalguense garantizará la seguridad personal y del patrimonio de la afectada, luego que caciques de la comunidad de Botenguedhó le privarán de agua, tierra, casa, ganado y libertad de tránsito
Ixmiquilpan, Hgo, México (DESDEABAJO).- Luego de dos semanas de plantón indefinido, la representación en este municipio de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo y la señora Guadalupe Pérez Chávez, firmaron un acuerdo mediante el cual el Ejecutivo garantizará la seguridad personal y del patrimonio de la afectada, luego que caciques de la comunidad de Botenguedhó le privarán de agua, tierra, casa, ganado y libertad de tránsito tras denunciar por violación de una de sus hijas a su ex esposo, protegido por parentesco de los lugareños y el delegado comunitario, Francisco Damián Peña.
Así, Pérez Chávez, de 33 años, confía en poder regresar a su casa al lado de sus tres hijos a quienes no ha podido ver cotidianamente debido a que el acceso al lugar le ha sido impedido por los caciques comunitarios. También, restablecido el servicio de agua, podrá rescatar a las vacas que le quedan con vida, ya que el líquido le fue cortado por las mismas personas.
El acuerdo signado también establece la no intervención de la comunidad en el juicio seguido a su ex esposo de nombre Gregorio Wensceslao Peña acusado por violación sexual confesa de una de sus hijas y que, sin embargo, no ha sido debidamente procesado por el Ministerio Público local por razones ilógicas. Ante ello, Pérez Chávez espera una resolución justa y definitiva a su caso.
La señora Guadalupe habiía cumplido ya dos semanas de plantón en frente a la presidencia de Ixmiquilpan. Hasta hoy, los sitiadores no habían abandonado el lugar. Sus niños estaban solos en la casa y dejaron de ir a la escuela, porque su madre está protestando contra las autoridades municipales y estatales.
Desde que inició el plantón y la prensa se ocupó del caso, doña Guadalupe Pérez recibió diversas peticiones por parte del Ayuntamiento para retirarse, pero ella estuvo dispuesta a permanecer ahí, hasta que haya garantías sobre su integridad, la de sus hijos, la de sus animales y sus pertenencias; pero sobre todo, hasta que se haga justicia para su hija, no sólo en cuestión penal contra el presunto violador, sino hasta que su hija reciba la atención médica y psicológica que requiere luego de haber sufrido violencia sexual, física, psicológica, económica, patrimonial e institucional.
