por Pablo Vargas González
En el mes de agosto de este año, México tuvo la visita de dos relatores internacionales sobre la libertad de expresión que se vive en el país. Las conclusiones de Frank La Rue de la ONU y Catalina Botero de la Organización de Estados Americanos (OEA), no puede ser más que preocupante. Después de visitar varias entidades federativas y consultas con periodistas generaron en un informe llegan a la conclusión de que el «pleno goce de la libertad de expresión en México enfrenta graves y diversos obstáculos».
Los «graves y diversos obstáculos» para la libertad de expresión son principalmente «los asesinatos de periodistas» y «la impunidad generalizada en estos casos», es decir la falta de rigor de las autoridades para sancionar y perseguir a los que atentan contra los periodistas. Esto arroja una cifra negra, que desde 2000 hasta 2010 se han registrado 64 muertes y 11 desapariciones de periodistas.
Lo lamentable es que ante este panorama y en un contexto de riesgos para los derechos civiles y garantías individuales en el estado de Hidalgo se presenten hechos atentatorios contra la libertad de expresión. Caciques y personajes públicos, o autoridades que tienen un peldaño de poder se sienten como reyezuelos de pacotilla y no solo impiden el trbajo periodístico sino que lanzan agresiones que no solo son verbales sino que a veces han llegado a la violencia física.
El caso de hoy es el de una periodista que investigó denuncias contra autoridades municipales en Yahualica por acoso y abuso sexual. Es tal la impunidad que no se encuentra un tipo penal para proceder contra funcionarios públicos, que al estar en servicio de funciones públicas pueden ser sujetos de exposición por conductas ilícitas. No hayan como aplicar la ley para actos libidinosos.
Es por ello quela Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE), quien demandó al Congreso hidalguense realizar modificaciones de ley a fin de que no sólo cuando exista subordinación laboral pueda encuadrarse el acoso sexual. Se está pidiendo una revisión al Código Penal del Estado de Hidalgo, así como una readecuación de los delitos sexuales, especialmente como este caso, pues no puede llamarse aprovechamiento sexual cuando más adelante, en ese capítulo, se menciona hostigamiento. Que se llame hostigamiento sexual como tal.
Pero por otra parte permanece el temor de la periodista que labora en un medio de la región huasteca, incluso de perder el empleo y para su desgracia ser despedida por el periódico en el que labora. Se trata de un clásico caso de atentado contra la libertad de expresión en el que el periódico se subordina a las presiones del poder, por presiones por que no hay una línea de castigo y sanción contra los violadores de derechos y garantías individuales.
Es tal la impunidad que no hay autoridad ni siquiera el alcalde que ponga un freno a este tipo de conductas. Al contrario esto se hace un círculo vicioso en el que queda un mensaje negativo en donde hay vacíos de autoridad y de aplicación a la ley. De ahí de la impunidad siguen las amenazas y después se llega a la violencia física. Pues los pequeños caciquillos se amparan y cobijan en ese estado de vulnerabilidad.
Es el Estado Mexicano (en sus diferentes instancias, ejecutivas, legislativas y judiciales) las que deben de garantizar los derechos fundamentales. En Hidalgo es necesario que se impongan las normas y se cubra el vacío de autoridad para impedir que grupos de poder atenten contra la libertad de prensa.
