El Outsourcing es un fenómeno creciente que promueve vicios, evasión y violación a derechos laborales. Millones de personas son contratadas bajo este esquema y carecen de los derechos laborales y de seguridad social, consideró el Centro de Información Laboral y Asesoría Sindical (CILAS)
México, DF (DESDE ABAJO).– Con el crecimiento exponencial del outsourcing en México se han incrementado simulaciones y evasión fiscal, tal como lo han denunciado ya funcionarios hacendarios; pero también se han multiplicado los abusos contra millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos que con ese mecanismo han visto afectados sus derechos al trabajo, al salario digno y libre asociación, por lo se hace urgente que también las autoridades obliguen a las empresas subcontratistas a cumplir con la ley en materia laboral.
Sin duda, es importante que el gobierno mexicano obligue a las empresas subcontratistas —en especial, ha denunciado a 33 de ellas—, a pagar sus obligaciones tributarias, tal como lo marca la norma, pero por el bien de la sociedad en su conjunto, esa debe extenderse también, y urgentemente, al terreno de lo laboral
De todos es bien conocido que las tercerizadoras manipulan de modo doloso las Constitución Mexicana y la Ley Federal del Trabajo, entre otras leyes, para ofrecer mano de obra barata, en muchos casos en condiciones de semiesclavitud, a otras empresas, con contratos temporales reiterados, sin prestaciones de ley, vacaciones, seguridad social ni estabilidad en el empleo.
Desde hace muchos años, en diversas investigaciones académicas, reportajes periodísticos y estudios de caso, se han denunciado los abusos en los que incurren las empresas públicas y privada de nuestro país al aplicar el outsourcing y la subcontratación laboral.
Es preciso que si bien la evasión fiscal y la falta de pago de las respectivas cuotas obrero-patronales a los institutos de seguridad social representa un grave daño ejercido en contra del erario público y de los trabajadores mexicanos, los problemas originados por este esquema productivo y contractual son de mayor tamaño y gravedad, sobre todo si miramos a las consecuencias nefastas para el sector laboral del país.
En este sentido, no deja de sorprender el silencio cómplice que otras autoridades mexicanas han mantenido para solapar los abusos contra las mexicanas y mexicanos que se ven obligados subcontratarse, comenzando por la Secretaría del Trabajo y Previdencia Social (STPS) y su titular, Javier Lozano Alarcón.
La subcontratación de personal, mayor y más evidente faceta del llamado outsourcing, ha tenido un crecimiento cercano a 95 por ciento sólo en los cinco años más recientes. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), al menos 14 por ciento de los trabajadores en el sector privado, equivalente a cerca de tres millones de trabajadores, estarían bajo este esquema. Cifras que, visto el “auge” de este fenómeno señalado por el mismo INEGI, están destinadas a crecer todavía más y con mayor rapidez.
La subcontratación de personal está paulatinamente derivando en una larga y sofisticada serie de simulaciones a través de fraudes a costa de los trabajadores que son contratados por “razones sociales” inventadas por patrones sin escrúpulos o por personas morales no existentes —como es el caso de las “falsas” cooperativas; o el caso de los “gestores de nómina”—, al interior de las mismas empresas.
Estos esquemas productivos y contractuales se concentran en la regiones más productivas del país (Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León y Jalisco) y, sobre todo, en las grandes empresas. Muestra de ello es que 74 por ciento de los trabajadores subcontratados se trabajan en grandes empresas, las cuales representan sólo el uno por ciento del total de las unidades económicas registradas en el país.
Es todavía más apremiante señalar que no sólo se violan tajantemente los derechos básicos de los trabajadores fijados en la Constitución política del país y en la Ley Federal del Trabajo (LFT) que, entre otros, garantizan la estabilidad laboral y asientan que “el trabajo no es artículo de comercio”, sino que también se atenta en contra de las organizaciones sindicales volcadas a la defensa de los trabajadores.
El outsourcing representa hoy en día, junto con la falta de libertad sindical, el sindicalismo corporativo y el llamado sindicalismo de protección, un lastre más para los trabajadores mexicanos.
Si en realidad el gobierno mexicano está decidido a hacer que las empresas tercerizadoras cumplan con la ley, es indispensable que no se limiten a las auditorías fiscales, sino que emprendan medidas serias, integrales y eficaces de acuerdo con los actores sociales involucrados para frenar los abusos y simulaciones también de orden laboral que el sector empresarial mexicano realiza también a través del outsourcing.
