El pacto es el primer producto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se define a sí mismo como «un proceso ciudadano de exigencia, de resistencia y de propuestas», un proceso «a partir de las víctimas, cuyo dolor y reclamo de justicia aportan autoridad moral, liderazgo ético y una actitud de esperanza»; se trata de «un nuevo esfuerzo nacional por generar espacios de encuentro y de propuesta con otras expresiones de lucha y de resistencia».
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA / PLAZA PÚBLICA
Es inadmisible limitar la lucha contra la violencia criminal y la inseguridad a una estrategia militar que no genera los resultados necesarios y es en cambio fuente de consecuencias contraproducentes
Abundan los signos de que la sociedad mexicana vive un momento de emergencia nacional. No en el sentido técnico jurídico, frente al cual se adopta un estado de excepción. Lo vivimos porque la violencia criminal y la inseguridad en general no decrecen pese a que se libra un combate militar en su contra, por parte del Estado, que muestra su fragilidad. Por fortuna, diversas expresiones de la propia sociedad permiten saber que la gravedad misma de la situación ha engendrado sus antídotos, no todavía los que son esperables de los gobiernos. En esta semana se desplegaron iniciativas de alto relieve en ese territorio. Por una parte, del 4 al 10 de junio se realizó la Caravana del Consuelo, que concluyó en Ciudad Juárez con la firma del Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad. Del 6 al 10, por su lado, se reunió la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, organizada por la Universidad Nacional y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
No asombra, porque parten de la misma realidad y su diagnóstico no puede por ello ser muy diferente, y sí conforta la coincidencia entre los enfoques y las propuestas de cada una de esas iniciativas. Su tono es diferente, como corresponde a la vehemencia con que se manifiesta la indignación de las víctimas y sus deudos y la prudencia del análisis académico. Pero la expresión final es la misma: es inadmisible limitar la lucha contra la violencia criminal y la inseguridad a una estrategia militar que no genera los resultados necesarios y es en cambio fuente de consecuencias contraproducentes.
El Pacto Ciudadano nació del dolor y la indignación. El 28 de marzo, hace apenas, hace ya 75 días, fue asesinado en Cuernavaca Juan Francisco Sicilia junto con seis personas más. A semejanza de lo ocurrido a Rosario Ibarra de Piedra, que transformó el inmenso pesar por la desaparición de su hijo Jesús en motor que impulsa su lucha en pro de perseguidos y desaparecidos, el padre de Juan Francisco, el poeta Javier Sicilia, no rumió a solas su pena, sino que en metamorfosis luminosa la trocó en protesta y exigencia. Colocó su dolor en el centro de una movilización que irradió desde la capital de Morelos hacia toda la República y más allá de sus fronteras. Ese impulso, paradójicamente vital aunque naciera de la muerte, permitió la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, que partió de Cuernavaca el 5 de mayo y concluyó en la Plaza de la Constitución el domingo 8 siguiente. Una multitud enorme, la que se concentró en el Zócalo y la que marchó en distintos tramos del recorrido, dio cuenta de la extensión de la demanda nacional por la justicia, por la paz, por la legalidad.
Ese domingo se presentaron las propuestas para un pacto nacional, el que enriquecido fue firmado anteayer en la sufrida frontera norte. La suscripción del documento fue antecedida por un recorrido por la Ruta del Dolor, que se detuvo en Morelia, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Zacatecas, Durango, Torreón, Chihuahua y llegó a Ciudad Juárez. Antes y después de su paso por esas ciudades la violencia destructora comprobaba la necesidad de la movilización encabezada por Sicilia. En las calles de la capital michoacana fueron regados 21 cadáveres en una sola jornada. En Torreón 11 adictos en rehabilitación murieron acribillados. En Durango brotaron más cadáveres de fosas clandestinas. Monterrey vio, supongo que con espanto, que además de asesinatos de los que se consideran ya «normales» se innovara la violencia colgando vivos a muchachos contra los cuales después se disparó.
La Caravana del Consuelo sirvió no sólo para esparcir ese auxilio espiritual sino que propició la efusión de muchos dolores, mucho temor, mucha impotencia contenidos. A su paso acudieron deudos de víctimas a los que nadie hace caso: hijos que buscan a sus padres, madres que lloran a sus hijos. Es imposible reducir a un censo, porque suman centenares, los casos de familias afectadas por el daño que las autoridades juzgan lateral derivado de la acción del gobierno contra las bandas criminales o de los enfrentamientos entre éstas, o de la violencia común y corriente, posible por la impunidad que ha sido lacra permanente. Convertida en un foro ambulante, la Caravana del Consuelo recogió exigencias locales provocadas por abusos que en apariencia no son violentos y no matan pero ponen en riesgo la integridad de las personas y sus derechos a un ambiente sano.
Ciudad Juárez fue elegida como lugar idóneo para la firma del Pacto Ciudadano porque es el punto geográfico y social más castigado por la criminalidad y la impotencia o complicidad de las autoridades. Como brutal ejemplo de esa realidad, en el mismo día en que se signó el pacto se cometieron seis homicidios, que serían imposibles si los patrullajes policiacos obedecieran a planes que buscaran la eficacia y no sólo el efecto de demostración.
La redacción final del pacto se logró tras debates en nueve mesas, que se ocuparon de los ejes contenidos en la versión preliminar del documento y de sus agregados, surgidos de la marcha misma: 1. Verdad y justicia desde las víctimas; 2. Fin de la estrategia de guerra. Seguridad ciudadana con perspectiva de derechos humanos; 3. Corrupción e impunidad; 4. Raíz económica del crimen organizado; 5. Alternativas para la juventud y medidas para la recuperación y reconstrucción del tejido social; 6. Democracia participativa y representativa; 7. Enlace y organicidad del movimiento; 8. Reforma laboral. Desempleo y alternativas económicas; y 9. Derechos y cultura indígena, migración y alternativas en el campo.
El pacto es el primer producto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se define a sí mismo como «un proceso ciudadano de exigencia, de resistencia y de propuestas», un proceso «a partir de las víctimas, cuyo dolor y reclamo de justicia aportan autoridad moral, liderazgo ético y una actitud de esperanza»; se trata de «un nuevo esfuerzo nacional por generar espacios de encuentro y de propuesta con otras expresiones de lucha y de resistencia».
En el preámbulo del pacto, el Movimiento «se desmarca de la lógica de polarización y de odio que propicia la violencia y la cultura de militarización y de guerra, basándose, en cambio, en una dimensión horizontal y en formas de hacer política sustentadas en la solidaridad y la no violencia».
Con base en estas ideas cristiano-gandhianas, el pacto será presentado por el movimiento a los poderes «no porque tengamos confianza en ellos y queramos legitimarlos, sino porque están obligados a responder a nuestro emplazamiento ético, que es el terreno donde radica nuestra identidad y fuerza».
También se entregará al Estado, por el rector José Narro, el documento que sintetiza lo dicho en la conferencia académica sobre seguridad y justicia en democracia. El planteamiento será presentado como una contribución expresa de la Universidad Nacional a la solución de las tribulaciones de nuestra hora. Por lo pronto, a manera de relatoría de lo dicho durante los cuatro primeros días de la reunión internacional, el doctor Jorge Carpizo leyó un documento de 32 puntos, en muchos de los cuales se perciben claras concordancias de fondo y forma con el pacto ciudadano. A título de ejemplo se puede citar la posición de uno y otro documento ante la participación militar en la lucha contra la inseguridad. «Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra en la seguridad pública», dice el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Carpizo recogió muestras de respeto a las Fuerzas Armadas entre los participantes en la conferencia internacional pero también constancia de que las mismas «están realizando labores que no les son propias… (con) un alto costo para su prestigio social». Y sin vacilaciones afirmó: «Nuestras fuerzas armadas deben regresar a los cuarteles apenas sea posible y mientras más pronto mejor».
Los poderes formales recibirán pronto los documentos del Movimiento y de la Universidad Nacional, gestados en las condiciones que son propias de la movilización popular y de la reflexión académica no exenta de preocupaciones sociales. No podrán soslayar la contundencia de algunas exigencias y la rotundidad de algunas propuestas. Peor para todos que los personeros de esos poderes no ponderen el valor de esas iniciativas y la delicadeza del momento que vivimos.
miguelangel@granadoschapa.com
