De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, la violencia contra las mujeres se define como: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause muerte o daño físico, psicológico, patrimonial, económico o sexual en el ámbito público o privado”.
Para tratar de erradicar esta violencia, conocida también como violencia de género, en nuestro Estado contamos con diversas leyes, además de la mencionada al inicio. Entre estas leyes se encuentran: la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para el Estado de Hidalgo (2008), la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo (2010), la Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Hidalgo (2010), aunque con la salvedad de que carecen de su respectivo reglamento.
También desde el Poder Ejecutivo se han desarrollado diversas políticas públicas con el mismo fin: en el Sector Salud se cuenta con las Unidades Especializadas para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, en la Procuraduría General de Justicia además de los Centros de Atención a Víctimas de delitos sexuales y violencia familiar (CAVI) recientemente se ha creado la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos cometidos en Agravio de las Mujeres por razón de su género. Y con base en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque con algo de retraso se integró el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual ya cuenta con su Reglamento interno, y se formuló el Programa respectivo. Este Sistema está integrado por diversas Secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo que incluyen a la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, la Procuraduría General de Justicia, al Instituto Hidalguense de las Mujeres, al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, además incluye al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y a los organismos y Dependencias instituidos para la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito municipal.
Cabe señalar que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, establece “como eje transversal de las políticas públicas que emanen de la Administración Pública Estatal, la igualdad real entre mujeres y hombres, así como garantizar el acceso a una vida libre de violencia”.
A pesar del marco normativo y de las políticas públicas en la materia, ha sido lento el avance hacia la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Existen diversas dificultades, principalmente estructurales, para la aplicación de las leyes y para transformar las políticas públicas en acciones reales que permitan transitar hacia una transformación cultural de la relación entre mujeres y hombres, por lo que la violencia sigue siendo una dura y cruel realidad para la gran mayoría de mujeres.
Mientras las mujeres sigamos siendo consideradas como objetos cuya propiedad la tiene el padre, el hermano, el marido, el hijo, la iglesia, el estado; sigamos siendo tratadas como menores de edad o como personas incapaces de tomar decisiones serias y responsables; y a quienes hay que controlar, sobre todo en su cuerpo y en el ejercicio de su sexualidad, la violencia seguirá permeando nuestras vidas.
Para mí me queda claro que el impedir legalmente que las mujeres tomen el control de sus cuerpos, sobre todo en el ejercicio o no de su maternidad, es “una acción u omisión, basada en su género, que les causa muerte o daño físico, psicológico, patrimonial, económico o sexual”, y esto no tiene otro nombre más que violencia de género. En ese sentido el Congreso local tiene en sus manos la posibilidad de que las mujeres vivan libres de este tipo de violencia.
“Las leyes contemporáneas de las democracias avanzadas no pretenden zanjar todas las disputas morales, sino impedir que lo que unos consideran pecado deba convertirse en delito para todos.”
Fernando Savater.
